Esta burrada económica persiste no sólo en México sino en el resto del mundo. Ahora que la industria mexicana de la construcción en México ha registrado números rojos y e importantes pérdidas en el mercado de capitales (si el lector quiere informarse más le doy este enlace), surgen voces exigiendo que el gobierno emprenda nuevamente grandes proyectos de construcción de infraestructura y vivienda. Si fuera así, entonces el keynesianismo (mesianismo económico) no llevaría a las quiebras financieras de los gobiernos como ha ocurrido (enormes cantidades de gasto público que van a parar a proyectos inmobiliarios no rentables y/o a grandes obras -elefantes blancos- sin la necesaria rentabilidad social).

Es cierto, cuando las economías crecen, la industria de la construcción lo hace también de manera importante. No cabe duda de que es un importante sector de toda economía. No obstante lo anterior, la mayoría de las constructoras tienen una dependencia enfermiza de los contratos gubernamentales. Cualquier empresario competente sabe muy bien que los ingresos de cualquier negocio deben estar bien diversificados, jamás depender de un sólo cliente, empresa o instancia gubernamental. Lamentablemente los gobiernos mexicanos (y ello incluye a los sexenios panistas, en especial el de Calderón) han asumido que ellos deben ser hada madrina (parafraseando al profesor Damm) y dotar a cada uno de los mexicanos de vivienda.

¿Quién en su sano juicio se opone a que cualquier mexicano pueda ser propietario de su vivienda? Nadie. Sí, pero ello debe estar en función de su talento, de su ahorro, de su trabajo duro, jamás en función de la dádiva y limosna gubernamentales (tasas de crédito subsidiadas y subsidios directos a la compra de vivienda). Cuando los gobiernos se proponen dotar de vivienda a todo mundo, lo único que logran es la expansión de proyectos inmobiliarios que en el futuro no encontrarán compradores, que en el futuro lo único que encontrarán es la quiebra financiera. Sólo recordar la crisis inmobiliaria de EU y España que tienen en la virtual quiebra a sus gobiernos y a numerosos particulares.

Y lo peor, hay orates económicos que afirman que la crisis de la construcción de vivienda (mucha oferta disponible sin compradores potenciales, construcciones alejadas de la ciudad, alejadas de cualquier servicio básico urbano como transporte y comercio) se debe a errores del mercado y por tanto el gobierno debe entrar al rescate de constructoras e inmobiliarias (qué “bonita” forma de sacar su corazoncito keynesiano-marxista). Qué terrible oír a semejantes burros. Que se entienda de una vez por todas, la enorme mayoría de las crisis inmobiliarias tienen su origen en la planificación central gubernamental. Burócratas desde un escritorio decidiendo a dónde construir, qué tipo y número de casas edificar y a qué tasas pagar los créditos hipotecarios (hasta el estilo de arquitectura quieren imponer). Esta planificación central al estilo socialista es el origen de las hipotecarias gubernamentales de la mayoría del mundo y cuyas políticas terminan por provocar una burbuja inmobiliaria que luego revienta y lleva a medio mundo a la quiebra, incluidos bancos y constructoras.

La expansión artificial de la construcción de vivienda -vía el subsidio gubernamental- sólo beneficia a grandes constructoras que viven de la ubre gubernamental. Ahora están chillando y ya le piden a Peña Nieto que reactive el populismo de vivienda que ha caracterizado a las últimas administraciones. Las constructoras deben aprender su lección, vivir de la ubre gubernamental las lleva irremediablemente a la quiebra.

Todo gasto en infraestructura está sólo justificado si se generan externalidades positivas y hay rentabilidad social (que los beneficios sociales sean mayores a los costos, que el gasto público sea verdaderamente de inversión que lleve a la recuperación de lo gastado). Gastar por gastar creyendo en “el efecto multiplicador” es una irresponsabilidad fiscal que trae como consecuencia la inmediata quiebra de las finanzas públicas. El gasto gubernamental es un costo y no debe cuantificarse jamás como un beneficio. Es una dura realidad económica que no quieren reconocer la mayoría de los políticos. La cruda realidad inmobiliaria ahí está.