Introducci�n

Es generalmente reconocido que los �estados benefactores� en las democracias occidentales, en Europa y Estados Unidos (tambi�n se puede incluir a Jap�n en la lista) enfrentan severas crisis financieras. Las demandas de los electores por transferencias benefactoras, basadas en las expectativas del p�blico sobre la continuidad de los programas corrientes, exceden la recaudaci�n que los mismos electores est�n dispuestos a pagar en impuestos. Existe un desequilibrio entre los dos lados de las cuentas del presupuesto. S�lo en las d�cadas del 80 y del 90 las vulnerabilidades de los expandidos estados benefactores se volvieron crecientemente evidentes, junto con el reconocimiento de que no era sustentable en el largo plazo. El �modelo suizo� con generosos programas de apoyo general a los ingresos, junto con una muy alta presi�n tributaria, fue totalmente transformado de patrones a imitarse en los a�os 60 a patrones a ser evitados en los a�os 90.

No es necesario discutir aqu� los temas en detalle las caracter�sticas institucionales pa�s por pa�s. La crisis en los Estados Unidos, en Espa�a, en Italia, en Alemania, en Suecia, en Jap�n y en otras partes son lo suficientemente similares para permitir una discusi�n que puede aplicarse en general.

En art�culos anteriores y en mi pr�ximo libro adelant� los argumentos en el sentido de que para que sobrevivan las democracias deben intentar preservar la generalidad o cuasi generalidad de los programas de bienestar social y, por el contrario, que la introducci�n de la discriminaci�n abierta a trav�s de m�todos de prueba y objetivos s�lo pueden debilitar el apoyo del p�blico tal vez hasta el punto de hacer insostenible al estado benefactor. Debe surgir una versi�n pol�tica de la �tragedia de los comunes� cuando y si grupos de inter�s identificables se dan cuenta de los beneficios o transferencias particulares que se prometen a trav�s de impuestos discriminatorios crecientes.

Lamentablemente las democracias benefactoras occidentales est�n cambiando en una direcci�n opuesta a la que yo sugerir�a como deseable. Enfrentados con presiones crecientes reclamando por supuestos derechos sobre los fondos recaudados por impuestos acompa�ados por presiones igualmente fuertes en contra de una mayor presi�n tributaria, los l�deres pol�ticos (de todas las extracciones ideol�gicas) son presionados para buscar soluciones seleccionando lo que ellos consideran los objetivos m�s vulnerables. �Por qu� deber�a permitirse a �los ricos�, que pueden haber participado junto con otros en el financiamiento de los programas de bienestar, participar de lo beneficios cuando, claramente, los miembros de este grupo �pueden financiar� su propio retiro y seguro m�dico? No se realiza una distinci�n de categor�as entre un programa de bienestar social general y uno que apoya solamente a los que est�n definidos como �en necesidad�. En t�rminos de las implicancias pol�ticas es importante distinguir entre el �estado benefactor general� y el �estado benefactor discriminatorio�. Y lo que veo que ocurre es que las democracias occidentales que se est�n pasando a esta �ltima con muy poco o ning�n reconocimiento de lo que est� ocurriendo.

En las siguientes l�neas, primero examinar� el desarrollo hist�rico del Estado benefactor de las democracias, seguido de un diagn�stico del dilema en el que los estados benefactores modernos se encuentran. Esto incluye el diagn�stico de algunos de los elementos que durante el �ltimo siglo provocaron crecientes disparidades entre lo que se le pide al Estado y la capacidad de atenderlas. Luego de este diagn�stico, discutir� en m�s detalle la diferencia entre programas generales y discriminatorios. Por �ltimo sugiero que la apertura de la econom�a mundial, determinada tecnol�gicamente, pondr� l�mites al dilema del funcionamiento del Estado benefactor en todos los pa�ses.

