Una política fácilmente vendible para quien no hace un análisis de costo-beneficio es la del seguro de desempleo, que implica que quien pierda su empleo reciba dinero de nuestros impuestos a través del Estado. Los que trabajan transfieren recursos a los que no trabajan. Para unos implica solidaridad social y, según algunos economistas keynesianos, ayuda a sostener un nivel de gasto que evita una baja en la actividad económica, pues los desempleados no tienen ingresos ni gastos.
El primer problema del seguro de desempleo es definir a quiénes se les considera desempleados, concepto variable y subjetivo. El segundo, identificar que los considerados desempleados lo estén realmente, para lo cual se necesita un ejército de supervisores, pues muchos de los que aplican al seguro de desempleo tienen un empleo informal difícilmente detectable. Implementar un seguro de desempleo implica cuantiosos recursos para armar un aparato burocrático que identifique, apruebe, distribuya y supervise que el dinero llegue realmente a desempleados que carecen de recursos para subsistir.
Si en los países desarrollados, con mayor organización y recursos fiscales esa política es una carga que presiona el déficit público, qué podemos esperar en un país donde el ingreso fiscal/PIB es la mitad que en aquellos. Entre más pobre es un país, más desequilibrios causa en sus finanzas ese tipo de programas.
En Estados Unidos el seguro de desempleo se convirtió en una forma de vida, por lo cual lo han restringido y se considera una carga que ha generado más gastos que beneficios. En España y Francia es un refugio de flojos y mañosos, que en lugar de trabajar se la pasan llenando papeleo para calificar en el seguro de desempleo. En todos los países europeos van de regreso de la aventura del seguro de desempleo y si sigue vivo es por el costo político de suprimirlo totalmente. En un país donde hay más trabajadores informales que formales, como México, instrumentarlo crearía un hoyo fiscal difícil de llenar. Aumentaría cada día los inscritos en el seguro de desempleo y reduciría los empleados que con sus impuestos pagan el seguro de desempleo.