Gustavo Coronel fue miembro de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela (1976–1979) y, como presidente de la Agrupación Pro Calidad de Vida, representó a Venezuela en Transparencia Internacional (1996–2000). Cortesía de Cato Institute para Asuntos Capitales.
Antecedentes
En 1813, Simón Bolívar, mientras luchaba en la guerra de independencia contra España, firmó un decreto en el que estipulaba la pena de muerte para quienes fueran hallados culpables de corrupción en la primera República de Venezuela. En 1824, firmó un segundo decreto, y un tercero en 1826, en los que definía la corrupción como “la violación del interés público” y establecía la pena de muerte para “todo funcionario público culpable de robar diez pesos o más”. El segundo artículo del decreto de 1824 rezaba: “Los jueces, quienes debiendo ejecutar este decreto no lo hagan, serán también ajusticiados” . Sin embargo, la historia de Venezuela en los últimos 180 años estuvo caracterizada por la presencia incesante e intensa de la corrupción en la administración pública. En 1875, el Ministerio de Finanzas venezolano, durante la dictadura de Antonio Guzmán Blanco, confesó: “Venezuela no sabe cuánto debe y a quién.... los libros del país tienen un atraso de 20 años…”. Cien años más tarde, durante la presidencia de Luis Herrera, el contralor general describía la administración pública de su país casi en los mismos términos, como “un sistema totalmente fuera de control” .
La dictadura de Juan Vicente Gómez, que se extendió entre 1909 y 1935, fue un período durante el cual el ejercicio de la corrupción se limitó a los colaboradores más cercanos al dictador y a sus familiares y amigos cercanos, ya que Gómez no precisaba elecciones para continuar en el poder y dirigía Venezuela como su hacienda personal. Los diez años que siguieron a su muerte constituyeron la primera década de verdadera democracia y transparencia en el sector público venezolano, gracias a sus sucesores, los generales E. López Contreras e I. Medina Angarita, líderes profundamente democráticos a pesar de su trayectoria militar en el ejército de Gómez.
El general Medina Angarita fue depuesto en 1945 por un golpe de estado del partido Acción Democrática, respaldado por jóvenes oficiales del ejército. Entre 1945 y 1948, Acción Democrática llevó adelante, durante tres años, un gobierno bastante transparente bajo las breves presidencias de Rómulo Betancourt y del famoso novelista Rómulo Gallegos. En 1948, los jóvenes militares que habían apoyado a Acción Democrática tres años antes derrocaron a Gallegos. El líder del golpe, Marcos Pérez Jiménez, instituyó una dictadura militar que duró diez años. Durante esa década, la corrupción era considerable pero, en general, tal como durante los años de Gómez, se limitaba al círculo más cercano al dictador y se relacionaba, más que nada, con las comisiones que se obtenían mediante la contratación de obras públicas. La infraestructura del país recibió un fuerte impulso con la construcción de caminos, hospitales, universidades y edificios públicos.
El creciente descontento de los oficiales del ejército excluidos del acceso a los fondos públicos venezolanos promovió una revuelta popular en 1958 que logró expulsar a Pérez Jiménez del poder. A partir de entonces, Venezuela no sufriría otro golpe ni intento de golpe de estado hasta 1992, cuando Hugo Chávez trató, sin éxito, de derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Entre 1958 y 1999, Venezuela tuvo más de diez presidentes elegidos democráticamente. Durante la primera mitad de este período, entre 1958 y 1975, el país experimentó una sucesión de gobiernos democráticos y gozó de un nivel aceptable de transparencia en la gestión de los activos nacionales. La consolidación de la democracia venezolana y la promoción de una sociedad caracterizada por una sólida clase media emergente fue el resultado de la gestión de los presidentes Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera y, por parte de su mandato, de Carlos Andrés Pérez. Durante estos años, la democracia venezolana se convirtió en el modelo político a ser imitado en América Latina, comparado favorablemente por los analistas expertos en el tema con las dictaduras de izquierda y derecha aún presentes en el hemisferio.
