Introducción

Más allá de sus connotaciones afectivas, utópicas e ideológicas, la democracia es, hoy en día, una forma empírica de organización sociopolítica, un tipo particular de régimen político que se asocia con un tipo específico de Estado. Asumiendo que el Estado puede definirse como un ente autónomo que "reivindica con éxito" el ejercicio de la autoridad legítima sobre una población y un territorio dados, ¿cuáles son, entonces, los rasgos distintivos que caracterizan a los estados democráticos contemporáneos?

Para poder ser calificado de democrático, un Estado tiene que cumplir con, al menos, tres requisitos relacionados con la participación y la representación -regulares, plurales y efectivas- de los distintos sectores de la ciudadanía, así como con el apoyo y la legitimidad que éstos le otorgan a sus gobernantes y representantes. Por ello, el voto y los procesos electorales son elementos clave en la articulación de los conceptos de Democracia y Estado, ya que permiten observar y medir la intensidad de la participación política, sus efectos en términos de representación, así como evaluar, en su conjunto, la legitimidad de la que pueden disponer las autoridades electas para impulsar sus políticas.

¿Cuán "democráticos" son, desde esta óptica, los estados contemporáneos del istmo? Los análisis recientes de los procesos políticos en Centroamérica revelan la presencia de estados débiles e ineficientes, carentes de legitimidad y de capacidad de acción, que sobreviven en un contexto crítico, caracterizado por el desencanto creciente de la ciudadanía y una deficiente representación. En efecto, la conquista de elecciones libres a lo largo de los años 80 coincide, aquí, no solamente con violentos conflictos internos sino, también, con otras profundas y silenciosas revoluciones, de orden económico, social y demográfico. Dentro del contexto de la crisis de la deuda desencadenada en 1982, todos los gobiernos se vieron obligados a realizar reformas estructurales, a reducir drásticamente el gasto público, a privatizar, desregular y abrir sus economías.

A pesar de contar hoy en día con procesos electorales cada vez más confiables y competitivos, muchos ciudadanos centroamericanos expresan en las encuestas importantes reservas en cuanto a la utilidad, efectividad y legitimidad de sus democracias.

Pero el Estado nacional no es el único actor, ni el único nivel pertinente para analizar la democracia. Como es bien sabido, los procesos sociopolíticos y las instituciones no funcionan ni se desenvuelven de manera homogénea en el conjunto del territorio nacional, sino que su desarrollo y eficiencia dependen fuertemente de factores locales. Para entender las lógicas más finas de los procesos democráticos y electorales, resulta entonces indispensable trascender el nivel estrictamente nacional para explorar las dinámicas temporales y espaciales, así como los clivajes sociodemográficos y territoriales que estructuran los diversos países.

Al enriquecer el análisis mediante una multiplicidad de escalas de observación, la exploración territorial y transversal del voto permite detectar dos tendencias opuestas -de fragmentación y de polarización política- que tienden a convergir a nivel subregional. En vistas de contribuir a alimentar el debate y una agenda para futuras investigaciones, a continuación esbozamos cuatro ejes transversales para el estudio de la geografía política centroamericana: (1) las dinámicas espaciales de la participación electoral; (2) las estructuras y tendencias territoriales del voto y de la ofertas partidistas; (3) el análisis de los votos "quebrados", "razonados" o "cruzados"; y (4) la detección espacial de irregularidades e inconsistencias electorales. Sin ser exhaustivas, estas cuatro dimensiones permitirán ilustrar algunas de las posibilidades del análisis territorial, multidimensional y comparativo del voto a partir de ejemplos concretos del istmo.

1. Las dinámicas espaciales de la participación electoral

Para empezar, cabe destacar las fuertes variaciones regionales de la participación electoral que, en sí mismas, plantean toda una agenda para la investigación. Se pueden distinguir dos tendencias subregionales en Centroamérica: Nicaragua, Honduras y Costa Rica tienen una participación relativamente elevada, sensiblemente superior al promedio latinoamericano, a pesar de que los declives recientes registrados en los dos últimos países los han acercado claramente a este última. En cambio, Guatemala y El Salvador se caracterizan por tasas excepcionalmente moderadas de participación electoral, entre las más bajas de todo el continente americano.

