La propuesta de reforma petrolera supone la modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales, con el objetivo de hacer posible, a través de contratos de utilidad compartida, la participación del capital privado en las siguientes áreas: exploración y extracción de petróleo y gas, así como refinación, transporte y almacenamiento, todo ello, dado que se trata de contratos de utilidad compartida, a cambio de parte de las ganancias obtenidas, lo cual, dicho sea de paso, es lo justo, participación en las utilidades que será posible si, y sólo si, se genera renta petrolera, que es, en una empresa como PEMEX, empresa del gobierno “sin afán de lucro”, lo que resta una vez que se han cubierto los costos de producción. La renta petrolera es, para decirlo de la manera más clara posible, la ganancia obtenida, la utilidad generada, ganancia generada y utilidad obtenida que será compartida por PEMEX con las empresas privadas que aporten capital, lo cual, no sólo es lo justo, sino requisito indispensable para que esas empresas participen. ¿O alguna estará dispuesta a hacerlo “de a gratis”?
Dicho lo anterior llama la atención lo dicho por Peña Nieto en la presentación de su propuesta de reforma en el sentido de que, y lo cito, “el país (que para todo efecto práctico es, o PEMEX, o el gobierno, ¡algo muy distinto!) se quedará con la renta petrolera, es decir, todo el beneficio que se obtenga de la producción del petróleo y gas, después de que se pague en efectivo a las empresas por su costos de operación y de capital, acorde con las reglas predeterminadas y transparentes”, momento de preguntar ¿de dónde saldrá el dinero para pagar en efectivo a las empresas por sus costos de operación y de capital? No hay de otra: de la renta petrolera, es decir, de lo que resta una vez que PEMEX ha cubierto sus costos de producción (entendiendo por tales todos sus costos).
Sin duda alguna que las ganancias de las empresas que participen con PEMEX en la exploración y extracción de petróleo y gas, así como refinación, transporte y almacenamiento, saldrán, ¡no hay de otra!, de la renta petrolera, y todo el chiste, dado el esquema de reforma planteado, es que, gracias a la participación del capital privado, esa renta aumente, y que lo haga, no por obra y gracia de un mayor precio de los productos ofrecidos, sino consecuencia de un aumento en la productividad de las actividades en las que participará el capital privado, entendiendo la productividad como la capacidad para hacer más con menos o, dicho de otra manera, como el poder para reducir costos de producción, en este caso en las áreas de exploración, extracción, refinación, transporte y almacenamiento, áreas en las que participará el capital privado, intervención que será a cambio de una participación en la renta petrolera, aunque Peña Nieto diga que ésta no será tocada y que el país (que para todo efecto práctico es, o PEMEX, o el gobierno) se quedará con ella.