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Gustavo Coronel fue miembro de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela (1976–1979) y, como presidente de la Agrupación Pro Calidad de Vida, representó a Venezuela en Transparencia Internacional (1996–2000). Cortesía de Cato Institute para Asuntos Capitales.

Antecedentes

En 1813, Simón Bolívar, mientras luchaba en la guerra de independencia contra España, firmó un decreto en el que estipulaba la pena de muerte para quienes fueran hallados culpables de corrupción en la primera República de Venezuela. En 1824, firmó un segundo decreto, y un tercero en 1826, en los que definía la corrupción como “la violación del interés público” y establecía la pena de muerte para “todo funcionario público culpable de robar diez pesos o más”. El segundo artículo del decreto de 1824 rezaba: “Los jueces, quienes debiendo ejecutar este decreto no lo hagan, serán también ajusticiados” . Sin embargo, la historia de Venezuela en los últimos 180 años estuvo caracterizada por la presencia incesante e intensa de la corrupción en la administración pública. En 1875, el Ministerio de Finanzas venezolano, durante la dictadura de Antonio Guzmán Blanco, confesó: “Venezuela no sabe cuánto debe y a quién.... los libros del país tienen un atraso de 20 años…”. Cien años más tarde, durante la presidencia de Luis Herrera, el contralor general describía la administración pública de su país casi en los mismos términos, como “un sistema totalmente fuera de control” .

La dictadura de Juan Vicente Gómez, que se extendió entre 1909 y 1935, fue un período durante el cual el ejercicio de la corrupción se limitó a los colaboradores más cercanos al dictador y a sus familiares y amigos cercanos, ya que Gómez no precisaba elecciones para continuar en el poder y dirigía Venezuela como su hacienda personal. Los diez años que siguieron a su muerte constituyeron la primera década de verdadera democracia y transparencia en el sector público venezolano, gracias a sus sucesores, los generales E. López Contreras e I. Medina Angarita, líderes profundamente democráticos a pesar de su trayectoria militar en el ejército de Gómez.

El general Medina Angarita fue depuesto en 1945 por un golpe de estado del partido Acción Democrática, respaldado por jóvenes oficiales del ejército. Entre 1945 y 1948, Acción Democrática llevó adelante, durante tres años, un gobierno bastante transparente bajo las breves presidencias de Rómulo Betancourt y del famoso novelista Rómulo Gallegos. En 1948, los jóvenes militares que habían apoyado a Acción Democrática tres años antes derrocaron a Gallegos. El líder del golpe, Marcos Pérez Jiménez, instituyó una dictadura militar que duró diez años. Durante esa década, la corrupción era considerable pero, en general, tal como durante los años de Gómez, se limitaba al círculo más cercano al dictador y se relacionaba, más que nada, con las comisiones que se obtenían mediante la contratación de obras públicas. La infraestructura del país recibió un fuerte impulso con la construcción de caminos, hospitales, universidades y edificios públicos.

El creciente descontento de los oficiales del ejército excluidos del acceso a los fondos públicos venezolanos promovió una revuelta popular en 1958 que logró expulsar a Pérez Jiménez del poder. A partir de entonces, Venezuela no sufriría otro golpe ni intento de golpe de estado hasta 1992, cuando Hugo Chávez trató, sin éxito, de derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Entre 1958 y 1999, Venezuela tuvo más de diez presidentes elegidos democráticamente. Durante la primera mitad de este período, entre 1958 y 1975, el país experimentó una sucesión de gobiernos democráticos y gozó de un nivel aceptable de transparencia en la gestión de los activos nacionales. La consolidación de la democracia venezolana y la promoción de una sociedad caracterizada por una sólida clase media emergente fue el resultado de la gestión de los presidentes Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera y, por parte de su mandato, de Carlos Andrés Pérez. Durante estos años, la democracia venezolana se convirtió en el modelo político a ser imitado en América Latina, comparado favorablemente por los analistas expertos en el tema con las dictaduras de izquierda y derecha aún presentes en el hemisferio.

A mediados de la década de 1970, el manejo de los bienes nacionales venezolanos comenzó a deteriorarse drásticamente. Los acontecimientos políticos en el Oriente Medio produjeron un incremento abrupto en los precios mundiales del petróleo y, como resultado, los ingresos petroleros se triplicaron en Venezuela. Los hombres ordinarios al frente del gobierno de Venezuela se vieron expuestos a tentaciones financieras extraordinarias. Enfrentado con estas ganancias inesperadas, el presidente Pérez estructuró un programa que denominó “La gran Venezuela”. Según este plan, una versión tropical del “Gran Salto Adelante” de Mao, el gobierno invertiría cerca de 2.000 millones de dólares en proyectos industriales en el sur del país, diseñados para triplicar la producción de acero en cinco años y construir nuevas plantas de aluminio. En un momento determinado, existían más de 300 empresas estatales en Venezuela, ninguna de las cuales era rentable. Durante la segunda mitad del mandato de Pérez, como resultado de los caudalosos ingresos provenientes del petróleo, la corrupción se disparó y se “democratizó”. Hasta aquel momento, la corrupción se había restringido, esencialmente, al círculo a cargo del poder; ahora, por el contrario, muchos venezolanos comenzaron a participar, en forma directa e indirecta, del abuso y uso indebido de los fondos públicos. Al final de la presidencia de Pérez, y a pesar de los ingresos inesperados provenientes del petróleo, Venezuela se había endeudado con los bancos internacionales.
Entre 1975 y 1998, los niveles de corrupción en Venezuela aumentaron de manera casi constante y se mantuvieron elevados. Especialmente grave fue el período de la presidencia de Jaime Lusinchi, de 1984 a 1994. En su estudio sobre corrupción, la socióloga Ruth Capriles Méndez, de la Universidad Católica Andrés Bello, estima que, durante su presidencia, hubo un uso indebido y deshonesto de unos 36.000 millones de dólares , en especial a través del programa de control del tipo de cambio denominado RECADI (Régimen de Cambios Diferenciales). Diversos factores contribuyeron al incremento drástico de la corrupción:

La debilidad de las instituciones políticas y sociales.
La falta de normas y controles administrativos adecuados.
Los caudalosos ingresos relacionados con la producción petrolera, una riqueza que no se ganaba, en líneas generales, con el trabajo de la mayoría, sino que la generaba un pequeño grupo de personal técnico de la industria del petróleo.
Los líderes políticos populistas, deseosos de promover un estado de bienestar a fin de consolidar su posición política, en lugar de guiar al país hacia una prosperidad estable a través del trabajo y la disciplina social. Estos líderes persuadieron a los ciudadanos de que el dinero proveniente del petróleo “pertenecía” al gobierno y que parte de él podría entregarse a la gente a cambio de su lealtad política. A causa de esta creencia, el uso de los bienes nacionales para beneficio personal, tanto dentro de la elite política como a lo largo y a lo ancho de la población, perdió gran parte de su sentido peyorativo.

