La iniciativa fiscal del Ejecutivo primero fijó una meta de gasto y después buscó aumentos de impuestos para alcanzarla. Lo correcto, como lo manda la Constitución en su art. 74 fracción IV, es limitar el gasto a los ingresos reales esperados. Por ello el Congreso primero aprueba la ley de ingresos y con base en esos ingresos el presupuesto de egresos o gastos.
Aunque hay subejercicios en lo que va del año, no es el menor gasto el factor principal que generó la baja del PIB, sino la incertidumbre sobre la capacidad de concretar las reformas estructurales por el actual gobierno tal como deben ser y un entorno internacional de escasez de capitales que se agudiza en México ante la falta de leyes laborales, fiscales y energéticas competitivas.
La mayoría de los aumentos de impuestos programados inhiben la inversión, el empleo y el crecimiento. Aumentar el Impuesto Sobre la Renta del 30 al 32%, reduce la capacidad de inversión en la clase media y empresarial. Cargarle IVA a la educación privada, a la que asisten aproximadamente 4.5 millones de estudiantes, reduce el nivel de vida en millones de hogares de clase media. Cargar IVA a las rentas e hipotecas de casas también le pega a la clase media, que es la principal demandante de ese mercado. La no deducibilidad de comidas perjudica a los restauranteros, ejecutivos y pequeños empresarios que no comen en sus casas o empresas.
La progresividad fiscal viola el art. 31 fracción IV de la Constitución: ”contribuir para los gastos públicos… de la manera proporcional y equitativa”. Los impuestos progresivos, además de frenar el crecimiento, son inconstitucionales. Un impuesto proporcional implica la misma tasa para todos, aunque el que gasta más paga más y el que obtiene más ingresos también paga más, pero no se castiga inequitativamente al sector de altos y medianos ingresos, que son la principal fuente de inversión y empleos formales.
La salida correcta al bajo crecimiento y desequilibrio en las finanzas públicas es reducir y transparentar más el gasto público en los 3 niveles de gobierno. Hay mucha tela de dónde cortar: gastos inútiles, ineficientes y que con el disfraz de sociales sirven para repartir dinero a grupos organizados y fines electorales.