Nos enteramos, hace unos días, de la propuesta hecha por un funcionario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Bernard J. Phillips, titular de la División de Competencia de la OCDE, a favor de aumentar y fortalecer los castigos para quienes lleven a cabo en prácticas monopólicas, castigos que deben llegar, según el funcionario, hasta la prisión para el monopolista, propuesta que el mentado funcionario hizo ante los integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, quienes han estado discutiendo el tema de las sanciones que deberían de aplicarse a los monopolistas, sanciones que, se opina, deben ser mayores de las que actualmente son, lo cual supone reformar el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, que trata, precisamente, de las sanciones que la Comisión Federal de Competencia Económica impondrá a quien realice prácticas monopólicas.

El que los legisladores se preocupen por evitar los monopolios me parece algo digno de mucho, ¡pero mucho!, aplauso, ya que ello resulta en beneficio de los consumidores, y no me cansaré de decir que las políticas económicas, las reformas estructurales y los cambios institucionales deben decidirse en función del impacto que tengan en el nivel de bienestar de los consumidores, siendo que a los consumidores lo que más les conviene es la competencia por el lado de la oferta, lo cual se logra evitando los monopolios. Allí donde no hay competencia (y por lo tanto hay monopolio), lo que existe, por definición, es la incompetencia, y una empresa monopólica podrá ser muy productiva, en beneficio propio, pero no competitiva, en beneficio de los consumidores.

En cuanto al qué – evitar los monopolios -, los afanes de los legisladores son por demás aplaudibles, el problema surge cuando analizamos el cómo – avisos, amenazas de castigo, castigos, que ahora se pretende lleguen hasta el encarcelamiento, y demás parafernalia propia del gobierno policía -, siendo que, para evitar los monopolios, no hace falta más que una cosa: que el poder político permita la participación de todos, nacionales y extranjeros, en todos los sectores de la actividad económica, y en todos los mercados, o, dicho de otra manera, que el gobierno mantenga abiertos todos los sectores de la actividad productora, y todos los mercados, a todos los que quieran, y puedan (bajo su responsabilidad y riesgo), participar.

Esto, ¡y nada más!, es lo que se necesita para que el consumidor cuente con las mejores opciones de consumo en términos de precio, calidad y servicio (la trilogía de la competitividad: menores precios, mayor calidad y mejor servicio), de tal manera que toda la Ley Federal de Competencia Económica puede redactarse en un solo artículo que, en esencia, diga lo siguiente: “Todo aquel, nacional o extranjero, que quiera participar en cualquier sector de la actividad económica, o en cualquier mercado de la economía, podrá hacerlo, razón por la cual ningún sector de la actividad económica, ni ningún mercado de la economía, estará reservado en exclusividad para los nacionales, ni mucho para menos para el gobierno”. Insisto: esto, ¡y nada más!, es lo que el consumidor necesita para contar con las mejores opciones de consumo posibles.

Llegados a este punto no faltará el lector que pregunte qué pasará con las empresas que, por haber sido más productivas, y por lo tanto más competitivas que sus rivales, logren consolidar un monopolio. Para ellas, se preguntarán, ¿no hará falta una ley redactada en los términos en los que lo está la actual Ley Federal de Competencia Económica, con sus avisos, amenazas de castigo, y castigos? No (por más rara que, a primera vista, parezca la respuesta).

Continuará.