Lo más interesante es que, a pesar de ser uno de los países más pobres de toda la región y de haber sido azotado por una violenta guerra civil, Nicaragua presenta una fuerte y constante participación ciudadana. Asimismo, los repuntes de la participación electoral en Guatemala (en las primeras vueltas de las presidenciales de 1985 y 2003) y en El Salvador (en las presidenciales de 1984 y 2004) ilustran que, ni la pobreza ni la violencia política constituyen obstáculos inexorables para ir a votar. Por el contrario, permiten formular la hipótesis que, cuando las elecciones tienen un significado concreto e importante para los ciudadanos, y cuando éstas presentan un alto grado de incertidumbre democrática, éstos bien pueden poner de un lado su supuesta apatía para movilizarse fuertemente hacia las urnas. Así, cabe destacar que los últimos comicios presidenciales de 2003 en Guatemala (primera vuelta) y de 2004 en El Salvador movilizaron a una proporción casi idéntica de ciudadanos en edad de votar, que las últimas elecciones presidenciales costarricenses de 2006.

El segundo matiz proviene del fuerte incremento reciente del abstencionismo en Costa Rica, que ha suscitado interesantes debates sobre ese país. A nivel nacional, este fenómeno ha sido interpretado como uno de los principales indicadores de una profunda crisis del sistema democrático costarricense. En cuanto a las dinámicas espaciales de la participación, lo cierto es que se observan patrones territoriales sorprendentemente estables, que permiten distinguir cantones y regiones abstencionistas y participativas claramente diferenciados, en contraste con las tendencias de los principales partidos políticos, que tienden a fragmentarse territorialmente.

Pero sobre todo, el caso de Honduras parece desafiar abiertamente la teoría democrática. Tanto en la escala de los 18 departamentos como en la de los 298 municipios de este país, también existe una fuerte correlación entre el nivel de desarrollo y la participación electoral. No obstante, esta relación estadística tiene un signo... ¡negativo! En otras palabras: son los departamentos y municipios menos desarrollados los que parecen participar más en las contiendas electorales. ¿Significa ello que el subdesarrollo propicia la integración política en Honduras, y que los sectores más prósperos y educados participan en menor grado en el juego electoral? El análisis sistemático de las dimensiones espaciales del abstencionismo, que realizamos conjuntamente con nuestros colegas hondureños, permite matizar y profundizar esta aparente paradoja. Primero, porque tal fenómeno solamente se verifica en las elecciones generales de 2001 y 1997 y, en menor medida, en las constituyentes de 1980 y en las generales de 1981, desapareciendo casi por completo entre 1985 y 1993. Segundo, porque en realidad, no son los municipios con menores ingresos sino más bien aquellos que tienen mayores grados de desnutrición y analfabetismo los que más acuden a las urnas. Pero sobre todo, porque la distribución geográfica del fenómeno permite identificar cinco dinámicas territoriales diferenciadas, en las que la relación entre el grado de desarrollo y la participación adquiere significados distintos y propios. En otras palabras, no son los hondureños con menos recursos monetarios los que más votan, sino que son más bien las personas más hambrientas y menos alfabetizadas las que se movilizan en mayor grado en algunas de las contiendas electorales recientes.

