¿Que es lo que está pasando en nuestro país, que al parecer y ante el escenario de una próxima presentación de reforma energética que aparentemente permitirá la participación y/o asociación de la iniciativa privada nacional o extranjera en el sector (ya no hablemos de una verdadera privatización) surge cada vez un mayor número de voces que chantajean y presagian rechazos inmediatos y movilizaciones sociales en contra?

 

En primer lugar es fácil identificar un elemento estructural en este tipo de situaciones: la ignorancia total (deliberada o real) de la situación actual de Pemex, así como la posible solución al respecto por parte de la sociedad y de nuestros políticos. Hay que aclarar que el comportamiento de los segundos es comprensible, ya que éstos actúan de acuerdo a la línea que les dicta el partido al que representan, ya sea por intereses económicos, políticos o dogmatismos, y terminan tergiversando o manipulando el tema sin importarles nada más. Sin embargo, hay que enfatizar que en todo esto, el tema realmente de fondo es la de cuestionar el monopolio estatal de petróleo.

 

En este mismo espacio lo hemos mencionado una y otra vez. Las empresas privadas han mostrado ser más eficientes y ágiles que las estatales. Muchas funciones que podrían ser realizadas de manera mucho más eficiente por el sector privado todavía están en nuestro país bajo el control de burócratas y, en algunos casos, de sindicatos poderosos. La distribución del ingreso, la eficiencia, la productividad, el desarrollo y las verdaderas oportunidades para la población son todas afectadas de manera perjudicial cuando el sector público produce bienes para el mercado.

 

En estas fechas es común oír que Pemex es de los mexicanos y que la participación de la iniciativa privada en tareas de exploración y producción significa perder nuestra soberanía. Sin embargo, lo políticamente incorrecto es decir que Pemex no es de los mexicanos, ya que ni usted ni nosotros poseemos acciones que podamos comprar o vender, y ahí sí, obtener un beneficio de ello. Por eso, Pemex es propiedad sólo de algunos, pero no de todos los mexicanos.

 

No olvidemos que Pemex es también una enorme fuente de ingresos gubernamentales. Privatizarlo sería igual a quitar recursos al gobierno y muy pocos gobernantes estarían dispuestos a perder dichos recursos.

 

La semana pasada, la Secretaria de Energía, Georgina Kessel y el Director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, presentaron el documento: Diagnóstico: Situación de Pemex, en donde explican que a pesar de contar con los niveles de inversión más altos de su historia, Pemex cuenta con reservas probadas solamente para 9.2 años a los ritmos actuales de extracción. No obstante, de nada sirve que expongan la situación actual que algunos tachan de “alarmista” con tintes privatizadores si las conclusiones del trabajo son:

 

“El propósito debe ser un Pemex fuerte, que le permita retomar a México el lugar que le corresponde como potencia petrolera en el mundo. Un Pemex que ofrezca una provisión más segura y más eficiente de insumos energéticos; que pueda incrementar, y de manera acelerada, las reservas de hidrocarburos, a partir de la riqueza todavía presente en tierra y en aguas someras, y de la riqueza en aguas profundas; un Pemex moderno, competitivo y eficiente.

 

Para lograr lo anterior, es necesario hacer una revisión integral al marco que regula la industria petrolera estatal partiendo de las siguientes premisas.

 

a) El Petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos;

b) Se fortalece la rectoría del Estado sobre sus recursos energéticos; y

c) No se privatiza Pemex, ni sus activos o infraestructura.”

 

¿La sociedad está de acuerdo en que Pemex ya no sea copropiedad del sindicato y del gobierno en turno? No lo sabemos a ciencia cierta, sin embargo, por lo pronto no se entiende que exista demasiado rechazo a la próxima presentación de la propuesta de reforma energética por parte del Gobierno Federal, si al final, este sector seguirá siendo controlado por el Estado, y por lo tanto, seguirá siendo muy ineficiente y demasiado costoso para los contribuyentes. Así de sencillo: el monopolio estatal del petróleo en México es un fracaso porque es propiedad del gobierno y no de los particulares sujetos a las reglas de la competencia, productividad y bienestar de los consumidores.