A mediados de la década de 1970, el manejo de los bienes nacionales venezolanos comenzó a deteriorarse drásticamente. Los acontecimientos políticos en el Oriente Medio produjeron un incremento abrupto en los precios mundiales del petróleo y, como resultado, los ingresos petroleros se triplicaron en Venezuela. Los hombres ordinarios al frente del gobierno de Venezuela se vieron expuestos a tentaciones financieras extraordinarias. Enfrentado con estas ganancias inesperadas, el presidente Pérez estructuró un programa que denominó “La gran Venezuela”. Según este plan, una versión tropical del “Gran Salto Adelante” de Mao, el gobierno invertiría cerca de 2.000 millones de dólares en proyectos industriales en el sur del país, diseñados para triplicar la producción de acero en cinco años y construir nuevas plantas de aluminio. En un momento determinado, existían más de 300 empresas estatales en Venezuela, ninguna de las cuales era rentable. Durante la segunda mitad del mandato de Pérez, como resultado de los caudalosos ingresos provenientes del petróleo, la corrupción se disparó y se “democratizó”. Hasta aquel momento, la corrupción se había restringido, esencialmente, al círculo a cargo del poder; ahora, por el contrario, muchos venezolanos comenzaron a participar, en forma directa e indirecta, del abuso y uso indebido de los fondos públicos. Al final de la presidencia de Pérez, y a pesar de los ingresos inesperados provenientes del petróleo, Venezuela se había endeudado con los bancos internacionales.
Entre 1975 y 1998, los niveles de corrupción en Venezuela aumentaron de manera casi constante y se mantuvieron elevados. Especialmente grave fue el período de la presidencia de Jaime Lusinchi, de 1984 a 1994. En su estudio sobre corrupción, la socióloga Ruth Capriles Méndez, de la Universidad Católica Andrés Bello, estima que, durante su presidencia, hubo un uso indebido y deshonesto de unos 36.000 millones de dólares , en especial a través del programa de control del tipo de cambio denominado RECADI (Régimen de Cambios Diferenciales). Diversos factores contribuyeron al incremento drástico de la corrupción:
La visión benevolente de la corrupción que prevaleció en aquellas décadas puede ilustrarse mediante el fallo judicial de un caso de corrupción ocurrido en 1982 en el Ministerio de Agricultura de Venezuela: el tribunal a cargo lo desestimó sosteniendo que “la suma en cuestión [aproximadamente 20.000 dólares] era demasiado pequeña en relación al presupuesto total del Ministerio” .
En 1997, Pro Calidad de Vida, una organización no gubernamental (ONG) venezolana dedicada a la lucha contra la corrupción estimó que en los últimos 25 años se habían malgastado o robado aproximadamente 100.000 millones de dólares del ingreso relacionado con el petróleo .
La entrada en escena de Hugo Chávez
Al acercarse el final del siglo XX, Venezuela estaba lista para un cambio político profundo. Las elecciones presidenciales de diciembre de 1998 le dieron la victoria a Hugo Chávez. Tanto él como su principal adversario, Henrique Salas Romer, habían prometido un corte radical con la política anterior, basada en un sistema en el cuál dos partidos se alternaban en el poder, con niveles elevados de ineficiencia burocrática y corrupción. Durante la campaña, la plataforma de Chávez consistió en tres propuestas fundamentales: convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, eliminar la corrupción gubernamental y luchar contra la exclusión social y la pobreza. Su rival, Salas Romer, condenó la propuesta de una nueva constitución por populista. A pesar de su excelente desempeño como gobernador del estado de Carabobo, la población percibía a Salas Romer como un reformista convencional, mientras que Chávez tenía la imagen de portavoz de las mayorías pobres y oprimidas. Sin duda, en un país con 60% de pobreza y 30% de indigencia en el momento de las elecciones, las promesas de Chávez de eliminar la corrupción gubernamental y luchar contra la pobreza fueron factores decisivos en su triunfo .