Siguiendo con los matices espaciales sobre la participación electoral, volvamos sobre el caso de Nicaragua, donde los vaivenes del abstencionismo parecen afectar, esencialmente, a los partidos y coaliciones antisandinistas, mientras que el FSLN cuenta con un electorado extraordinariamente estable y estructurado en términos territoriales. Ello también permite entender el éxito que obtuvieron sus candidatos en las elecciones municipales del 2000 y del 2004, a pesar de movilizar a muchos menos electores que durante las elecciones generales del 2001. Y, sin embargo, no parece haber una relación clara entre la distribución espacial del voto del FSLN y la participación electoral a nivel municipal. Dicha correlación fue significativa en las elecciones de 1984 y 1996, pero desapareció prácticamente en 1990, en 2000 y en 2001. En cambio, se observan otras correlaciones curiosamente elevadas, que resultan problemáticas de interpretar. En otras palabras, existen tanto bastiones sandinistas y liberales muy participativos, como bastiones sandinistas y liberales con altos porcentajes de abstencionismo electoral. Finalmente, no deja de sorprender que los datos que hemos podido sistematizar hasta la fecha tampoco indiquen una correlación significativa entre la participación ciudadana y el porcentaje de pobres, que éstos sean urbanos o rurales.

Asimismo, las dinámicas espaciales de la participación plantean algunos interrogantes en El Salvador. Aquí, se observa una fuerte estructuración territorial de este fenómeno a escala municipal, sobre todo entre 1994 y 1997, así como entre 2000 y 2003. En cambio, el fuerte incremento de la participación electoral en 2004 rompe totalmente con esta estructura geográfica, indicando una movilización ciudadana con características inusuales y propias. Asimismo, cabe notar que no se observa una relación clara entre el grado de urbanización y el nivel de la participación electoral, ni entre este último y la zona de conflicto. Finalmente, los efectos políticos de esta variable fundamental también resultan problemáticos de interpretar. Si bien es cierto que, a nivel nacional, las variaciones de la participación tienden a beneficiar o a afectar, principalmente, al partido ARENA, a nivel municipal la situación es muy distinta. En términos territoriales se observa, en efecto, una relación positiva y significativa entre la intensidad de la participación y el voto a favor del FMLN, mientras que dicha relación tiende a ser mucho menos fuerte, pero sobre todo negativa, entre el nivel de la participación y el voto de ARENA. En otras palabras, es preciso distinguir entre los efectos políticos nacionales de las variaciones de la participación entre dos elecciones sucesivas, y los efectos políticos municipales de dichas variaciones, lo que plantea nuevas vetas para futuras investigaciones.

Finalmente, el caso de Guatemala es sumamente interesante. Aquí, se parte de un nivel relativamente elevado de participación durante las elecciones fundacionales de 1985, en las que resulta electo el demócrata-cristiano Vinicio Cerezo. Luego, ésta conoce un acentuado declive hasta mediados de los noventa, recuperándose paulatinamente para alcanzar nuevamente un nivel excepcionalmente alto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2003, en las que participa como candidato del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) el controvertido general Efraín Ríos Montt. Uno de los fenómenos más curiosos es que, si bien no se registra ninguna relación estadística entre el índice de desarrollo humano (IDH) y la participación electoral en las legislativas y en las primeras vueltas de las presidenciales de 1999 y 2003, en la segunda vuelta de las presidenciales de 2003 se produce súbitamente un realineamiento interesante. Y, entonces, sí aparece una correlación muy significativa entre el IDH y la movilización ciudadana en estos comicios decisivos [Pearson=+0.493], que llevan a Oscar Berger a la presidencia de la República. ¿Significaría esto que los clivajes socio-económicos solamente se activan en ciertas coyunturas políticas, diluyéndose hasta desaparecer en otras circunstancias?

2. Las estructuras territoriales del voto y de las ofertas partidistas

Un segundo eje temático que merece estudios más profundizados de geografía electoral es el grado de arraigo de la oferta partidista, y en particular su estructuración o fragmentación territorial efectivas. En una perspectiva macrosociológica y comparativa, en Centroamérica pueden distinguirse tres tipos de sistemas de partidos: Honduras y Costa Rica se caracterizan por bipartidismos relativamente estables y estructurados; mientras que El Salvador y Nicaragua tienen sistemas mutipartidistas menos estructurados pero fuertemente polarizados; Guatemala, finalmente, por el grado extremo de atomización y volatilidad de su oferta política, desafía cualquier intento de clasificación. Desde otra óptica, dos estudios recientes confirman esta tipología: Honduras y Costa Rica también tienen los índices más elevados de institucionalización, mientras que Nicaragua y El Salvador se encuentran en una situación cambiante e intermedia, de transición, y Guatemala destaca, nuevamente, como uno de los países con menor institucionalización y mayor fragmentación partidista de toda América latina.