El Estado Benefactor en la Historia

Puede ser �til comenzar contrastando las actitudes p�blicas hacia la pol�tica en el siglo XX y en el XVIII. Muchas veces he pedido a la audiencia y a los lectores que se ubiquen mentalmente a fines del siglo XVIII, particularmente como lo representaban David Hume, Adam Smith y los padres fundadores de Am�rica, especialmente James Madison. Estas y otras figuras importantes del Iluminismo no pensaban en t�rminos de c�mo el Estado �la organizaci�n colectiva- pod�a promover el bienestar de los individuos; su principal inter�s radicaba en evitar que el Estado tiranizara a los individuos. �C�mo pod�a la autoridad pol�tica, que ellos reconoc�an que era necesaria para evitar saltar hacia o desde la anarqu�a Hobbsiana? �C�mo pod�a el Estado proveer el marco dentro del cual las personas puedan llevar a cabo sus actividades sin pasar estos l�mites? El tema principal era: c�mo limitar el poder pol�tico. A estos fil�sofos sociales no les interesaba responder a la pregunta: �C�mo puede el Estado activamente promover el bienestar de los ciudadanos?

Es escepticismo del siglo XVIII acerca de la pol�tica y los pol�ticos, en realidad acerca de toda la gobernabilidad pol�tica, desapareci� en el siglo XIX. Podemos identificar varias fuentes que provocaron este cambio. El romanticismo alem�n surgi� para contraponerse al liberalismo cl�sico, y este romanticismo estuvo acompa�ado de la noci�n hegeliana de que el hombre finalmente se realiza a s� mismo por completo solamente en la experiencia colectiva. Una segunda fuente invoca a lo que he llamado �la falacia electoral�. En la �poca hist�rica que estamos viendo, los gobiernos estaban en el proceso de transformarse de monarqu�as autocr�ticas, con una separaci�n clara entre clases aristocr�ticas y rangos inferiores, en democracias electorales. La Revoluci�n Francesa finalmente ocurri� y la soberan�a popular adquiri� significado genuino en las actitudes del p�blico. Era de esperar que este giro produjera una suavizaci�n del escepticismo acerca de la eficacia de la pol�tica como as� tambi�n del comportamiento de los pol�ticos. Si nosotros, el pueblo, podemos deshacernos de los opresores, �Por qu� nos deber�amos preocuparnos por controlar al nuevo poder?

Finalmente, el genio de Karl Marx nunca debe subestimarse. Marx brillantemente contrapuso las implicancias l�gicas de la todav�a incompleta econom�a cl�sica y las caracter�sticas indeseables que se observaban del naciente capitalismo industrial. �l, y sus seguidores, inteligentemente se abstuvieron de una definici�n cuidadosa de la alternativa socialista; de esta manera que la imaginaci�n rom�ntica volara para construir utop�as inviables.

Esta breve historia nos ayuda a entender la motivaci�n del Pr�ncipe Bismarck al introducir el Estado Benefactor al final del siglo XIX. �l le tem�a tanto a la democracia popular como a la revoluci�n marxista, y predijo que los trabajadores industriales podr�an ser mantenidos leales al colectivo �al Estado- si eran sobornados con promesas de seguridad social. En cierta medida Bismarck tuvo �xito; el atractivo de la ideolog�a marxista nunca fue lo suficientemente fuerte para convertirse en una fuerza importante en los pa�ses desarrollados. Pero Bismarck cre�a en el atractivo de los programas de bienestar financiado por el Estado en un marco pol�tico y con una votaci�n abierta, aun incluyendo tanto a los que reciben los beneficios como a los que pagan impuestos.

El siglo XIX se caracteriza por la maduraci�n de las ideas del Estado Benefactor de Bismarck en general, se pas� de transferencias estatales limitadas a transferencias masivas al llegar el final del siglo �un proceso que pudo llevarse adelante sin inhibiciones luego de los desajustes de las dos grandes guerras y de la Gran Depresi�n entre ocurrida entre ellas. El moderno Estado Benefactor lleg� a todo su esplendor s�lo despu�s de la segunda mitad del siglo XX. El hecho de que esto haya ocurrido temporalmente junto con la demanda de recursos de la Guerra Fr�a confirma la popularidad pol�tica de los programas de transferencias fiscales y tambi�n sugiere el desequilibrio potencial cuando y si los compromisos insostenibles hacen cobrar conciencia al p�blico.

�Por no el Estado Benefactor?

Un cr�tico puede estar pronto a preguntar cu�l es el problema. Si las personas a trav�s de sus representantes y partidos elegidos democr�ticamente, eligen gastar algo o inclusive una suma considerable para financiar transferencias fiscales en apoyo de aquellos que necesitan de asistencia social, �por qu� la consecuencia deber�a ser insolvencia pol�tica o del gobierno? �Por qu� es el Estado Benefactor incompatible con la democracia?