La visión benevolente de la corrupción que prevaleció en aquellas décadas puede ilustrarse mediante el fallo judicial de un caso de corrupción ocurrido en 1982 en el Ministerio de Agricultura de Venezuela: el tribunal a cargo lo desestimó sosteniendo que “la suma en cuestión [aproximadamente 20.000 dólares] era demasiado pequeña en relación al presupuesto total del Ministerio” .

En 1997, Pro Calidad de Vida, una organización no gubernamental (ONG) venezolana dedicada a la lucha contra la corrupción estimó que en los últimos 25 años se habían malgastado o robado aproximadamente 100.000 millones de dólares del ingreso relacionado con el petróleo .

La entrada en escena de Hugo Chávez

Al acercarse el final del siglo XX, Venezuela estaba lista para un cambio político profundo. Las elecciones presidenciales de diciembre de 1998 le dieron la victoria a Hugo Chávez. Tanto él como su principal adversario, Henrique Salas Romer, habían prometido un corte radical con la política anterior, basada en un sistema en el cuál dos partidos se alternaban en el poder, con niveles elevados de ineficiencia burocrática y corrupción. Durante la campaña, la plataforma de Chávez consistió en tres propuestas fundamentales: convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, eliminar la corrupción gubernamental y luchar contra la exclusión social y la pobreza. Su rival, Salas Romer, condenó la propuesta de una nueva constitución por populista. A pesar de su excelente desempeño como gobernador del estado de Carabobo, la población percibía a Salas Romer como un reformista convencional, mientras que Chávez tenía la imagen de portavoz de las mayorías pobres y oprimidas. Sin duda, en un país con 60% de pobreza y 30% de indigencia en el momento de las elecciones, las promesas de Chávez de eliminar la corrupción gubernamental y luchar contra la pobreza fueron factores decisivos en su triunfo .

Chávez había prometido concentrarse en las cuestiones políticas antes de abocarse a las cuestiones sociales y económicas. En su discurso inaugural , Chávez abogó por una “revolución política” e inició un proceso que llevaría, durante 1999, a la eliminación progresiva de la mayoría de las instituciones políticas existentes, entre ellas el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Junta Electoral. A fines de 1999, estas instituciones se habían disuelto y reemplazado por otras nuevas, administradas por seguidores de Chávez. En una carta a la Corte Suprema, con fecha de abril de 1999, Chávez había amenazado a los jueces diciendo que el pueblo tomaría represalias si no actuaban según sus propios deseos . En la misma carta, señalaba “el principio de la exclusiva autoridad presidencial en la conducción del Estado”, con el cual, aparentemente, se ubicaba por encima de la ley. Durante el mismo año, Chávez comenzó a violar la constitución vigente. En julio de 1999 promovió a 33 oficiales del ejército obviando la decisión del Senado, el cual según el artículo 150 de la constitución, tenía la autoridad para autorizar promociones. El diputado Jorge Olavarría denunció abiertamente esta violación el Día de la Independencia en un discurso ante el Presidente, su gabinete y el cuerpo diplomático . En su discurso, Olavarría pidió un juicio político para Chávez; sin embargo, como era de esperarse, esto no ocurrió.

El nuevo gobierno se pronuncia sobre la corrupción

En noviembre de 1999, el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, dio un discurso en el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE), un think tank ubicado en Caracas, durante un seminario sobre “Economía y Corrupción” celebrado en la misma ciudad . En este discurso, Rangel presentó lo que fue considerado como la posición oficial del nuevo gobierno en lo relativo a la corrupción. Esta posición puede resumirse de la siguiente manera:

Reconocemos la existencia de una cultura de corrupción sistémica en Venezuela.
Los ciudadanos la identifican, al ver que los hospitales carecen de los recursos o medicamentos esenciales debido al robo de fondos que han debido dedicarse a la adquisición de estos insumos.
A partir de ahora, la ética jugará un papel central en la vida de nuestra sociedad.
La corrupción aparece por igual en regímenes autoritarios y democráticos y es más perversa en democracia, ya que requiere la complicidad de muchos.
La corrupción ha tenido un costo enorme en Venezuela. Funciona, esencialmente, a través de la contratación de obras públicas. Los ciudadanos venezolanos han enviado más de 100.000 millones de dólares al extranjero. El costo de la corrupción durante los últimos 20 años, según la ONG Pro Calidad De Vida, es del orden de los 100.000 millones de dólares. Los costos espirituales y sociales de la corrupción son aún mayores.
El 4 de febrero de 1992 [la fecha del intento de golpe de estado de Chávez] tiene un significado esencialmente ético. El golpe fue una expresión de protesta popular contra la corrupción venezolana.
A fin de luchar contra la corrupción, debemos luchar contra la confidencialidad y la falta de información de los bancos, las corporaciones financieras y el sistema judicial.
La lucha contra la corrupción debe involucrar a toda la sociedad y a todos los ciudadanos, a las organizaciones estatales, a las instituciones académicas, a los medios, a las instituciones religiosas y a las asociaciones políticas, comerciales y gremiales, a fin de revertir los efectos de la corrupción y permitir que renazcan nuestros valores morales y éticos.
Estamos en las puertas del cambio, y uno de los objetivos principales de este nuevo gobierno es eliminar la corrupción. Ésta es la única manera de reinstalar la democracia en nuestro país. El riesgo más importante que enfrenta este gobierno es no llevar adelante esta lucha con coraje y decisión, ya que la vieja corrupción tiende a ser inmediatamente reemplazada por corrupción nueva.
Si queremos ser un estado legítimo, necesitamos un sistema judicial en el que podamos confiar. Sin una justicia digna de confianza, no existe posibilidad de librar una lucha eficiente contra la corrupción.
Como una señal de nuestra determinación de combatir la corrupción, hemos incorporado en nuestro proyecto de una nueva constitución un organismo conocido como el Poder Ciudadano, compuesto por el contralor, el procurador general y el defensor del pueblo, con plena autoridad para investigar y controlar el funcionamiento del estado y el uso de activos públicos.
Dejaremos de lado la retórica vacía y nos abocaremos a tomar medidas concretas para que las instituciones funcionen.

Casi ocho años han pasado desde que José Vicente Rangel, quien es aún la segunda persona más influyente del gobierno de Hugo Chávez, pronunciara ese discurso. Aquellos nos ha dado un lapso más que suficiente para evaluar el desempeño del régimen de Chávez en relación con uno de sus objetivos principales, el de eliminar la corrupción.