Chávez había prometido concentrarse en las cuestiones políticas antes de abocarse a las cuestiones sociales y económicas. En su discurso inaugural , Chávez abogó por una “revolución política” e inició un proceso que llevaría, durante 1999, a la eliminación progresiva de la mayoría de las instituciones políticas existentes, entre ellas el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Junta Electoral. A fines de 1999, estas instituciones se habían disuelto y reemplazado por otras nuevas, administradas por seguidores de Chávez. En una carta a la Corte Suprema, con fecha de abril de 1999, Chávez había amenazado a los jueces diciendo que el pueblo tomaría represalias si no actuaban según sus propios deseos . En la misma carta, señalaba “el principio de la exclusiva autoridad presidencial en la conducción del Estado”, con el cual, aparentemente, se ubicaba por encima de la ley. Durante el mismo año, Chávez comenzó a violar la constitución vigente. En julio de 1999 promovió a 33 oficiales del ejército obviando la decisión del Senado, el cual según el artículo 150 de la constitución, tenía la autoridad para autorizar promociones. El diputado Jorge Olavarría denunció abiertamente esta violación el Día de la Independencia en un discurso ante el Presidente, su gabinete y el cuerpo diplomático . En su discurso, Olavarría pidió un juicio político para Chávez; sin embargo, como era de esperarse, esto no ocurrió.
El nuevo gobierno se pronuncia sobre la corrupción
En noviembre de 1999, el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, dio un discurso en el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE), un think tank ubicado en Caracas, durante un seminario sobre “Economía y Corrupción” celebrado en la misma ciudad . En este discurso, Rangel presentó lo que fue considerado como la posición oficial del nuevo gobierno en lo relativo a la corrupción. Esta posición puede resumirse de la siguiente manera:
Casi ocho años han pasado desde que José Vicente Rangel, quien es aún la segunda persona más influyente del gobierno de Hugo Chávez, pronunciara ese discurso. Aquellos nos ha dado un lapso más que suficiente para evaluar el desempeño del régimen de Chávez en relación con uno de sus objetivos principales, el de eliminar la corrupción.
El desempeño financiero del gobierno de Hugo Chávez: un panorama general
En los ocho años transcurridos desde el ascenso de Hugo Chávez al poder, se estima que 130.000 millones de dólares de ingresos netos proveniente del petróleo (después de deducir los costos de la producción petrolera) entraron en el tesoro nacional, si bien la cifra podría llegar hasta 180.000 millones. El amplio rango de las estimaciones se debe a la falta de información confiable sobre la producción y el ingreso petrolero en Venezuela desde 2001. Petróleos de Venezuela, la corporación petrolera gubernamental, dejó de publicar sus estados financieros anuales consolidados en 2003 y envió la última documentación a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en 2005, con un atraso de dos años, ya que las cifras correspondían a 2003. Durante el mandato de Chávez, la deuda nacional de Venezuela, interna y externa, ha subido de 21.000 millones de dólares en 1998 a unos 41.000 millones de dólares en 2005. Además, el gobierno anunció este año una nueva emisión de bonos por hasta 4.000 millones .
Por lo tanto, gracias al petróleo y al nuevo endeudamiento, el gobierno de Chávez ha recibido, hasta el tercer trimestre de 2006, entre 175.000 y 225.000 millones de dólares. Esta cifra no incluye todas las demás fuentes de ingresos, como el impuesto sobre la renta. El presupuesto nacional para 2006 asciende a 40.100 millones de dólares; 47% del ingreso proviene de las ventas de petróleo, y el resto, del impuesto sobre la renta y otras fuentes (como la nueva deuda y un ingreso extraordinario de unos 5.000 millones de dólares debido a la confiscación de reservas de divisas del Banco Central de Venezuela).