Por supuesto, cada una de estas dimensiones también puede estudiarse desde una perspectiva histórica y espacial, reintroduciendo sus evoluciones temporales y multiplicando las escalas analíticas hasta llegar a los niveles más finos de la geografía político-electoral. Para sintetizar las principales transformaciones estructurales del voto y de las ofertas partidistas centroamericanas a lo largo de los últimos 25 años, hemos elaborado un conjunto de gráficas que sintetizan, respectivamente, la fuerza relativa de los principales actores políticos a nivel nacional, así como su arraigo efectivo respecto al conjunto de la población en edad de votar.

Para empezar, destaquemos la fuerte estabilidad de los sistemas bipartidistas de Honduras y Costa Rica, aunque ambos países hayan conocido una creciente fragmentación en los últimos años, relacionada respectivamente con el debilitamiento del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en Costa Rica, y con las reformas electorales recientes en Honduras. No obstante, cabe destacar que ambos países aun se caracterizan por la competencia regular y reñida entre dos fuerzas políticas fuertemente estructuradas, que ha desembocado en una serie de alternancias pacíficas de los gobernantes. Ciertamente, este juego bipolar fue cuestionado seriamente por el candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC) en las últimas elecciones presidenciales de 2002 en Costa Rica. Sin embargo, como lo veremos en la segunda parte de este volumen, tanto el Partido Liberal de Honduras (PLH) como el Partido Nacional de Honduras (PNH) siguen contando con bases electorales estructuradas en términos territoriales, lo que le otorga una relativa estabilidad a su sistema político.

Destaca aun más la sorprendente estabilidad del juego político-electoral en Nicaragua, aunque ésta se deba no a la coherencia de la oferta partidista, sino más bien a su estructuración en torno a un poderoso clivaje bipolar, que opone permanentemente al FSLN y a los -hasta la fecha mayoritarios- sectores antisandinistas. La fuerte estructuración espacial de este clivaje aparece claramente cuando se relaciona sistemáticamente la evolución del voto del frente a nivel municipal. Así, tras un cambio notable de la distribución geográfica de las bases sandinistas entre 1984 y 1990, éstas no cesan de estructurarse a lo largo de los noventa, alcanzando una sorprendente correlación territorial entre las dos últimas elecciones presidenciales [Pearson=+0.949 y r² = 90%]. En otras palabras, en el 90% de los 151 municipios del país, no se verifica una variación significativa entre el porcentaje de quienes votaron por el FSLN en 1996, y quienes lo hicieron nuevamente en 2001. Y evidentemente, en la medida en la que el juego político nicaragüense está sumamente polarizado, este clivaje territorial también se verifica para el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que, habiendo logrado constituirse como la principal alternativa al FSLN, también parece consolidarse entre 1996 y 2001, con una correlación Pearson de 0.932 [r² = 87%] a nivel municipal.

En contraste, El Salvador presenta un grado mayor de fragmentación, que tiende a mantenerse en los comicios legislativos y municipales a lo largo de la transición, pero que suele reducirse considerablemente durante las elecciones presidenciales más recientes. En efecto, la oposición entre el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) -que marcó la década de la guerra civil- también ha cedido paulatinamente a una creciente bipolarización en torno a las dos fuerzas que se enfrentaron durante el conflicto armado: la ARENA y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Ello aparece particularmente en las últimas elecciones presidenciales de 2004, que movilizaron fuertemente a la ciudadanía en torno a los candidatos de estos dos últimos partidos, y en las que las terceras fuerzas sufrieron un revez tan acentuado que estuvieron a punto de desaparecer del espectro político. Pero más allá de los efectos de arrastre que se observan tradicionalmente en los comicios presidenciales, lo que más llama la atención es la estructuración territorial creciente del FMLN, que se extiende paulatinamente a partir de sus principales bastiones municipales, y parece contar con un electorado mucho más estable que la gobernante ARENA.