El desempeño financiero del gobierno de Hugo Chávez: un panorama general

En los ocho años transcurridos desde el ascenso de Hugo Chávez al poder, se estima que 130.000 millones de dólares de ingresos netos proveniente del petróleo (después de deducir los costos de la producción petrolera) entraron en el tesoro nacional, si bien la cifra podría llegar hasta 180.000 millones. El amplio rango de las estimaciones se debe a la falta de información confiable sobre la producción y el ingreso petrolero en Venezuela desde 2001. Petróleos de Venezuela, la corporación petrolera gubernamental, dejó de publicar sus estados financieros anuales consolidados en 2003 y envió la última documentación a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en 2005, con un atraso de dos años, ya que las cifras correspondían a 2003. Durante el mandato de Chávez, la deuda nacional de Venezuela, interna y externa, ha subido de 21.000 millones de dólares en 1998 a unos 41.000 millones de dólares en 2005. Además, el gobierno anunció este año una nueva emisión de bonos por hasta 4.000 millones .

Por lo tanto, gracias al petróleo y al nuevo endeudamiento, el gobierno de Chávez ha recibido, hasta el tercer trimestre de 2006, entre 175.000 y 225.000 millones de dólares. Esta cifra no incluye todas las demás fuentes de ingresos, como el impuesto sobre la renta. El presupuesto nacional para 2006 asciende a 40.100 millones de dólares; 47% del ingreso proviene de las ventas de petróleo, y el resto, del impuesto sobre la renta y otras fuentes (como la nueva deuda y un ingreso extraordinario de unos 5.000 millones de dólares debido a la confiscación de reservas de divisas del Banco Central de Venezuela).

Con el tiempo el manejo de estos cuantiosos recursos se ha hecho menos transparente. Tanto Petróleos de Venezuela como el Banco Central han tenido que transferir sumas importantes de dinero directamente al FONDEN, un “fondo de desarrollo” creado en 2005 por decreto presidencial, y al BANDES, un banco de desarrollo creado en 2001, dos entidades que responden únicamente al Presidente Chávez. En paralelo a esta gestión irregular de los fondos públicos, el gobierno de Chávez desmanteló el Fondo de Estabilización Macroeconómica, creado por el gobierno venezolano en 1998 para proteger la estabilidad de las finanzas públicas nacionales en tiempos de precios bajos del petróleo. Además, entre 2001 y 2005, el gobierno de Chávez retiró activos del fondo, por un monto superior a los 3.000 millones de dólares, para utilizarlos en gastos corrientes. A continuación, se analizan algunas de las principales irregularidades en la gestión de fondos públicos por parte del gobierno de Hugo Chávez.

Transferencias de dólares al exterior realizadas por el gobierno

Según el Banco Central de Venezuela, desde 2004 el gobierno de Chávez ha transferido cerca de 22.500 millones de dólares a cuentas en el extranjero. De esta suma, unos 12.000 millones nunca se justificaron . José Guerra, analista financiero y ex funcionario del Banco Central entrevistado para este informe, sostiene que el gobierno de Chávez utilizó ese dinero “para comprar lealtades políticas en la región, a fin de consolidar su proyecto político, y parte se donó a Cuba y Bolivia, entre otros países”. Guerra agregó que, de realizarse, un análisis más detallado podría señalar que las sumas transferidas al exterior son mucho mayores, ya que tampoco se ha llevado a cabo una rendición de cuentas de los saldos por cobrar por ventas de petróleo a países políticamente afines.

Las reservas de oro probablemente extraídas del Banco Central de Venezuela

Informes realizados por Militares Democráticos, un grupo de oficiales del ejército ya retirados que, en general, se opone al gobierno de Hugo Chávez, sostienen que esta administración ordenó el transporte de una porción importante de las reservas nacionales de oro del Banco Central a Fuerte Tiuna , la guarnición militar que se convirtió en la fortaleza de Chávez. Los informes citan la aseveración del general Jorge Luis García Carneiro de que el oro se transfirió “por orden directa de Hugo Chávez”. De confirmarse, esta información generaría un cuestionamiento sobre la transparencia del acto.

La confiscación de 5.000 millones de dólares de reservas monetarias internacionales
En junio de 2005, la Asamblea Nacional, controlada por Chávez, modificó la ley que regula el Banco Central de Venezuela de tal manera que el gobierno de Chávez pudiera confiscar lo que definía como un “exceso de reservas” . Bajo las resoluciones de esta modificación arbitraria, cerca de 5.000 millones de dólares se transfirieron del Banco Central al poder ejecutivo, para utilizarse en programas de gobierno, fuera de los canales presupuestarios normales. La falta de controles financieros y el desvío de reservas de divisas para gasto público ordinario han generado inflación y erosionado la confianza de los inversionistas internacionales en la estabilidad financiera del país.

La creación de un Banco de Desarrollo, un Banco del Tesoro y un Fondo de Desarrollo que operan sin transparencia o socavan la independencia del Banco Central.

En 2001, por decreto presidencial, el gobierno creó el BANDES, un banco de desarrollo dependiente del Ministerio de Finanzas, y, en 2005, la Asamblea Nacional, controlada por Chávez, creó un fondo de desarrollo, el FONDEN, para gastar el “exceso” de reservas de divisas. Ambas instituciones están bajo el control absoluto del gobierno de Chávez y no están sujetas a ningún tipo de supervisión o revisión independiente. El fondo debía llegar a tener hasta 6.000 millones de dólares para ser utilizado a discreción del poder ejecutivo. No obstante, para mediados de 2005, este fondo ya contaba con 7.500 millones de dólares provenientes de fuentes no especificadas, probablemente de Petróleos de Venezuela y del Banco Central, las únicas instituciones que tienen sumas de dinero tan importantes en su sistema. El dinero, según Nelson Merentes, Ministro de Finanzas, se utilizaría para “infraestructura” y proyectos sociales. La verdad es que el dinero de este fondo se convirtió en un presupuesto paralelo y está utilizándose sin ninguna transparencia ni necesidad de aprobación legislativa. Esta situación deriva, casi inevitablemente, en corrupción a gran escala. El Ministerio de Finanzas estableció una meta para el fondo de 17.000 millones de dólares a alcanzarse a fines de 2006.

En 2005, además, se creó un nuevo Banco del Tesoro para recaudar algunos de los impuestos y derechos aduaneros que normalmente recaudaría el Banco Central, el tesoro nacional, o ambos. La decisión de crear este banco, según señala Manuel Suárez-Mier en un informe del Bank of America fechado el 12 de agosto de 2005, “garantiza virtualmente que cualquier semejanza con un banco central independiente en Venezuela se desvanecerá y representa un mayor debilitamiento del panorama institucional del país” .

