Por un lado tenemos a un Andrés Manuel López Obrador que acusa a todos
los que no piensan como él de ser traidores a la patria. Por el otro está un
presidente de la república, Felipe Calderón, que asustado por las amenazas del
“presidente legítimo” no se atreve a presentar una iniciativa propia para la
reforma de la industria petrolera. En el fondo, mientras tanto, tenemos a una
actividad petrolera en el país que cada día se deteriora más.
Lo que quiere López Obrador, por supuesto, es aprovechar el debate
sobre el petróleo para favorecer sus propósitos de alcanzar la Presidencia de
la República. Por eso, en una serie de reuniones con sus simpatizantes, ha
dejado en claro que considerará cualquier iniciativa que no sea la de él como
un intento de privatizar a Pemex.
Para asegurar que se haga lo que él manda, el ex candidato presidencial
ha amenazado con mandar a brigadas –como las de los partidos fascistas— para
bloquear instalaciones productivas, calles, carreteras y sedes de poderes
legislativos. Estas brigadas estarán encabezadas por mujeres para evitar que
las fuerzas de seguridad impidan los bloqueos o para que, si lo hacen, se les
pueda acusar de represión y brutalidad policial.
El presidente Calderón, mientras tanto, ha ordenado que se presente un
diagnóstico sobre Pemex, que no nos dice nada nuevo,
pero se ha negado a correr el riesgo político de presentar una iniciativa de
reforma petrolera. Ha ordenado a los legisladores del PAN lo hagan, pero esto
hace todavía más difícil que la propuesta pueda ser aceptada por los
legisladores del PRI. El presidente no quiere que López Obrador lo acuse de
privatizador.
Y mientras los políticos maniobran, la producción de petróleo crudo
está declinando como consecuencia del agotamiento del yacimiento de Cantarell en la sonda de Campeche. En los dos primeros
meses del 2008 se registró un promedio de 2.94 millones de barriles diarios,
mucho menos que los 3.4 millones del 2004. Las reservas probadas están cayendo
constantemente. Éstas apenas rebasaban los 14 mil millones de barriles a fines
del 2007. Con la actual producción, nos quedan reservas para nueve años. La
tasa de reposición de reservas de Pemex, mientras
tanto, es de 50 por ciento al año, lo cual quiere decir que de lo que se
produce sólo se incorpora un 50 por ciento de nuevas reservas a los registros
de la empresa. Esto llevará tarde o temprano al agotamiento. Otras empresas del
mundo están incorporando reservas a tasas de 100 por ciento o más de su
producción.
Tanto el gobierno de la república como el PRI --cuyo voto en el
Congreso es crucial para la aprobación de cualquier iniciativa, ante la falta
de mayoría absoluta del PAN y el rechazo del PRD y el FAP de aprobar cualquier
iniciativa que no sea de ellos-- han señalado que no harán una reforma que
implique la privatización de Pemex. De hecho, aunque
quisieran privatizarla, es muy difícil que hubiera compradores para una empresa
con tantos problemas. Pero el que los políticos estén rechazando la
privatización no significa que no se deba hacer una reforma a fondo.
Si dejamos que la industria
petrolera de nuestro país siga operando como hasta ahora continuaremos
obteniendo los mismos resultados que ahora. Y esto significa que en un tiempo
relativamente corto nos convertiremos en importadores de petróleo. Quizá esto
es lo que desea López Obrador. Pero los políticos del PRI y del PAN no pueden
permitir que eso ocurra en nuestro país.