Finalmente, el caso de Guatemala resulta nuevamente excepcional, ya que aquí la fragmentación de la oferta partidista adquiere dimensiones verdaderamente dramáticas. Desde 1985, 59 partidos y 12 coaliciones han participado en alguna de las elecciones nacionales. Sin embargo, la mayor parte de estas organizaciones son tan efímeras que resulta difícil seguirlas durante más de un proceso electoral. Así, existen muchos casos de líderes políticos que, conservando el poder municipal o legislativo, cambian repetidamente de partido, por conflictos de intereses o por la simple pérdida de sus registros electorales. Pero sobre todo, llama la atención que ninguno de los partidos que tuvo la capacidad de conquistar la presidencia ha logrado conservar una parte significativa de los votos que le permitieron acceder a ella, desapareciendo en algunos casos simple y llanamente del espectro político-electoral. Y sin embargo, como lo ilustran los mapas que elaboramos con Mathias Rull y Luis Fernando Mack, incluso en este contexto de pulverización de la oferta partidista, la geografía electoral puede aportar elementos muy valiosos a la comprensión del comportamiento electoral de los guatemaltecos, revelando continuidades insospechadas en el ejercicio del poder municipal, y cuestionando muchos de los mitos recurrentes sobre la pretendida apatía electoral de los sectores indígenas. ]

Desde una perspectiva comparativa y subregional, finalmente, resulta interesante contrastar la evolución de las siguientes gráficas, que sintetizan las principales tendencias de estructuración o fragmentación territorial de los principales partidos políticos de Centroamérica, complementando útilmente los mapas que se estudian en las contribuciones cartográficas sobre cada país. Así, se observa un declive significativo del grado de arraigo territorial del PNH y del PLH en Honduras, así como fuertes variaciones del PUSC y una caída constante y estrepitosa del arraigo territorial del PLN en Costa Rica. En contraste, tanto las coaliciones liberales y antisandinistas en Nicaragua, como el FSLN y el FMLN en El Salvador, conocen un incremento notable en su grado de estructuración territorial.

En resumidas cuentas, se registran dos tendencias opuestas que tienden a convergir a nivel sub-regional : mientras que los sistemas bipartidistas de Honduras y Costa Rica tienden a fragmentarse en términos territoriales, los sistemas multipartidistas de Nicaragua y El Salvador tienden a estructurarse crecientemente, como consecuencia de la fuerte polarización política. En otras palabras, la llamada "excepción costarricense" tiende a diluirse frente a los procesos de fragmentación y estructuración territorial del voto en los otros países del istmo, lo que ilustra el interés de un análisis comparativo y transversal de las mutaciones recientes de los procesos electorales en Centroamérica.

3. Votos "cruzados", "razonados" o "quebrados"

El tercer eje transversal para el análisis espacial de los comportamientos electorales de los Centroamericanos se relaciona con los fenómenos recurrentes del voto "cruzado", "razonado" o "quebrado", que se observan entre distintos tipos de elecciones celebradas simultáneamente. Como muestra palpable del interés de este tipo de análisis, destaquemos que, incluso, en los dos países centroamericanos con sistemas bipartidistas consolidados, una parte importante y creciente del electorado vota, cuando lo puede, por candidatos, independientemente de su adscripción partidista.