Pérdidas y quiebra en el Banco Central de Venezuela

Miguel Octavio, editor de noticias financieras de BBO Weekly, estima que las pérdidas totales del Banco Central de Venezuela, sólo durante 2006, ascienden a casi 2.000 millones de dólares, a causa de las operaciones crediticias de mercado abierto para reducir la liquidez monetaria. Esta liquidez, afirma Octavio, se creó “sobre la base de reservas que ya no están en manos del Banco Central. Por lo tanto, éste no recibe los suficientes retornos de sus inversiones para pagar todo el interés devengado por estos instrumentos” . Oscar García Mendoza, banquero activo en Caracas, denunció el retiro de 6.000 millones de dólares del Banco Central y afirmó que, técnicamente, la medida dejó el banco en quiebra. El gobierno no repuso el retiro, y es poco probable que lo haga en el futuro. García Mendoza demandó al gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia exigiendo que el gobierno central compensara al banco por el retiro, pero teme que el gobierno resolverá la situación con una devaluación importante del Bolívar. De ser así, sostiene, “Sería un robo (...) devaluar es robar”.

Acuerdos favorables para bancos leales en la adquisición de bonos latinoamericanos

Según el Financial Times, un selecto grupo de bancos privados venezolanos está beneficiándose de la adquisición de bonos argentinos por parte del gobierno de su país, a expensas del tesoro nacional . El Financial Times entrevistó a analistas económicos estadounidenses, quienes sostuvieron que “si bien los beneficios para Argentina [el país vendedor] son innegables, el gobierno venezolano no se beneficia de la misma manera, ya que no es el gobierno el que acumula las ganancias, sino unos pocos bancos privados”. Los dos bancos mencionados en el informe son el Banco Occidental de Descuento y el Fondo Común, propiedad de Victor Vargas y Victor Gil, miembros de la nueva clase acaudalada que emergió bajo el paraguas de la revolución . Ninguno de ellos respondió a los pedidos de comentarios del Financial Times. Al revender bonos por valor de 100 millones de dólares, los bancos podrían ganar hasta 17 millones. En el Daily Journal , Carlos Ball, periodista y académico asociado del Cato Institute, estimó que los bancos favoritos del gobierno podrían obtener hasta 607 millones de dólares de ganancias si compraran los 2.400 millones de dólares en bonos argentinos del gobierno venezolano para revenderlos, debido a la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el libre.

¿Adónde va el sector financiero venezolano con este desempeño?

Estas y otras irregularidades en la gestión de las finanzas públicas por parte del gobierno de Chávez llevaron a José Alejandro Rojas, Ministro de Finanzas durante los primeros años de su gestión, a formular pronósticos desalentadores sobre el futuro inmediato de la economía venezolana. Según Rojas, “La crisis financiera puede llegar, no como consecuencia de una restricción monetaria sino de un exceso de liquidez. Parecería que [para el gobierno venezolano] el camino de una economía de mercado a una economía centralizada pasa por la destrucción del sistema financiero actual”. Y agrega: “La política monetaria [de Chávez] se basa en controles progresivos: controles del tipo de cambio, control total sobre el uso de los fondos públicos, presupuestos paralelos y un control estatal de la economía en aumento, todo lo cual está generando un aumento excesivo de la liquidez. A medida que aumenta la liquidez sin un crecimiento real de la economía, el valor de la moneda se deteriora gradualmente. La pérdida de autonomía del Banco Central de Venezuela y el desorden en la gestión de los recursos financieros por parte del gobierno derivarán en una crisis financiera que podría eliminar la banca privada y justificar la intervención estatal” .

La corrupción florece en la revolución

La eliminación de la corrupción en el gobierno fue una de las tres promesas electorales más importantes de Hugo Chávez y, probablemente, la más decisiva para su triunfo. El sistema bipartidista que había gobernado el país por cuatro décadas había dejado que la corrupción se volviera sistémica y “democrática”, en el sentido de que grandes sectores de la población podían participar de ella. En su interacción con la burocracia gubernamental, era poco lo que el ciudadano venezolano promedio podía hacer sin tener que sobornar a alguien. Sin soborno, la espera era intolerable. La corrupción se había convertido en una forma de vida en la sociedad venezolana. Los abundantes ingresos provenientes del petróleo y la democracia, dos factores que deberían ser positivos, se habían combinado para generar una mezcla sumamente perjudicial, que destruyó los valores éticos de una gran porción de la población de Venezuela.

El ingreso proveniente del petróleo debió haber sido una bendición pero resultó una desgracia, debido a su drástico aumento a partir de la década de 1970. La democracia debió haber conducido al progreso, pero no del modo populista y paternalista adoptado por los líderes políticos venezolanos durante los últimos 40 años del siglo XX. Como consecuencia de la combinación de los abundantes ingresos petroleros y el populismo se incrementó la dependencia de los ciudadanos en el estado benefactor. La generación de riqueza llevada a cabo por las mayorías, característica principal de las sociedades desarrolladas, fue olvidada en favor de la distribución por parte del gobierno de los ingresos petroleros, una distribución en la cual los sectores de la sociedad leales al gobierno reciben las porciones más suculentas.

Al principio, las riquezas derivadas del petróleo fueron tan cuantiosas en comparación con la población relativamente pequeña que, durante muchos años, el gobierno tuvo suficiente dinero para mantener satisfecha a la mayoría de la población. Con el paso del tiempo el aumento de la población y el estancamiento de los ingresos petroleros produjo un incremento de la insatisfacción popular. Al reducirse las porciones a repartir, un segmento cada vez más grande de la población se vio excluido de la distribución de la riqueza derivada del petróleo. En la década de 1990, los gobiernos comprendieron que era necesario un cambio en los valores y actitudes sociales y que, por sí solos, los ingresos relacionados con el petróleo no serían suficientes para impulsar la economía. En su segundo mandato (1989–93), el presidente Pérez tenía plena conciencia de ello; sin embargo, cuando intentó instaurar reformas económicas limitadas orientadas a reducir el paternalismo gubernamental, se enfrentó con una reacción popular violenta. No fue posible persuadir al país a aceptar el fin del Estado paternalista. La reacción popular dio paso al intento de golpe de estado de Chávez y, luego, a su triunfo electoral.

Chávez eligió la vía de menor resistencia. Vio lo ocurrido al presidente Pérez y sus intentos reformistas. No estaba dispuesto a seguir ese camino por dos motivos: en primer lugar, porque sabía que no tendría aceptación popular y, en segundo lugar, porque no creía que ese era el camino correcto. En 1992, Chávez se había rebelado violentamente contra los intentos de Pérez de instaurar medidas de austeridad. Por lo tanto, trajo a su presidencia ideas que compartían millones de venezolanos, que creían firmemente que su país era muy rico y que la pobreza sólo existía porque la riqueza petrolera permanecía en manos de unos pocos. Bastaría con distribuirla mejor, pensaba Chávez, para que Venezuela experimentara una verdadera revolución.