Hay dos caracter�sticas distintivas de las modernas democracias que se combinan para generar la incompatibilidad. Primero, de la manera que est�n organizadas las instituciones mayoritarias de la democracia, las decisiones pol�ticas no se toman por consenso de todas las personas o por sus representantes. En cambio, las decisiones se toman a trav�s de acuerdos de organizaciones de coaliciones mayoritarias que ejercen la autoridad para tomar decisiones involucrando a todos los miembros de la comunidad pol�tica. La �l�gica natural� de la regla de la mayor�a implica trato diferencial o discriminatorio hacia aquellas personas o grupos que est�n en minor�a. Por s� misma esta caracter�stica discriminatoria de la regla de la mayor�a no tiene por qu� crea problemas mayores si las coaliciones mayoritarias rotaran en ciclos electorales secuenciales y si la explotaci�n de las minor�as se mantienen dentro de l�mites a trav�s de restricciones operativas.

Sin embargo, cuando se identifica una segunda caracter�stica �una que es ampliamente descriptiva de los Estados Benefactores modernos- se siembran las semillas de la insolvencia fiscal o de una revuelta fiscal. Si las coaliciones mayoritarias est�n autorizadas a iniciar acciones fiscales que no s�lo implementan transferencias entre distintos grupos o clases de ciudadanos dentro del ciclo electoral temporalmente definido, sino que tambi�n implica que las transferencias fiscales continuar�n en los per�odos subsecuentes de dominio electoral, puede dar lugar a una creciente presi�n de obligaciones. La rotaci�n de la autoridad pol�tica entre coaliciones de mayor�as que se alternan no tender� a autocorregirse.

Considere el siguiente ejemplo ilustrativo. Una coalici�n mayoritaria, llamada A, ejerce su autoridad constitucional y comienza un programa de derechos por el cual se designan a todos los miembros de alg�n grupo, t, como beneficiarios de una transferencia fiscal. Si estas transferencias se autorizan s�lo por un per�odo, o per�odo tras per�odo, no surge ninguna dificultad particular. Una coalici�n alternativa, llamada B, podr�a, cuando llega al poder, simplemente eliminar la transferencia hacia los miembros de t o elegir a otro grupo que se beneficie de ella. Sin embargo, en el moderno Estado Benefactor, un programa de beneficios con final abierto se interpreta ampliamente como que implica que, una vez elegido como grupo beneficiado por transferencias fiscales, los miembros de dicho grupo tienen derechos leg�timos sobre la recaudaci�n de todos los per�odos futuros. La pol�tica moderna procede c�mo si la aprobaci�n de un programa de gastos de beneficencia implicara dos componentes distintos: (1) transferencias fiscales durante el per�odo de aprobaci�n de la ley y (2) promesas u obligaciones para realizar transferencias similares en los per�odos siguientes. Es como si se hubiese creado una deuda que encierra una obligaci�n de parte de la unidad pol�tica a hacerse cargo de los reclamos de todos los que inicialmente fueron elegidos como beneficiarios de las transferencias.

Considere la situaci�n que enfrenta la coalici�n mayoritaria alternativa, B, en este escenario. Negarse a cumplir con los reclamos de los miembros de t, el grupo beneficiado, equivale a incumplimiento de la deuda p�blica. Antes que seguir este curso de acci�n suicida, la coalici�n simplemente cumplir� con los reclamos y, por su propia iniciativa, buscar� satisfacer a sus respaldos pol�ticos estableciendo un nuevo programa de transferencias. Cualquier intento de disminuir el tama�o de las transferencias, dentro de las democracias modernas, se vuelve imposible debido a la combinaci�n del poder de la mayor�a por un lado y las supuestas deudas por otro.

�Por qu� ahora?

Es relativamente f�cil identificar los elementos involucrados en el desarrollo tanto de las instituciones pol�ticas como de la actitud del p�blico hacia estas instituciones que han llevado los problemas a dimensi�n de crisis en los �ltimos a�os del siglo XX y que hace m�s dif�cil una soluci�n satisfactoria de estos problemas. Primero de todo, esta es la arrogancia fatal del socialismo (Hayek 1988) que encierra la separaci�n entre producci�n y consumo de los bienes econ�micos (Buchanan 1993). La arrogancia lleva directamente al aumento del Estado Benefactor, que por lo general se defiende con un argumento basado en el supuesto de que las demandas de derechos sobre los bienes econ�micos reflejadas en las transferencias fiscales se apoyan en un stock pre-existente inagotable y continuo. El final de los grandes experimentos socialistas, a trav�s de las revoluciones comprendidas ente 1989-91, contribuyeron mucho a modificar esta arrogancia fatal, pero todav�a se mantienen residuos en el comportamiento pol�tico y del p�blico.