Tal fue el caso en las elecciones generales de 2001 en Honduras, en las que 329,723 electores (el 15% del total de los votos válidos) votaron por un partido distinto en los comicios presidenciales y municipales. Este fenómeno inicia de hecho en 1997, con una serie de reformas electorales que separan sucesivamente las boletas para los distintos tipos de elección, antes de introducir más recientemente la posibilidad para los electores de elegir a sus representantes entre varias listas, invirtiendo incluso el orden de los candidatos (Cálix, En este volumen). La importancia creciente de este fenómeno incita así a matizar la impresión que se pudo tener sobre el voto "duro" del PLH y del PNH en el pasado. Aunados a las tendencias más recientes del voto en el país, estos efectos se incrementarán muy probablemente en el futuro próximo, lo que plantea una importante interrogante sobre la evolución del sistema bipartidista hondureño. ]

Asimismo, se puede mencionar el significativo voto "quebrado" que se dio en las elecciones generales del 2002 en Costa Rica. En efecto, el 17% de los 400,681 electores que votaron en las presidenciales por el candidato "tercerista" del Partido Acción Ciudadana (PAC), no le aportaron su sufragio a los colegas diputados de Otton Solís, mientras que el 24% de ellos votó por un partido distinto en las elecciones municipales. Evidentemente, las dinámicas territoriales de estas variaciones, calculadas aquí a nivel nacional, pueden ser desagregadas y analizadas en las escalas de los 81 cantones, de los 462 distritos, y hasta de las 6,681 juntas receptoras de votos que fueron instaladas, en 2002, en el país. ]

Un tercer ejemplo ilustrativo de este tipo de análisis lo constituye el voto "cruzado" en las elecciones presidenciales y legislativas del 2003 en Guatemala, promovido activamente por muchas organizaciones sociales. En éstas, algunos analistas afirmaron que se había producido un voto de sanción en contra del candidato del FRG, el general Efraín Ríos Montt. No obstante, lo curioso es que con todo y las dificultades que el antiguo dictador y fundador de este partido tuvo para que le autorizaran su registro como candidato, éste obtuvo en realidad 15,994 votos más en las presidenciales (518,464) que los otros candidatos que se registraron bajo las mismas siglas, en las elecciones legislativas (502,470). Y este fenómeno aparece de manera todavía más pronunciada a escala municipal. En efecto, si bien es cierto que, en 124 municipios, un total de 20,915 ciudadanos votaron por el FRG en las legislativas sin votar por Ríos Montt en las presidenciales, en los otros 203 municipios en los que se celebraron elecciones, se produjo precisamente el fenómeno inverso. Aquí, 36,909 electores votaron por el general, más no por el partido que éste representaba. Por otra parte, cabe destacar que un efecto de arrastre similar se había producido en 1999, pero de manera aun mucho más acentuada. En este caso, 154,576 ciudadanos en 326 municipios votaron a favor de Alfonso Portillo en las presidenciales, pero no le dieron su sufragio al FRG en los comicios legislativos. ]

4. La detección espacial de irregularidades e inconsistencias electorales

Finalmente, la cartografía electoral también es un poderoso instrumento para detectar las fronteras de fenómenos más difusos, a veces ocultos, en la medida en la que éstos pueden percibirse en ocasiones a través de las "huellas territoriales" que dejan en los resultados electorales. Este tipo de análisis puede tener muy diversas aplicaciones en Centroamérica. Por el momento, nos contentaremos de los siguientes ejemplos concretos, para ilustrar su interés y potencial.

El primero de ellos se relaciona con los votos blancos, pero sobre todo con las boletas anuladas. En efecto, es bien conocido que el análisis micro de estos dos indicadores puede revelar irregularidades o prácticas políticas sospechosas. Un buen ejemplo nos es proporcionado por la evolución histórica y geográfica de los votos nulos en México, el cual constituye un indicador muy útil de la evolución de la calidad de los escrutinios en este país. En términos generales, desde 1991 se registran promedios bastante estables que varían ligeramente en el campo y en las ciudades, en la medida en la que están fuertemente relacionados con las tasas de analfabetismo y escolarización. Por ello, fuertes desviaciones con respecto a estos porcentajes "normales" suelen indicar inconsistencias e irregularidades en el proceso electoral, por ejemplo cuando no se registra ningún voto anulado en localidades de alta marginación, o cuando por el contrario su parte es tan importante que se vuelve decisiva para el resultado local de los escrutinios. En ambos casos, no se puede excluir la existencia de prácticas de fraude o coerción, mediante la "asistencia" e inducción del voto, o la alteración de las boletas después del cierre de los centros de votación: para anular un voto no deseado basta con tachar una segunda opción sobre la papeleta. ]