La distribución de la riqueza ha sido una constante de la gestión de Chávez, al igual que el desinterés total por crear riqueza nueva. Chávez ha tomado de quienes tenían, los ricos y la clase media, para ofrecer dádivas a los que no tenían. Esto derivó en un empobrecimiento progresivo del ciudadano promedio, al tiempo que la estrategia basada en las limosnas ha incrementado el nivel de corrupción en la sociedad venezolana.

Definición de la corrupción gubernamental

En el sentido más amplio, la corrupción gubernamental puede definirse como la violación del interés público para obtener beneficios personales o partidistas. Evidentemente, esta definición amplia va más allá del simple robo de fondos públicos e incluye el uso y abuso de poder político para consolidar ese poder a fin de obtener jerarquía y riqueza material. Incluye también los actos que desgastan los valores éticos de la sociedad gobernada, aún si no está involucrada una pérdida material.

Según esta definición, los ocho años de la gestión de Chávez han constituido un período de hipercorrupción, el cual ha superado a todos los gobiernos anteriores tanto en la incidencia como en la intensidad de la corrupción. La causas principales de esta hipercorrupción son a) los ingresos por petróleo sin precedentes obtenidos por el gobierno de Chávez en estos ocho años; b) el muy mediocre equipo de gestión estructurado por Chávez; c) la inclinación ideológica de Chávez, que lo ha llevado a descuidar sus obligaciones como Presidente de todos los venezolanos para intentar desempeñar un papel mesiánico en las relaciones internacionales, y d) la creencia de Chávez de que el camino que Venezuela debía seguir era el de la distribución del ingreso derivado del petróleo en forma de dádivas directas, en lugar de una política a más largo plazo de soluciones estructurales para reducir la pobreza y mejorar la salud y la educación.

Tipología de la corrupción gubernamental en la gestión de Chávez

Para los fines de este análisis, resulta útil clasificar la corrupción en el gobierno de Chávez en tres categorías principales: la corrupción a gran escala, la burocrática y la sistémica.

La corrupción a gran escala. Esta categoría cubre la corrupción derivada de las grandes decisiones políticas tomadas en los niveles más elevados del gobierno, en este caso el Presidente, e incluye las siguientes instancias:

La aceptación por parte de Chávez de contribuciones extranjeras para su campaña presidencial y durante su presidencia. Durante 1998 y 1999, al menos un banco extranjero, el BBVA de España, supuestamente aportó grandes sumas de dinero a la campaña presidencial de Chávez y, luego, a su presidencia. Emilio Ibarra, ex presidente del banco, admitió haber autorizado dos depósitos, uno por 525.000 dólares en 1998, al Maduro and Curiel’s Bank NV, ubicado en Curacao, para una empresa llamada Concertina NV (fundada por Luis Miquilena, jefe de campaña de Chávez), y el otro por 1 millón de dólares, una vez electo Chávez, con el objetivo de financiar las campañas de los seguidores de Chávez para la Asamblea Constituyente . En parte debido a estas supuestas violaciones, Ibarra debía ser juzgado en España a comienzos de 2006. La fiscalía pidió dos años de prisión. No se conoce la situación actual del caso.
Las violaciones a la Constitución de 1961 para convocar una Asamblea Constituyente con poderes supraconstitucionales. Estas violaciones tuvieron como consecuencia la disolución del Congreso Nacional electo democráticamente y de otras instituciones democráticas. Si bien Chávez ganó elecciones transparentes a fines de 1998, meses después procedió a desmantelar las principales instituciones democráticas del país, con la complicidad de la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En 1999, una Asamblea Constituyente, integrada por sus simpatizantes y dotada de poderes supraconstitucionales, disolvió inconstitucionalmente el Congreso y otras instituciones democráticas y las reemplazó por instituciones manejadas por funcionarios leales a Chávez. Se trató de un claro caso de corrupción política y de un golpe de estado progresivo que terminó con todas las instituciones políticas venezolanas bajo el control del gobierno y eliminó todos los equilibrios y contrapesos efectivos. A partir de ese momento, para todos los efectos prácticos, Venezuela dejó de ser una democracia.
Los gastos por hasta 17.000 millones de dólares en los últimos cuatro años, en su mayoría para comprar armas y lealtades políticas en todo el mundo. Durante los últimos cuatro años, Hugo Chávez ha gastado más de 4.000 millones de dólares en alocadas compras de armas en Rusia, España y otros países, y prometió —y, en algunos casos, desembolsó— grandes sumas de dinero que entregó a países de América Latina y el Caribe a cambio de promesas de lealtad política y apoyo al objetivo de Chávez de obtener un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 27 de enero de 2006, publiqué una estimación de esas erogaciones, basada en datos del Centro de Investigación Económica de Caracas, la cuál ascendía a 17.000 millones de dólares , controlados directamente por Chávez. Este gasto incluía planes para la construcción de refinerías en varios países de América Latina y donaciones a gobiernos políticamente afines, como los 30 millones de dólares que Chávez otorgó al presidente electo en Bolivia, Evo Morales, en ocasión de su visita a Caracas en enero de 2006. Este enorme desembolso se realizó sin consultar al pueblo de Venezuela.

La corrupción burocrática. Esta categoría incluye las violaciones a las leyes, normas y reglamentos por parte de empleados del gobierno o de cómplices no gubernamentales. Este tipo de corrupción abarca casos de extorsión, soborno, el robo de fondos públicos, el abuso de poder político, el nepotismo y muchas otras variantes de usos ilegales o inescrupulosos de activos públicos para beneficio privado. Dado el gigantesco volumen de los ingresos provenientes del petróleo en los últimos ocho años y la ausencia casi total de controles gubernamentales adecuados, la corrupción burocrática aumentó de manera vertiginosa durante la gestión de Chávez. A continuación, se describen algunas de sus manifestaciones más sobresalientes.