Con el tiempo el manejo de estos cuantiosos recursos se ha hecho menos transparente. Tanto Petróleos de Venezuela como el Banco Central han tenido que transferir sumas importantes de dinero directamente al FONDEN, un “fondo de desarrollo” creado en 2005 por decreto presidencial, y al BANDES, un banco de desarrollo creado en 2001, dos entidades que responden únicamente al Presidente Chávez. En paralelo a esta gestión irregular de los fondos públicos, el gobierno de Chávez desmanteló el Fondo de Estabilización Macroeconómica, creado por el gobierno venezolano en 1998 para proteger la estabilidad de las finanzas públicas nacionales en tiempos de precios bajos del petróleo. Además, entre 2001 y 2005, el gobierno de Chávez retiró activos del fondo, por un monto superior a los 3.000 millones de dólares, para utilizarlos en gastos corrientes. A continuación, se analizan algunas de las principales irregularidades en la gestión de fondos públicos por parte del gobierno de Hugo Chávez.
Transferencias de dólares al exterior realizadas por el gobierno
Según el Banco Central de Venezuela, desde 2004 el gobierno de Chávez ha transferido cerca de 22.500 millones de dólares a cuentas en el extranjero. De esta suma, unos 12.000 millones nunca se justificaron . José Guerra, analista financiero y ex funcionario del Banco Central entrevistado para este informe, sostiene que el gobierno de Chávez utilizó ese dinero “para comprar lealtades políticas en la región, a fin de consolidar su proyecto político, y parte se donó a Cuba y Bolivia, entre otros países”. Guerra agregó que, de realizarse, un análisis más detallado podría señalar que las sumas transferidas al exterior son mucho mayores, ya que tampoco se ha llevado a cabo una rendición de cuentas de los saldos por cobrar por ventas de petróleo a países políticamente afines.
Las reservas de oro probablemente extraídas del Banco Central de Venezuela
Informes realizados por Militares Democráticos, un grupo de oficiales del ejército ya retirados que, en general, se opone al gobierno de Hugo Chávez, sostienen que esta administración ordenó el transporte de una porción importante de las reservas nacionales de oro del Banco Central a Fuerte Tiuna , la guarnición militar que se convirtió en la fortaleza de Chávez. Los informes citan la aseveración del general Jorge Luis García Carneiro de que el oro se transfirió “por orden directa de Hugo Chávez”. De confirmarse, esta información generaría un cuestionamiento sobre la transparencia del acto.
La confiscación de 5.000 millones de dólares de reservas monetarias internacionales
En junio de 2005, la Asamblea Nacional, controlada por Chávez, modificó la ley que regula el Banco Central de Venezuela de tal manera que el gobierno de Chávez pudiera confiscar lo que definía como un “exceso de reservas” . Bajo las resoluciones de esta modificación arbitraria, cerca de 5.000 millones de dólares se transfirieron del Banco Central al poder ejecutivo, para utilizarse en programas de gobierno, fuera de los canales presupuestarios normales. La falta de controles financieros y el desvío de reservas de divisas para gasto público ordinario han generado inflación y erosionado la confianza de los inversionistas internacionales en la estabilidad financiera del país.
La creación de un Banco de Desarrollo, un Banco del Tesoro y un Fondo de Desarrollo que operan sin transparencia o socavan la independencia del Banco Central.
En 2001, por decreto presidencial, el gobierno creó el BANDES, un banco de desarrollo dependiente del Ministerio de Finanzas, y, en 2005, la Asamblea Nacional, controlada por Chávez, creó un fondo de desarrollo, el FONDEN, para gastar el “exceso” de reservas de divisas. Ambas instituciones están bajo el control absoluto del gobierno de Chávez y no están sujetas a ningún tipo de supervisión o revisión independiente. El fondo debía llegar a tener hasta 6.000 millones de dólares para ser utilizado a discreción del poder ejecutivo. No obstante, para mediados de 2005, este fondo ya contaba con 7.500 millones de dólares provenientes de fuentes no especificadas, probablemente de Petróleos de Venezuela y del Banco Central, las únicas instituciones que tienen sumas de dinero tan importantes en su sistema. El dinero, según Nelson Merentes, Ministro de Finanzas, se utilizaría para “infraestructura” y proyectos sociales. La verdad es que el dinero de este fondo se convirtió en un presupuesto paralelo y está utilizándose sin ninguna transparencia ni necesidad de aprobación legislativa. Esta situación deriva, casi inevitablemente, en corrupción a gran escala. El Ministerio de Finanzas estableció una meta para el fondo de 17.000 millones de dólares a alcanzarse a fines de 2006.