En el caso de Centroamérica, otro fenómeno interesante fue comentado y discutido ampliamente durante los talleres de cartografía que realizamos en El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua: la existencia de inconsistencias entre el número total de boletas que se contabilizan en escrutinios simultáneos de distintos tipos. Como bien lo destacó Oscar Hernández en nuestro seminario de geografía electoral en San José, las "discrepancias" en los totales de votos recibidos en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de Costa Rica, por mínimas que éstas sean, en teoría no deberían existir. Tras un animado debate con los especialistas y funcionarios del TSE que estaban presentes, señalamos que, lo que realmente sería preocupante es que estas inconsistencias llegaran a tener una incidencia concreta sobre los resultados electorales de algunos distritos o juntas receptoras de votos. Para explorar esta posibilidad, se construyó durante el taller de cartografía un mapa que relaciona el número absoluto de "discrepancias" con el número absoluto de votos que le otorgaron efectivamente la victoria a los contendientes en las distintas circunscripciones electorales, visualizando aquellas pocas que efectivamente pudieron ser problemáticas.

Debates similares se desarrollaron también en los otros países de Centroamérica, donde las inconsistencias de los resultados electorales son, como era de esperarse, mucho más importantes y problemáticas. Por ello, cabe destacar lo que se propuso a menudo a modo de conclusiones, aunque esta hipótesis no satisfaciera siempre al conjunto de especialistas presentes, cada vez más preocupados y exigentes con la calidad de los procesos y la exactitud de los resultados electorales: que lo que realmente importa no es la existencia de irregularidades -hasta cierto punto incompresibles, ya que también se dan en las democracias más antiguas y consolidadas del mundo- sino su amplitud, evolución y proporción precisas -y si éstas tienen una incidencia concreta sobre los resultados políticos de las contiendas electorales-.

En otras palabras, más que exigirles a los datos que tengan una fiabilidad del 100% para no desecharlos en bloque, nuestra tarea como investigadores consiste en establecer con precisión su confiabilidad y sus limitaciones concretas, en vistas de contribuir a un conocimiento más riguroso de los procesos de transición y consolidación democráticas. Dentro de esta óptica, tampoco sobra mencionar las reacciones de los funcionarios y especialistas de los distintos tribunales electorales de Centroamérica que participaron en estos seminarios. Sin excepción, fueron todos totalmente abiertos, receptivos y sensibles a las críticas, explorando las razones a las que se pudieran deber y comprometiéndose a referirlas a los magistrados e instancias competentes, en vistas de investigar las irregularidades. Ello ilustra el ambiente de apertura y pluralismo en el que se desarrollan hoy en día los debates sobre las elecciones en Centroamérica, con la participación activa de especialistas y representantes de muchos sectores sociales y políticos. Muestra, a su manera, los avances sustantivos y alentadores de la democratización en el istmo, independientemente de su grado institucional de consolidación.

El difícil aprendizaje de la gobernabilidad democrática [conclusión]

Veinticinco años después del inicio de las transiciones, los avances "formales" de la democracia en Centroamérica son innegables, pero sus posibilidades de consolidación a más largo plazo se ven comprometidas por resultados económicos y sociales limitados.
Si, hoy en día, nadie cuestiona el carácter libre y competitivo de las elecciones en el Istmo, durante los prolongados periodos de transición, las condiciones del ejercicio del sufragio no fueron lo suficientemente propicias como para ser calificadas de plenamente democráticas. A lo largo de los ochenta, los conflictos armados condicionaron las elecciones en Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Ahí, fuerzas y actores importantes de la vida política optaron por abstenerse, cuando no por oponerse abiertamente a los procesos electorales. E independientemente de la firma de los acuerdos de paz, la fragmentación y polarización extremas perduran hasta la fecha, confiriéndole al voto connotaciones ambivalentes y contradictorias.