Las adquisiciones públicas se realizan directamente, sin seguir las normativas de licitación vigentes. La ley que regula la adquisición de bienes y servicios por parte del gobierno venezolano indica que todas las adquisiciones deberían respetar procedimientos de licitación adecuados, excepto en casos de emergencia nacional, estado que sólo puede ser declarado por el Gabinete Ejecutivo o por la Contraloría General. Transparencia Internacional ha señalado que las deficiencias en los procedimientos de licitación, o directamente la ausencia de estos procedimientos, constituyen las principales causas de corrupción en los países del tercer mundo. Algunas organizaciones multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, han establecido procedimientos estrictos a fin de garantizar que todos los proyectos en los que participan financieramente se realicen de acuerdo a prácticas de licitación adecuadas. No obstante, el gobierno venezolano, en especial durante los últimos tres o cuatro años, prácticamente ha eliminado las licitaciones en las adquisiciones del sector público. De acuerdo con el capítulo venezolano de Transparencia Internacional, de todos los contratos públicos conocidos, 95% se celebran sin licitación previa . En el estado Carabobo, por mencionar sólo un ejemplo, el gobernador actual Luis Acosta Carlez ha admitido abiertamente haber otorgado 800 contratos no licitados, por un valor de decenas de millones de dólares . En todos los casos, el gobernador alegó haber trabajado en situaciones de emergencia, que eran cuestionables o que no estaban definidas como tales por las autoridades correspondientes, como estipula la ley. Lo que está ocurriendo en el estado Carabobo se repite en todo el país y en todos los sectores del gobierno. El total abandono de los procedimientos administrativos adecuados se debe a dos factores principales: a la indiferencia o ignorancia de la ley por parte de los burócratas y a la certeza de que no habrá sanciones. Aunque es imposible cuantificar el daño financiero que sufre la nación a causa de estos procedimientos desordenados, no existe duda que el nivel de corrupción relacionado con esta manera de llevar a cabo las adquisiciones en el sector público es extremadamente elevado.

Los programas sociales llevados a cabo por las fuerzas armadas entre 2000 y 2002. Poco tiempo después de llegar al poder, Chávez estableció un programa llamado Bolívar 2000, administrado por las fuerzas armadas y destinado al trabajo social. Conceptualmente, era adecuado: se basaba en el hecho de que Venezuela tenía una enorme —y, en gran medida, ociosa— fuerza militar, que sólo parecía entrar en actividad durante los desfiles militares anuales del 5 y del 24 de julio. ¿Por qué no poner a las fuerzas armadas a trabajar en programas sociales para mejorar la situación de los pobres de Venezuela? Para la mayoría de los venezolanos, parecía una buena idea. Sin embargo, de acuerdo con el periodista Agustín Beroes, la implementación del programa no fue buena . El programa Bolívar 2000 estuvo a cargo del Comandante General del Ejercito Víctor Cruz Weffer y recibió recursos por aproximadamente 300 millones de dólares. Luego de sólo un año, el programa fue cancelado por la corrupción y el derroche incontrolables, manifiestos en la falta de rendición del gasto de cerca de 150 millones de dólares. Los mecanismos de corrupción más frecuentes del programa eran, entre otros, las facturas falsas y los contratos con proveedores inexistentes. Cuando el Contralor General Eduardo Roche trató de investigar a fondo, fue reemplazado por Clodobaldo Russian, quien aún permanece en ese puesto, cinco años después. Paralelamente a este programa fallido se inició otro, llamado Fondo Único Social (FUS), dirigido por el Comandante William Fariñas, otro de los oficiales que conspiraron junto a Chávez en el fracasado golpe de 1992. Este programa recibió cerca de 400 millones de dólares del gobierno y estaba destinado a subsidiar la atención médica, la vivienda y la educación. Básicamente, el FUS era un típico programa de subsidios directos orquestado sin una planificación rigurosa. El FUS entregó 500.000 dólares a una organización administrada por la esposa del chofer del Comandante Fariñas, Horacio Pérez. De acuerdo con las estimaciones de Beroes, las irregularidades relacionadas con este programa costaron cerca de 30 millones de dólares.

La adquisición del avión presidencial. Durante una visita al Oriente Medio en 2001, Chávez tuvo la oportunidad de volar en un Airbus 319, propiedad de un miembro de la familia real de Qatar. Una vez de vuelta en Venezuela, declaró que quería uno igual. En lo que constituyó una clara violación del artículo 314 de la constitución de Venezuela y de la ley que regula el gasto público, se adquirió el avión, un A319-133X, por un valor superior a los 65 millones de dólares, para el cuál no existían asignaciones presupuestarias .
La “dulce” corrupción en el complejo agroindustrial Ezequiel Zamora. Un significativo caso de corrupción ha aflorado desde 2004 en el complejo agroindustrial Ezequiel Zamora, situado en Barinas, el estado donde nació Chávez. La Asamblea Nacional, a diferencia de lo que suele hacer, tomó la decisión de investigar el caso luego de una acusación pública realizada por el periodista Eleazar Díaz Rangel, quién es un simpatizante del gobierno de Chávez. A raíz de la investigación, el Ministro de Agricultura Antonio Albarrán; el director del complejo azucarero, General del Ejército Delfín Gómez; y 17 miembros de las fuerzas armadas implicados en el proyecto fueron enviados a cortes criminales. La Asamblea Nacional acusó al grupo de tomar cerca de 1,3 millones de dólares de los fondos de la planta procesadora de azúcar, la cual cuenta con la asesoría de asesores cubanos . El caso aún no está cerrado. De acuerdo con otra fuente, el 62do Regimiento de Ingenieros ha sido acusado de malgastar 1.500 millones de dólares de los 2.600 millones asignados al complejo . Esto tampoco ha sido resuelto aún. El ministro Albarrán se hizo responsable de la negligencia de no haber revelado estos hechos cuando supo de su existencia, el 23 de septiembre de 2005. De acuerdo con lo que admitió, ocultó la información porque el país se encontraba en mitad de un proceso de elecciones parlamentarias y la publicación de los datos habría creado un escándalo perjudicial para el gobierno de Chávez.
La corrupción en el Tribunal Supremo de Justicia. A comienzos de 2006 , el Tribunal Supremo de Justicia se vio envuelto en un escándalo que mantuvo en vilo a la nación por un breve lapso de tiempo (ningún escándalo de corrupción dura más que una o dos semanas en la prensa venezolana, ya que no tarda en ser reemplazado por uno nuevo). El Ministro del Interior, Jesse Chacón, acusó de corrupción a uno de los principales miembros del tribunal, Luis Velásquez Alvaray. Algunos observadores han pensado que esta acusación pudiera ser una maniobra política destinada a eliminar a un miembro prominente de una de las facciones del gobierno. Chacón acusó a Velásquez Alvaray de malversar importantes sumas de dinero a partir de comisiones y sobreprecios en la adquisición de bienes raíces para el tribunal. Sorprendentemente, Velásquez Alvaray contraatacó y acusó al vicepresidente Rangel, al ministro Chacón y al presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, de dirigir un extenso grupo criminal judicial, conocido como “la Banda de los Enanos”. De acuerdo con Velásquez Alvaray, este grupo operaría principalmente para proteger a traficantes de drogas. Además de señalar a estos tres importantes funcionarios, Velásquez Alvaray también acusó al hermano del ministro Chacón, el banquero Arné Chacón, de presionarlo para que el sistema judicial depositara fondos en su banco. También acusó a algunos de sus colegas en el Tribunal Supremo de Justicia de estar conectados con el narcotráfico. Estas acusaciones aún no han sido comprobadas. De acuerdo con algunas versiones, Velásquez Alvaray se encuentra actualmente en Madrid, España.