En 2005, además, se creó un nuevo Banco del Tesoro para recaudar algunos de los impuestos y derechos aduaneros que normalmente recaudaría el Banco Central, el tesoro nacional, o ambos. La decisión de crear este banco, según señala Manuel Suárez-Mier en un informe del Bank of America fechado el 12 de agosto de 2005, “garantiza virtualmente que cualquier semejanza con un banco central independiente en Venezuela se desvanecerá y representa un mayor debilitamiento del panorama institucional del país” .
Pérdidas y quiebra en el Banco Central de Venezuela
Miguel Octavio, editor de noticias financieras de BBO Weekly, estima que las pérdidas totales del Banco Central de Venezuela, sólo durante 2006, ascienden a casi 2.000 millones de dólares, a causa de las operaciones crediticias de mercado abierto para reducir la liquidez monetaria. Esta liquidez, afirma Octavio, se creó “sobre la base de reservas que ya no están en manos del Banco Central. Por lo tanto, éste no recibe los suficientes retornos de sus inversiones para pagar todo el interés devengado por estos instrumentos” . Oscar García Mendoza, banquero activo en Caracas, denunció el retiro de 6.000 millones de dólares del Banco Central y afirmó que, técnicamente, la medida dejó el banco en quiebra. El gobierno no repuso el retiro, y es poco probable que lo haga en el futuro. García Mendoza demandó al gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia exigiendo que el gobierno central compensara al banco por el retiro, pero teme que el gobierno resolverá la situación con una devaluación importante del Bolívar. De ser así, sostiene, “Sería un robo (...) devaluar es robar”.
Acuerdos favorables para bancos leales en la adquisición de bonos latinoamericanos
Según el Financial Times, un selecto grupo de bancos privados venezolanos está beneficiándose de la adquisición de bonos argentinos por parte del gobierno de su país, a expensas del tesoro nacional . El Financial Times entrevistó a analistas económicos estadounidenses, quienes sostuvieron que “si bien los beneficios para Argentina [el país vendedor] son innegables, el gobierno venezolano no se beneficia de la misma manera, ya que no es el gobierno el que acumula las ganancias, sino unos pocos bancos privados”. Los dos bancos mencionados en el informe son el Banco Occidental de Descuento y el Fondo Común, propiedad de Victor Vargas y Victor Gil, miembros de la nueva clase acaudalada que emergió bajo el paraguas de la revolución . Ninguno de ellos respondió a los pedidos de comentarios del Financial Times. Al revender bonos por valor de 100 millones de dólares, los bancos podrían ganar hasta 17 millones. En el Daily Journal , Carlos Ball, periodista y académico asociado del Cato Institute, estimó que los bancos favoritos del gobierno podrían obtener hasta 607 millones de dólares de ganancias si compraran los 2.400 millones de dólares en bonos argentinos del gobierno venezolano para revenderlos, debido a la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el libre.
¿Adónde va el sector financiero venezolano con este desempeño?
Estas y otras irregularidades en la gestión de las finanzas públicas por parte del gobierno de Chávez llevaron a José Alejandro Rojas, Ministro de Finanzas durante los primeros años de su gestión, a formular pronósticos desalentadores sobre el futuro inmediato de la economía venezolana. Según Rojas, “La crisis financiera puede llegar, no como consecuencia de una restricción monetaria sino de un exceso de liquidez. Parecería que [para el gobierno venezolano] el camino de una economía de mercado a una economía centralizada pasa por la destrucción del sistema financiero actual”. Y agrega: “La política monetaria [de Chávez] se basa en controles progresivos: controles del tipo de cambio, control total sobre el uso de los fondos públicos, presupuestos paralelos y un control estatal de la economía en aumento, todo lo cual está generando un aumento excesivo de la liquidez. A medida que aumenta la liquidez sin un crecimiento real de la economía, el valor de la moneda se deteriora gradualmente. La pérdida de autonomía del Banco Central de Venezuela y el desorden en la gestión de los recursos financieros por parte del gobierno derivarán en una crisis financiera que podría eliminar la banca privada y justificar la intervención estatal” .