En segundo lugar est� la ilusi�n keynesiana que fue especialmente importante en las d�cadas cr�ticas de mitad del siglo cuando se form� el estado benefactor. En una formaci�n mental que implica una separaci�n total entre el an�lisis del funcionamiento macroecon�mico y la pol�tica de la implementaci�n, se adelantaron argumentaciones que parec�an ofrecer una supuesta justificaci�n a favor de una financiaci�n del d�ficit por encima de lo que surge de los principios cl�sicos de finanzas s�lidas (Buchanan y Wagner, 1977). La menor preocupaci�n acerca de la creaci�n de medidas de d�ficit fiscal expl�citas implica a su vez una menor preocupaci�n acerca de las deudas impl�citas de los programas de transferencias sin una finalizaci�n determinada. Adem�s, inclusive si los reclamos en per�odos futuros sobre la recaudaci�n fiscal son plenamente reconocidos, la falta de preocupaci�n sobre el d�ficit fiscal inspirada en Keynes provoca aceptaci�n en vez de oposici�n. Si las estructuras no permiten generar la suficiente recaudaci�n fiscal para cumplir con las demandas, �por qu� no financiar estos reclamos emitiendo m�s deuda?

Las dos primeras fuentes de stress fiscal implican errores de razonamiento �mala ciencia- que tienen influencias importantes en la formaci�n de la acci�n pol�tica. Surgen elementos exacerbantes adicionales de los cambios estructurales a partir de las cuales surgi� el Estado Benefactor durante la segunda mitad del siglo y que estar�n sujetos a cambios en las pr�ximas d�cadas. La tercera fuente de stress fiscal es familiar, surge del cambiante perfil generacional de todos los Estados Benefactores de Occidente. En todos los pa�ses una parte muy importante de las transferencias es la que cae sobre el ingreso productivo y lo pasa a los que se han retirado del trabajo productivo. Estos sistemas se basan en estructuras de transferencias, y, como tales, la tasa tributaria que se requiere para financiar cualquier nivel de pago a los retirados depende fundamentalmente de la relaci�n proporcional de estos dos grupos. Si la poblaci�n crece ya sea por mayor tasa de natalidad o por inmigraci�n, los pagos de las jubilaciones pueden mantenerse e incrementarse sin crear presiones presupuestarias impropias. Si, por el contrario, el crecimiento de la poblaci�n es lento y toda la poblaci�n vive m�s, la tasa tributaria necesaria para mantener los niveles de jubilaci�n existentes se vuelven intolerables. Y, como todo el mundo sabe, esta relaci�n se est� moviendo en la direcci�n incorrecta en los Estados Benefactores de Occidente, casi todos ellos tienen estructuras de pensiones basadas en transferencias masivas.

Un elemento final que merece una menci�n especial aqu� se aplica directamente al segundo mayor gasto en el moderno Estado Benefactor: el financiamiento del gasto en salud. En este caso las demandas tiende a ser ilimitados en el tiempo en amplio contraste con las jubilaciones, estas demandas no est�n definidos objetivamente en unidades monetarias. Por el contrario, las demandas se hacen en especien (cuidado m�dico) que debe proveerse por una industria. Dejando de lado los temas de moral involucrados, la traducci�n necesaria de servicios a costos puede hacerse sin mayores dificultades en un contexto donde la tecnolog�a no cambia o lo hace muy lentamente. Pero, si la tecnolog�a cambia r�pidamente, y si los cambios implican costos crecientes, hay un elemento inflacionario interno en el programa, casi independientemente de c�mo se lleve a cabo la provisi�n de los servicios. La dificultad se vuelve m�s severa si los miembros de la sociedad, como beneficiarios potenciales de los servicios, como as� tambi�n sus agentes pol�ticos, quedan a merced de los �expertos� de la industria proveedora para definir qu� es y qu� no es un servicio adecuado. Con los desarrollos en la medicina moderna hacia el final del siglo, parece poco probable que una reorganizaci�n de los programas de salud puedan asegurar que los gastos ser�n suficientes para acompa�ara al avance tecnol�gico.