El acuerdo de suministro de petróleo firmado con Cuba, una pérdida gigantesca para la nación. Uno de los ejemplos más perjudiciales de la corrupción económica y política del gobierno de Chávez es el acuerdo de suministro de petróleo a Cuba . Fidel Castro y Hugo Chávez firmaron este “convenio integral de cooperación” en La Habana, en octubre de 2000. El acuerdo compromete a Venezuela a suministrar hidrocarburos venezolanos a Cuba durante 15 años, empezando con 53.000 barriles diarios, volumen que se aumentó a 90.000 barriles diarios a partir de diciembre de 2004. Muchas características de este acuerdo de suministro de petróleo son irregulares y muy perjudiciales para la nación venezolana: en primer lugar, la forma de pago, que incluye un financiamiento a 15 años, a 2% de interés, de 25% del volumen, es un regalo para Cuba que en base a los precios actuales del petróleo puede estimarse en unos 400 millones de dólares al año; en segundo lugar, las demoras de Cuba en los pagos o su decisión de no pagar deberían haber motivado una interrupción del suministro, lo cual no ha ocurrido. Esto constituye negligencia burocrática de parte del gobierno venezolano y, como consecuencia, cerca de 1.300 millones de dólares al año se están cobrando con retrasos o no se están cobrando. Por último, el consumo de hidrocarburos de Cuba probablemente sea menor al declarado. Existen indicios para pensar que Cuba está reexportando parte del petróleo que le suministra Venezuela, y es posible que exporte hasta 25.000 barriles por día. De acuerdo con los precios actuales, eso representaría una pérdida de 500 millones de dólares al año más para la nación venezolana.
En total, por lo tanto, Venezuela le está entregando a Cuba un subsidio anual que oscila entre los 2.200 y 2.300 millones de dólares, una cantidad enorme, muy necesaria para que Venezuela pueda mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

La corrupción en el Consejo Nacional Electoral. El desempeño del Consejo Nacional Electoral venezolano, controlado políticamente por Chávez, ha generado gran desconfianza entre los ciudadanos. A raíz de esta desconfianza, en diciembre de 2005, 75% de las personas habilitadas para votar, de acuerdo con cifras oficiales, se abstuvieron de hacerlo en la elección de miembros para la Asamblea Nacional. De acuerdo con las cifras de la oposición, la abstención fue de 85%. Las razones detrás de esta desconfianza generalizada son varias: primero, todos los miembros del consejo son seguidores de Chávez, con excepción de uno. Eso implica que las decisiones tomadas por este cuerpo siempre han favorecido los intereses del gobierno. Hasta hace algunos meses, el presidente del consejo, Jorge Rodríguez, se desempeñaba como asesor del candidato a las elecciones presidenciales peruanas Ollanta Humala, sin haber dejado su cargo en el Consejo Nacional Electoral. Segundo, la designación de estos miembros no se realizó de acuerdo con procedimientos constitucionales adecuados. Tercero, existen informes de observadores internacionales (la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y el Congreso de España) sobre las dos últimas elecciones, en 2004 y en 2005, que concluyen que las actividades del Consejo Nacional Electoral carecen de transparencia. Cuarto, el Registro Electoral está considera-blemente adulterado. De acuerdo con el Consejo, el registro incluye cerca de 17 millones de votantes, cifra poco factible desde un punto de vista estadístico, ya que Venezuela tiene una población de 26 millones de habitantes, de los cuales 60% o más son demasiado jóvenes para votar. Por lo tanto, se supone que se han entregado ciudadanías venezolanas a millones de extranjeros en muy poco tiempo, a fin de inflar el registro, que en los últimos dos años ha crecido a un ritmo entre 8 y 10 veces más acelerado que el habitual. Gustavo Adolfo Fabregat, un experto en sistemas informáticos, uruguayo de 57 años de edad, con residencia en Carolina del Sur, ha realizado un análisis del padrón electoral de Venezuela y describió algunas de las muchas irregularidades, tales como la existencia de 39.000 votantes mayores de 100 años . Esa cantidad de personas dentro de ese grupo etario equivale a la existente en Estados Unidos, donde la población es 10 veces mayor. De esas 39.000 personas, 17.000 nacieron en el siglo XIX, ¡y una tiene 175 años de edad y sigue trabajando! 19.000 votantes comparten día y año de nacimiento en el estado Zulia. Hay miles de personas que viven en la misma dirección. La lectura de estos datos resultaría divertida si no reflejara algo tan trágico.
Quinto, las máquinas de votación utilizadas en las elecciones pertenecen a una empresa que supuestamente mantuvo relaciones con el gobierno hasta que el Miami Herald denunció lo que percibió como un conflicto de interés . La empresa propietaria de las máquinas, Smartmatic, fue fundada en 2000. Existen informes que relacionan a los propietarios de la empresa con Chávez y con miembros de su gobierno . Sin embargo, tanto Smartmatic como el gobierno de Venezuela niegan que la empresa haya tenido algún tipo de relación con la administración de Chávez. La empresa recibió, sin licitación previa, un contrato del gobierno por 100 millones de dólares en 2004, unos pocos meses antes del referéndum presidencial que se realizó en agosto de 2004 en Venezuela, la primera ocasión en la que se utilizaron las máquinas. Los resultados de ese referéndum fueron cuestionados por la oposición, pero el Centro Carter y la OEA los ratificaron .
Además de estas irregularidades, el gobierno de Chávez generó dos listas de votantes contra los que tomaría represalias: la primera, una lista de los que habían pedido el referéndum contra el presidente, la Lista Tascón, así llamada en referencia a Luis Tascón, un seguidor de Chávez en la Asamblea Nacional encargado de compilarla; la segunda, una lista de aquellos que, de hecho, habían votado a favor de terminar el mandato, llamada Lista Maisanta, en referencia al abuelo de Hugo Chávez, un caudillo venezolano menor del siglo XIX, a quien Chávez transformó en uno de los íconos de su revolución. En repetidas ocasiones, Chávez amenazó por televisión a aquellos ciudadanos que habían votado en su contra en el referéndum y permitió que las listas se utilizaran para despedir a muchos venezolanos de sus trabajos, para negarles documentos de identidad y, en general, para tratarlos como ciudadanos de segunda. Este “apartheid” sigue vigente en Venezuela, y muchos venezolanos han emigrado a causa de la persecución que han sufrido por sus ideas políticas. En abril de 2006, un magistrado venezolano del Tribunal Supremo de Justicia viajó a Estados Unidos para realizar una gira en media docena de ciudades y hablar acerca de la “maravillosa” revolución de Hugo Chávez. Durante la charla que dio en Washington, en la facultad de derecho de la American University, se refirió a cómo el gobierno revolucionario de Chávez había incluido a todos los venezolanos. De inmediato, sus palabras fueron cuestionadas por varios jóvenes venezolanos de la audiencia, incluida una abogada que había perdido su trabajo en Venezuela por firmar la petición para realizar el referéndum presidencial .