La corrupción florece en la revolución
La eliminación de la corrupción en el gobierno fue una de las tres promesas electorales más importantes de Hugo Chávez y, probablemente, la más decisiva para su triunfo. El sistema bipartidista que había gobernado el país por cuatro décadas había dejado que la corrupción se volviera sistémica y “democrática”, en el sentido de que grandes sectores de la población podían participar de ella. En su interacción con la burocracia gubernamental, era poco lo que el ciudadano venezolano promedio podía hacer sin tener que sobornar a alguien. Sin soborno, la espera era intolerable. La corrupción se había convertido en una forma de vida en la sociedad venezolana. Los abundantes ingresos provenientes del petróleo y la democracia, dos factores que deberían ser positivos, se habían combinado para generar una mezcla sumamente perjudicial, que destruyó los valores éticos de una gran porción de la población de Venezuela.
El ingreso proveniente del petróleo debió haber sido una bendición pero resultó una desgracia, debido a su drástico aumento a partir de la década de 1970. La democracia debió haber conducido al progreso, pero no del modo populista y paternalista adoptado por los líderes políticos venezolanos durante los últimos 40 años del siglo XX. Como consecuencia de la combinación de los abundantes ingresos petroleros y el populismo se incrementó la dependencia de los ciudadanos en el estado benefactor. La generación de riqueza llevada a cabo por las mayorías, característica principal de las sociedades desarrolladas, fue olvidada en favor de la distribución por parte del gobierno de los ingresos petroleros, una distribución en la cual los sectores de la sociedad leales al gobierno reciben las porciones más suculentas.
Al principio, las riquezas derivadas del petróleo fueron tan cuantiosas en comparación con la población relativamente pequeña que, durante muchos años, el gobierno tuvo suficiente dinero para mantener satisfecha a la mayoría de la población. Con el paso del tiempo el aumento de la población y el estancamiento de los ingresos petroleros produjo un incremento de la insatisfacción popular. Al reducirse las porciones a repartir, un segmento cada vez más grande de la población se vio excluido de la distribución de la riqueza derivada del petróleo. En la década de 1990, los gobiernos comprendieron que era necesario un cambio en los valores y actitudes sociales y que, por sí solos, los ingresos relacionados con el petróleo no serían suficientes para impulsar la economía. En su segundo mandato (1989–93), el presidente Pérez tenía plena conciencia de ello; sin embargo, cuando intentó instaurar reformas económicas limitadas orientadas a reducir el paternalismo gubernamental, se enfrentó con una reacción popular violenta. No fue posible persuadir al país a aceptar el fin del Estado paternalista. La reacción popular dio paso al intento de golpe de estado de Chávez y, luego, a su triunfo electoral.
Chávez eligió la vía de menor resistencia. Vio lo ocurrido al presidente Pérez y sus intentos reformistas. No estaba dispuesto a seguir ese camino por dos motivos: en primer lugar, porque sabía que no tendría aceptación popular y, en segundo lugar, porque no creía que ese era el camino correcto. En 1992, Chávez se había rebelado violentamente contra los intentos de Pérez de instaurar medidas de austeridad. Por lo tanto, trajo a su presidencia ideas que compartían millones de venezolanos, que creían firmemente que su país era muy rico y que la pobreza sólo existía porque la riqueza petrolera permanecía en manos de unos pocos. Bastaría con distribuirla mejor, pensaba Chávez, para que Venezuela experimentara una verdadera revolución.