El Estado Benefactor General y la Eficiencia Pol�tica

Voy a resumir la argumentaci�n anterior. He sostenido que el funcionamiento de una democracia mayoritaria en un marco constitucional que permite la introducci�n de supuestos derechos debe producir un fuerte aumento en los programas de transferencias. Luego he identificado algunas fuentes que han intensificado la presi�n fiscal hacia el final del siglo. Estas falsas ideas se resumen en la arrogancia fatal de la ilusi�n del socialismo y del keynesianismo que fracasaron en visualizar apropiadamente las consecuencias de largo plazo de las medidas adoptadas. Estas consecuencias son, a su vez, m�s serias de lo que hubieran sido debido a la mayor esperanza de vida de la poblaci�n en las democracias occidentales y debido al explosivo desarrollo de la tecnolog�a en la medicina.

Los argumentos que realic� dan una explicaci�n a las crisis que se enfrentar�n hacia finales del siglo. Hay dos maneras en que los Estados pueden responder, y ya he expresado mi temor de que las respuestas sean en el camino errado y no en el correcto. Es �til clarificar m�s la distinci�n.

El Estado Benefactor de Bismarck puede describirse con precisi�n como general o cuasi-general en sus caracter�sticas b�sicas. Con estos t�rminos me refiero al hecho de que los programas han sido financiados a trav�s de impuestos generales en su mayor parte, y que los beneficios tambi�n se otorgaron en otorgaron en forma general en vez de hacerlo en forma discriminatoria o diferencial. Considero que los sistemas de retiro de reparto se basaron en criterios cuasi generales. Estas estructuras implican, en realidad, transferencias de un grupo hacia otro. Pero se mantiene la generalidad en el sentido que todas las personas tienen esperanzas de calificar para recibir una jubilaci�n porque todas las personas (que sobreviven) se vuelven viejas. Los programas de salud tienen las mismas caracter�sticas, no todas las personas se enferman, pero todas las que se enferman califican para recibir un subsidio de programas financiados por el Estado.

La generalidad o cuasi generalidad es un elemento cr�tico importante para determinar la eficiencia pol�tica de qui�nes se beneficiar�n con los programas de bienestar social. Considere la situaci�n que enfrenta un miembro de una coalici�n mayoritaria exitosa, o su partido pol�tico, al tener que elegir entra al�cuotas de impuestos y gastos para tal o cual programa, incluyendo la manera de elegir como pueden rescatarse esos programas de caer en un caos fiscal. Un aumento en la al�cuota general de los impuestos necesariamente se aplica a todos los miembros de la sociedad incluyendo a aquellos que forman parte de la coalici�n mayoritaria. No se tratar� un aumento de los impuestos como una carga para la minor�a que no est� en el poder y lo mismo ocurrir� con los cambios en los beneficiarios. En un sistema general o cuasi general, las elecciones pol�ticas no pueden reflejar un tratamiento diferencial o discriminatorio entre grupos separados de gobernantes.

La generalidad o cuasi generalidad puede llegar a mantenerse en respuesta a una crisis fiscal modificando las tasas de impuestos y/o las tasas de transferencias para todos los miembros de la sociedad. Por ejemplo, las jubilaciones basadas en un esquema de transferencias puede hacerse solvente incrementando la presi�n tributaria general, disminuyendo los jubilaciones a todas las personas, cambiando la edad en que se jubila la gente o alguna combinaci�n de las tres anteriores. La eficacia pol�tica de toda la estructura se incrementa porque, en cualquiera de estos cambios, todas las personas y grupos comparten el ajuste. La ventaja es peque�a o nula para asegurarse ser miembro de la coalici�n pol�tica mayoritaria.

Estas reformas se pueden contrastarse dram�ticamente con las que violan el principio de generalidad o cuasi generalidad y reflejan una respuesta a la crisis fiscal a trav�s de la introducci�n o ampliaci�n de un trato discriminatorio tanto en los impuestos como en las transferencias. Tomemos como ejemplo la introducci�n de promedios para determinar si una persona califica o no para acceder a una jubilaci�n. Si las personas que tienen un ingreso o acumulan una riqueza que superan ciertos l�mites definidos no califican para acceder a la jubilaci�n, a pesar de haber estado pagando los impuestos durante su vida laboral, necesariamente considerar�n que el sistema es explotador. Ocurrir�n cambios de actitud similares si se aumentan los impuestos s�lo a algunos miembros del programa y dejando a otros con impuestos reducidos. Los discursos pol�ticos se concentrar�n en los conflictos de distribuci�n entre las distintas clases, y el juego pol�tico mismo se convertir� en una fuente de formaci�n de conflicto de clases.

Cualquier intento de modificar el Estado Benefactor moderno que se aleje de programas generales o cuasi generales de ayuda crear� incentivos para que los pol�ticos inviertan recursos en organizar coaliciones mayoritarias. Si los programas del Estado Benefactor comienzan a ser considerados como medios a trav�s de los cuales, aquellos que son exitosos pol�ticamente, pueden asegurarse ganancias a costa directa de los que no son exitosos pol�ticamente, el desperdicio de recursos involucrado en la b�squeda de la renta de la mayor�a crecer� sustancialmente. En este escenario pol�tico, el Estado Benefactor occidental como lo conocemos no sobrevivir�. Un Estado Mezclador, como fue definido provocativamente por Anthony de Jasay (1985), reemplazar� al Estado Benefactor, tal vez no en el nombre pero si en la realidad.

Los Estados Benefactores Democr�ticos y la Econom�a Globalizada

Llegados a este punto, la discusi�n ha transcurrido bajo el presupuesto impl�cito de que las distintas unidades nacionales son totalmente aut�nomas una de las otras. Como se hizo notar antes, el problema de las democracias de bienestar maduras son significativamente similares, a tal punto que la discusi�n general son igualmente aplicables en todas las naciones. Sin embargo, el punto que ahora quiero enfatizar es que los distintos Estados nacionales, como unidades pol�ticas, no son aut�nomos, y las fuerzas competitivas generadas en un mundo econ�mico crecientemente integrado impone restricciones al conjunto de opciones pol�ticas como as� tambi�n en las direcciones de los cambios perseguidos por cada uno de los Estados.

Cualquier programa de bienestar, involucrando tanto impuestos como transferencias, es econ�micamente ineficiente en el sentido restringido y convencional. Puede producirse una canasta m�s grande (y de mayor valor) de bienes y servicios si no existiera un proceso de transferencia a trav�s de los impuestos. Por supuesto, las ineficiencias de este tipo, pueden ser disfrazadas como costos que son superados por los beneficios que un programa de bienestar social promete como mejor a un objetivo alternativo �seguridades sociales de distintas formas.

M�s all� y por encima de estas ineficiencias econ�micas, familiarmente conocidas como cargas excesivas, los sistemas de bienestar social pueden crear ineficiencias pol�ticas en varios grados de importancia. Y, como se dijo anteriormente, la estructura de un programa de bienestar social en s� misma puede generar su propia p�rdida de eficiencia. En la medida que un programa hace diferencias entre clases o grupos, ya sea por el lado de los impuestos o por el lado de las transferencias, se generan incentivos adicionales para invertir en esfuerzos que aseguren un tratamiento favorable y que protejan de los desfavorables. La ineficiencia pol�tica se da a trav�s de la b�squeda de renta de la mayor�a (Buchanan 1995) y se puede medir por la cantidad de recursos destinados al intento de organizar y reunir a las coaliciones de mayor�as dominantes en posici�n de autoridad pol�tica.

La ineficiencia pol�tica no se elimina totalmente en un Estado Benefactor que se sujete a normas generales o cuasi generales. Pero cerrando las fuentes m�s importantes de discriminaci�n las ganancias y p�rdidas deben seguramente detener el despilfarro masivo que de otra manera se podr�a predecir que ocurrir�a. Pero, �qu� es lo que puede surgir para impedir que las fuerzas naturales de las pol�ticas internas no se encaminen por un sendero discriminatorio? Aqu�, por lo menos me parece a m�, puede surgir una competencia entre unidades nacionales, real o potencial que proteja inclusive a las mayor�as pol�ticas contra el exceso l�gicamente impl�cito de un batido de distribuci�n.

Las democracias occidentales, junto con otros pa�ses desarrollados, est�n crecientemente abiertas al flujo de comercio y de movilidad de capital de la era de la electr�nica. Los cuadros de las ligas internacionales van desapareciendo lentamente de la prensa y la CNN ofrece a cualquiera y en cualquier parte lo que est� ocurriendo en cualquier lugar. Una coalici�n mayoritaria que encuentra que sus pol�ticas producen p�rdidas comparadas internacionalmente no se podr� mantener en el poder. Por supuesto, el tama�o relativo cobra importancia en este punto. Las presiones, digamos sobre Nueva Zelanda, para transformar su sobredimensionado Estado Benefactor durante la d�cada del 80 eran naturalmente superiores que las presiones, digamos de los Estados Unidos durante la d�cada del 90. Sin embargo, parece apropiado concluir que ning�n Estado moderno puede mantenerse muy ineficiente debido al exceso de sus conflictos distributivos internos. El dilema de las condiciones en el cual todos los grupos pierden en un sentido de costo de oportunidad ser� demasiado obvio; se llevar�n a cabo reformas constructivas que restauren la generalidad al menos en alguna medida, aunque tambi�n puede ser una consecuencia necesaria reducciones en los programas.

Las fuerzas por la competencia se oponen naturalmente a las fuerzas de la cartelizaci�n, y estas fuerzas compensadoras operan tanto en el terreno nacional como en el internacional. Los defensores de un Estado Benefactor sobredimensionado y discriminatorio har�n esfuerzos para asegurar acuerdos internacionales que aseguren grados comparables de subsidios en los distintos pa�ses, y de esta manera apuntan a eliminar las presiones competitivas.

Europa merece un p�rrafo especial en relaci�n a esto, dado que el peligro de una centralizaci�n efectiva parece muy real. Mi propia interpretaci�n es que Europa, al comienzo de la d�cada del 90, perdi� su �nica oportunidad hist�rica de organizarse en un genuino federalismo competitivo (ver Buchanan, 1990b, 1997a). La visi�n dirigiste, que surge de Bruselas y ser refleja en los t�rminos del Tratado de Maastricht, parece haberse impuesto. Y los distintos estados naciones dejaron de competir unos con otros en la red integrada de intercambio europea. Ha habido una falla general para entender la diferencia fundamental entre una uniformidad emergente de un proceso competitivo y una uniformidad impuesta como medio de evitar que este proceso competitivo ocurra.

Se puede anticipar que una Europa en que los Estados Benefactores separados est�n centralizados perder� en la comparaci�n internacional con los pa�ses de Asia, Am�rica Latina e inclusive Norte Am�rica que reforman sus programas sociales en una l�nea que disminuye el despilfarro de recursos que provoca la competencia por la b�squeda de renta. El �modelo social� que muchos europeos sostienen que es superior en comparaci�n con los Estados benefactores m�s limitados de otros lugares no ser� econ�micamente viable en el siglo XXI.

Conclusi�n

Me he concentrado casi exclusivamente en los elementos que provocan las crisis econ�micas fiscales que confrontan las democracias de Occidente debido a los compromisos insostenibles de varios programas de transferencias de seguridad social. No he analizado todo el conjunto de temas importantes que pueden empeorar en vez de atenuar las crisis fiscales m�s leves. Me refiero aqu� a la continua y saludable disipaci�n de lealtades de unidades pol�ticas nacionales hist�ricamente definidas (naciones estado) junto con las implicancias de un gobierno democr�tico centralizado. Federalismo, descentralizaci�n, privatizaci�n, comunitarismo, sociedad civil, estos t�rminos est�n en el aire y sus puntos comunes impl�citos no sugieren que los Estados Benefactores, como los conocemos hoy, puedan sobrevivir. Mi punto central es s�lo sugerir que la supervivencia es posible s�lo si se conserva la generalidad. Como he afirmado en varias ocasiones, el Estado Benefactor puede sobrevivir si se pone un l�mite a s� mismo en general; el Estado Benefactor de transferencias discriminatorias no sobrevivir�. Si los l�deres pol�ticos modernos se mueven estrictamente dentro del redistribucionismo, enfrentar�n una rebeli�n tributaria en detrimento de los m�s necesitados de apoyo estatal. En la democracia, los �pobres� pueden transitar con otro en el carruaje, no pueden esperar transitar solos, al menos de una manera confortable.