La corrupción en la empresa petrolera estatal, Petróleos de Venezuela. La corrupción en la principal empresa estatal de Venezuela se manifiesta de muchas maneras, tales como la designación de seis juntas directivas en los últimos siete años, en un intento de controlar a la empresa políticamente. Esa rotación hizo añicos la continuidad y la coherencia de la gestión y prácticamente destruyó la capacidad de la empresa para preparar e implementar planes estratégicos. Como consecuencia, el plan de seis años de la empresa es el mismo que se preparó antes de que Chávez asumiera el poder, un plan que hace seis años espera ser puesto en marcha. De haberse ejecutado en el momento oportuno, la empresa estaría produciendo cerca de 5 millones de barriles de petróleo por día. Sin embargo, actualmente produce sólo cerca de 2,7 millones. A eso debemos sumar el hecho que el Ministro de Energía y Petróleo también es el presidente de la empresa, algo que quizás no sólo representa una violación de las leyes del país, sino también un grave error estratégico, ya que la organización ahora está siendo dirigida y controlada por la misma persona. También puede tomarse como evidencia el hecho de que Chávez despidió en 2002 en un programa de televisión a casi 20.000 miembros del personal técnico y administrativo, violando abiertamente las leyes laborales de Venezuela. Ese despido masivo disminuyó la eficiencia operativa de la empresa. En los últimos tres años, no sólo se registró una disminución sostenida de la producción; también aumentó dramáticamente la cantidad de problemas operacionales en las refinerías, así como los derrames de petróleo, accidentes industriales e interrupciones generalizadas en el funcionamiento normal de la empresa. Además, la comercialización internacional de petróleo de Venezuela cayó en manos de corredores e intermediarios, en lugar de ser administrada por el departamento de comercialización de la empresa. Esos corredores tienen frecuentemente conexiones políticas con el gobierno de Chávez y sirven de intermediarios entre los clientes y la empresa cobrando importantes comisiones en perjuicio del ingreso nacional . Chávez ha utilizado de manera sistemática el petróleo para comprar lealtades. En noviembre de 2005, ordenó a la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela, CITGO, que distribuyera combustible subsidiado entre las comunidades “pobres” de varios estados dentro de Estados Unidos, con el fin de hacer propaganda política. Estos subsidios son absorbidos por CITGO, pero una parte sustancial del costo, de hecho, es pagada por el gobierno estadounidense, a través de las deducciones impositivas. El gobierno de Chávez también envía miles de barriles de petróleo por día a los países del Caribe, esencialmente a cambio de lealtad política. El mecanismo de pago habilitado por el gobierno de Chávez permite el intercambio de petróleo por productos agrícolas, como bananas y legumbres. Inevitablemente, esto representará enormes pérdidas para Venezuela.
Por último, el gobierno de Chávez parece haber entregado a China, en términos que los venezolanos desconocen, las licencias del Centro Nacional de Investigación para que China produzca la Orimulsión, una emulsión de crudo extrapesado y agua que compite favorablemente con el carbón en tareas industriales y de calefacción. Este espectro de irregularidades, todas altamente perjudiciales para el país, son resultado de la politización de la empresa petrolera estatal de Venezuela.

Corrupción sistémica: la interfase entre el gobierno y el sector privado. Además de la corrupción burocrática, que constituye el mayor componente de la corrupción del gobierno de Chávez, existe una tercera categoría que se refiere a la interacción del estado y los agentes privados en un sistema social contaminado. Este tipo de corrupción puede manifestarse en grandes sumas de dinero o en pequeños favores, ambos hechos cualitativamente idénticos. El término “corrupción menor”, aunque a veces se utiliza, tiende a ser engañoso, ya que sugiere que hay transacciones que son “más corruptas” que otras porque involucran mayores sumas de dinero. La corrupción sistémica incluye el contacto entre funcionarios públicos y piratas del sector privado que desean hacer negocios en perjuicio del bien público, además de los sobornos, la extorsión y la utilización ilegal de fondos públicos para obtener ganancias personales. Este tipo de corrupción se ha magnificado durante el mandato de Chávez, fomentada por el enorme gasto público y la política de dádivas que favorece el gobierno. Los siguientes son algunos de los ejemplos más notorios:

El surgimiento de una clase de “nuevos ricos revolucionarios”. La gran cantidad de ingresos provenientes del petróleo utilizados a discreción del gobierno ha creado lo que El Nuevo Herald y el New York Times han bautizado como una clase de “nuevos ricos revolucionarios” . De acuerdo con estos informes, en el país se ha creado una nueva burguesía. El informe de El Nuevo Herald dice: “Conducen automóviles nuevos y relucientes como Hummers y Audis; usan fabulosos relojes Cartier y llevan bolsos Montblanc. Compran apartamentos lujosos y vuelan a Miami en aviones privados. Y casi siempre pagan en efectivo.” Estas riquezas repentinas, dice el economista José Guerra en El Nuevo Herald, “sólo pueden explicarse por la estrecha conexión que tienen estas personas con el gobierno.” Uno de los principales ejemplos de esta nueva clase de ricos que creció tan abruptamente es Wilmer Ruperti, adjudicatario de una gran cantidad de contratos de la petrolera estatal. Ruperti ha sido investigado, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, por algunas de sus transacciones con Petróleos de Venezuela y con CITGO, pero las investigaciones no pudieron comprobar nada. El año pasado, Ruperti compró en Christie dos pistolas que pertenecieron a Simón Bolívar, por 1,6 millones de dólares, como regalo para el gobierno. Un empleado de uno de las tiendas Montblanc de Caracas declaró a El Nuevo Herald que sus clientes, en especial los militares, sólo pagan en efectivo.
Las empresas privadas controladas por el gobierno. Cuando los funcionarios públicos son dueños de una empresa y lo ocultan trabajando mediante intermediarios privados, la corrupción puede llegar a niveles muy altos. Kenneth Rijock, un analista financiero que trabaja para oficinas gubernamentales que controlan el cumplimiento de la ley y quien cumpliera una condena en prisión por lavado de dinero,