La distribución de la riqueza ha sido una constante de la gestión de Chávez, al igual que el desinterés total por crear riqueza nueva. Chávez ha tomado de quienes tenían, los ricos y la clase media, para ofrecer dádivas a los que no tenían. Esto derivó en un empobrecimiento progresivo del ciudadano promedio, al tiempo que la estrategia basada en las limosnas ha incrementado el nivel de corrupción en la sociedad venezolana.
Definición de la corrupción gubernamental
En el sentido más amplio, la corrupción gubernamental puede definirse como la violación del interés público para obtener beneficios personales o partidistas. Evidentemente, esta definición amplia va más allá del simple robo de fondos públicos e incluye el uso y abuso de poder político para consolidar ese poder a fin de obtener jerarquía y riqueza material. Incluye también los actos que desgastan los valores éticos de la sociedad gobernada, aún si no está involucrada una pérdida material.
Según esta definición, los ocho años de la gestión de Chávez han constituido un período de hipercorrupción, el cual ha superado a todos los gobiernos anteriores tanto en la incidencia como en la intensidad de la corrupción. La causas principales de esta hipercorrupción son a) los ingresos por petróleo sin precedentes obtenidos por el gobierno de Chávez en estos ocho años; b) el muy mediocre equipo de gestión estructurado por Chávez; c) la inclinación ideológica de Chávez, que lo ha llevado a descuidar sus obligaciones como Presidente de todos los venezolanos para intentar desempeñar un papel mesiánico en las relaciones internacionales, y d) la creencia de Chávez de que el camino que Venezuela debía seguir era el de la distribución del ingreso derivado del petróleo en forma de dádivas directas, en lugar de una política a más largo plazo de soluciones estructurales para reducir la pobreza y mejorar la salud y la educación.
Tipología de la corrupción gubernamental en la gestión de Chávez
Para los fines de este análisis, resulta útil clasificar la corrupción en el gobierno de Chávez en tres categorías principales: la corrupción a gran escala, la burocrática y la sistémica.
La corrupción a gran escala. Esta categoría cubre la corrupción derivada de las grandes decisiones políticas tomadas en los niveles más elevados del gobierno, en este caso el Presidente, e incluye las siguientes instancias:
La corrupción burocrática. Esta categoría incluye las violaciones a las leyes, normas y reglamentos por parte de empleados del gobierno o de cómplices no gubernamentales. Este tipo de corrupción abarca casos de extorsión, soborno, el robo de fondos públicos, el abuso de poder político, el nepotismo y muchas otras variantes de usos ilegales o inescrupulosos de activos públicos para beneficio privado. Dado el gigantesco volumen de los ingresos provenientes del petróleo en los últimos ocho años y la ausencia casi total de controles gubernamentales adecuados, la corrupción burocrática aumentó de manera vertiginosa durante la gestión de Chávez. A continuación, se describen algunas de sus manifestaciones más sobresalientes.
Corrupción sistémica: la interfase entre el gobierno y el sector privado. Además de la corrupción burocrática, que constituye el mayor componente de la corrupción del gobierno de Chávez, existe una tercera categoría que se refiere a la interacción del estado y los agentes privados en un sistema social contaminado. Este tipo de corrupción puede manifestarse en grandes sumas de dinero o en pequeños favores, ambos hechos cualitativamente idénticos. El término “corrupción menor”, aunque a veces se utiliza, tiende a ser engañoso, ya que sugiere que hay transacciones que son “más corruptas” que otras porque involucran mayores sumas de dinero. La corrupción sistémica incluye el contacto entre funcionarios públicos y piratas del sector privado que desean hacer negocios en perjuicio del bien público, además de los sobornos, la extorsión y la utilización ilegal de fondos públicos para obtener ganancias personales. Este tipo de corrupción se ha magnificado durante el mandato de Chávez, fomentada por el enorme gasto público y la política de dádivas que favorece el gobierno. Los siguientes son algunos de los ejemplos más notorios: