Todos los involucrados, con poder de decisión en la materia, desde el Poder Ejecutivo hasta el Legislativo, están de acuerdo, ¡No a la privatización de PEMEX!, razón por la cual la reforma que resulte, si es que resulta alguna (al momento de escribir estas líneas me entero que Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados, considera que ya es tarde para presentar la propuesta de reforma, ¡ya que el tema polarizó a la sociedad!, y que la modernización de la paraestatal petrolera puede hacerse a través de la Ley de Ingresos de la Federación), implicará solamente cambios accidentales, no sustanciales, por lo cual la esencia de la industria petrolera nacional seguirá siendo la misma, sintetizando lo peor de tres mundos: el mundo del monopolio; el mundo del monopolio gubernamental; el mundo del monopolio gubernamental en sectores estratégicos de la actividad económica, todo ello en contra de los intereses de los consumidores, que son los que deben tomarse en cuenta a la hora de decidir políticas económicas, reformas estructurales y cambios institucionales, dicho lo cual la pregunta inevitable es: de todos los involucrados, con poder de decisión, ¿cuántos están pensando, en primer lugar, en los consumidores y en lo que más les conviene en materia de oferta de energéticos?

El hecho es que todos los involucrados, con poder de decisión, están en contra de la privatización de PEMEX, al menos en el sentido estricto del término, entendida como la venta de la paraestatal a los particulares, lo cual, así lo indica la lógica, parte del supuesto de que el gobierno es capaz de ofrecer petróleo y derivados de mejor manera de lo que  son capaces los particulares, razón por la cual la industria petrolera nacional debe permanecer como monopolio del gobierno. Solamente partiendo de este supuesto se entiende la negativa de privatizar PEMEX, supuesto que no pasa de ser, pese a que la lógica lo descalifica, y a que los hechos lo refutan, una petición de principio.

La lógica descalifica la afirmación de que un monopolio gubernamental, en cualquier sector estratégico de la actividad económica, es mejor que la oferta de esa mercancía por medio de empresas privadas que compiten entre sí para ganarse el favor de los consumidores. Todo ello, insisto, por lógica, que en todos los casos se ve reforzada por los hechos, y a las pruebas me remito: ¿cuántas veces nos quejamos de la oferta de bienes y servicios que realiza el gobierno, y cuántas de la que llevan a cabo empresas privadas, sobre todo si están sujetas a la competencia y, por lo tano, los consumidores tenemos opciones entre las que elegir? No que las empresas privadas no fallen, pero de que lo hacen en menor proporción de lo que lo hace el gobierno no queda la menor duda, sin olvidar que, en la gran mayoría de los casos, cuando una empresa privada falla, la falla, ¡sobre todo cuando afecta al consumidor!, se debe a alguna intervención indebida del gobierno.

La oposición a la privatización de PEMEX parte de suponer que los burócratas gubernamentales son mejores que los empresarios privados a la hora de ofrecer petróleo y sus derivados, suponiendo que, al contrario que estos últimos, movidos por motivos egoístas, como lo es el afán de ganancia (quien tales cosas afirme no tiene la más remota idea de la función que las ganancias desempeñan en el logro de mejores resultados económicos), aquellos se moverán únicamente por el bien común, en defensa del patrimonio de todos los mexicanos y, ¡faltaba más!, de la soberanía nacional, debiendo afirmar que, quienes tales cosas afirmen, no tiene la más remota idea de lo que realmente mueve a los burócratas (para darse una idea acérquense a la obra de James Buchanan – Premio Nobel de Economía en 1986 -, y Gordon Tullock, fundadores de la Escuela de la Opción Pública).