En este contexto, el multipartidismo y la separación de los poderes se convierten fácilmente en los ingredientes de una crisis de gobernabilidad. Sirva de ilustración el conflicto que marcó la vida política nicaragüense entre 2004 y 2005, después de que el ex presidente liberal, Arnoldo Alemán, pactara con su adversario sandinista, Daniel Ortega, el blocaje sistemático del ejecutivo desde el congreso, con el objetivo de destituir al presidente Bolaños. La situación sólo pudo normalizarse después de otro pacto, sellado al margen de las instituciones, esta vez entre el gobierno y los sandinistas... En El Salvador, el espíritu de concertación que prevaleció bajo la presidencia de A. Cristiani -permitiendo que se firmara la paz en 1992-, también se agotó durante el mandato de A. Calderón Sol (1995-1999). El dialogo se dificultó notablemente durante la gestión de F. Flores (1999-2004), para desembocar finalmente en una confrontación abierta durante las campañas presidenciales de 2004, y legislativas y municipales de 2006. En Guatemala, para terminar, la ausencia de disciplina de partido, así como el "nomadismo" de los diputados, acentúan la fragmentación del Congreso. Y los presidentes sucesivos tienen que negociar constantemente con grupos de la más diversa índole: desde 2004, más de 40 de los 158 legisladores guatemaltecos abandonaron la formación con la que habían sido electos, para sumarse ya sea a la alianza gubernamental, ya sea a la oposición.

Pero hasta en los países más estables de la subregión, la democracia enfrenta retos importantes: declive de los bipartidismos y erosión de las lealtades tradicionales, desaparición de los clivajes ideológicos, ausencia de programas, reaparición de la política carismática e incremento de la corrupción. La última campaña electoral hondureña -que culminó el 27 de noviembre 2005 con la elección del liberal Manuel Zelaya- estuvo dominada por los ataques personales y por un debate fuertemente enfocado en... la inseguridad. Finalmente, la crisis costarricense también cuestiona la democracia más antigua del Istmo. Más allá de los cargos presentados en contra de los hombres que gobernaron el país entre 1990 y 2002, las elecciones de 2006 confirmaron el aumento del abstencionismo y la pérdida de legitimidad de los dos principales partidos políticos, que se habían alternado en el poder desde 1986.

Para terminar, cabe resaltar que la ciudadanía sigue siendo un concepto ambivalente en la subregión, así como un fenómeno frágil y reciente. Si bien se pueden registrar innegables progresos en sus vertientes políticas, sus dimensiones civiles y sociales no mejoraron sensiblemente, cuando no retrocedieron. Después de haberle apostado todo al libre comercio y al mercado, los centroamericanos tendrán que responder a una pregunta crucial para su futuro inmediato: ¿Se puede consolidar una democracia sin dotarla de instituciones publicas sólidas, que garanticen la seguridad física y permitan la integración social de las mayorías, su acceso a la salud, a la educación, a la justicia -o dicho de otra manera- sin construir un auténtico Estado de derecho?

Lo cierto es que, en esta última elección guatemalteca, el interior del país se movilizó cómo nunca antes. La lección es muy clara, no es posible ganar un proceso electoral en base a una simple estrategia de marketing político. Es necesaria la capacidad de movilización, la capacidad de pactar con los líderes de clanes, caciques y caudillos locales. Pero por sobre todo, quedó claro que hay dos Guatemalas, una urbana que no recuerda los excesos de las dictaduras militares, y otra rural, que no perdona el peso de la bota militar. El reto de la futura administración Colom es desarrollar políticas públicas que impidan esta fragmentación del país, dígase en pocas palabras, crecimiento económico y redes de seguridad que hagan llegar a los marginados, los efectos del mercado libre.