El liberalismo clásico ha estado en decadencia durante más de un siglo. Desde la segunda mitad del siglo diecinueve los asuntos públicos han sido influenciados cada vez más por las ideas socialistas: comunismo, fascismo, nacionalsocialismo, y durante más tiempo por la democracia social (liberalismo y neo-conservatismo americanos).
En efecto, tan completa ha sido la victoria socialista que hoy algunos neoconservadores han proclamado el "Fin de la Historia" y la llegada del "Último Hombre", es decir, del último milenio de democracia social, global, supervisada por los estadounidenses.
Ante esta situación, los liberales pueden reaccionar de dos modos. Pueden sostener que el liberalismo es una doctrina sana y que el público la rechaza a pesar de ser verdad. O - y esto es lo que yo haré - uno puede considerar el rechazo como indicación de que hay algún error en la propia doctrina.
El error central del liberalismo radica en su teoría del gobierno.
El liberalismo – tal como lo personificaba Locke y según lo proclamado por Jefferson en la Declaración de Independencia – se centraba alrededor de las nociones de soberanía individual, asignación original de los recursos dados por la naturaleza, propiedad, y contrato, como derechos humanos universales. Frente a los príncipes y reyes, este énfasis en la universalidad de los derechos, colocó a los liberales en oposición radical a todo gobierno establecido. Para un liberal, todo hombre, bien fuese rey o campesino, estaba sujeto a los mismos principios universales de justicia, y en esos momentos bien se podía justificar el establecimiento de un gobierno a partir de un contrato entre dueños de propiedad privada o también se podía rechazar tajantemente. ¿Pero podía ser así? La respuesta liberal se resolvió mediante la indiscutible proposición de que, asesinos, ladrones, timadores, matones, embaucadores, etc., siempre existirían, y la vida en sociedad sería imposible si no se les amenazaba con el castigo físico. Para mantener el orden liberal, era necesario obligar mediante amenazas, o la aplicación de violencia, a quien no respetara la vida y la propiedad de los demás. De esta premisa, los liberales concluyeron que la tarea de mantenimiento del orden público es la función primordial del gobierno.
Que la conclusión fuera correcta o no, depende de la definición de gobierno. Es correcta, si gobierno simplemente significa cualquier individuo o firma proporciona servicios de protección a una clientela, mediante el pago voluntario de honorarios. Pero esta no es la definición adoptada por los liberales. Para un liberal, el gobierno no es una firma especializada. El gobierno tiene dos características únicas. Tiene el monopolio territorial obligatorio de la jurisdicción (toma última de decisiones) y el derecho a tasar y cobrar impuestos. Aún si uno asume esta definición de gobierno, la conclusión liberal es claramente falsa.
De hecho, es inconcebible cómo dueños de propiedad privada pudieron posiblemente aceptar un contrato que diera derechos a otro agente, para obligar a todos los habitantes dentro de un territorio dado a que acudieran a él, exclusivamente, buscando protección y justicia. Tal contrato de monopolio implicaba que todo dueño de propiedad privada debía renunciar, a favor de alguien más, a su derecho a la toma de la decisión última en cuanto a su persona y propiedad. En efecto, se había sometido a si mismo a la esclavitud. Pero nadie en pleno uso de sus facultades, puede, ni probablemente podrá, consentir en someter permanentemente su persona y propiedad, a la indefensión ante las decisiones de alguien más. De manera similar es inconcebible que alguien dotara a su protector monopolístico con el derecho a cobrar impuestos. Nadie puede, o desea, aceptar un contrato que permita a su protector determinar unilateralmente, sin consentimiento del protegido, la suma que éste debe pagar por protección.
Los liberales han tratado de resolver esta contradicción interna con la improvisación de acuerdos "implícitos" o "conceptuales", contratos, o constituciones. Sin embargo todas estas tentativas sólo han añadido a la misma conclusión inevitable: Que es imposible derivar una justificación del gobierno a partir de contratos explícitos.
La errónea aceptación del liberalismo de que “el gobierno” era congruente con los principios de soberanía individual, propiedad privada, y contrato, lo ha conducido a su propia destrucción.
Primero, y se desprende del error inicial que la solución liberal al problema de la seguridad, un gobierno limitado constitucionalmente, es un ideal contradictorio.
Una vez que el principio de gobierno es admitido, cualquier noción de freno al poder del gobierno es ilusoria. Incluso si, como los liberales han propuesto, un gobierno limitara sus actividades a la protección de los derechos existentes de propiedad privada, la pregunta que surge sería: ¿qué tanta seguridad se debe producir? Motivado por el interés propio y la contrautilidad, el desperdicio, de su trabajo, pero con el poder de tasar y cobrar impuestos, la respuesta de un agente del gobierno será invariablemente la misma: maximizar gastos y minimizar producción. Mientras más dinero pueda uno gastar y menos haya que trabajar, mejor se estará.
Más aún, un monopolio judicial disminuirá la calidad de la protección. Si ante nadie más se puede reclamar justicia, con excepción del gobierno, la justicia se pervertirá a favor del gobierno, sin importar lo que digan las constituciones. Las constituciones y las Cortes Supremas son constituciones y agencias del gobierno, y cualquier limitación que pudieran contener o encontrar es resuelta por agentes de la misma institución en consideración.
Como es de esperar, las definiciones de propiedad y protección serán alteradas y el ámbito de la jurisdicción ampliado para ventaja del gobierno.
En segundo lugar, y se deriva del error en cuanto al status moral del gobierno, la vieja preferencia liberal de un gobierno local, descentralizado y pequeño, es inconsistente.
Una vez se ha admitido que, a fin de forzar la cooperación pacífica entre dos individuos A y B, es justificado tener a un monopolio judicial X, se deduce una doble conclusión. Si más de un monopolio existe, X, Y y Z, entonces, como no puede haber paz alguna entre A y B sin X, tampoco puede haber allí paz alguna entre los monopolios X, Y, y Z mientras estos permanezcan en "estado de anarquía." De ahí que, para lograr eldesideratum liberal de paz universal, sea necesaria la centralización política y finalmente el gobierno mundial único.
Finalmente, y sigue del error del gobierno de sostener la idea anticuada que la universalidad de los derechos humanos es confusa y que, bajo el título de "igualdad ante la ley", se la haya transformado en un vehículo de igualitarismo.
Una vez que el gobierno se presume justo y los príncipes hereditarios han sido excluidos como irreconciliables con la idea de los derechos humanos universales, surge la pregunta de cómo hacer compatible el gobierno con dicha idea de universalidad de los derechos humanos. La respuesta liberal fue abrir la entrada al gobierno a todos, en términos de igualdad, vía la democracia. A todos - no sólo a la clase noble hereditaria - se les permitió ejercer todas las funciones del gobierno. Pero esta igualdad democrática es muy diferente de una ley universal, aplicable, por igual, a todos y cada uno, siempre y en todo lugar. De hecho, el viejo cisma desagradable de una ley más alta para los reyes, contra una ley subordinada para los sujetos ordinarios, se conserva bajo la democracia con la separación de la ley pública versus la privada y la supremacía de la primera sobre la segunda. En una democracia no existe privilegio personal alguno ni personas privilegiadas. Sin embargo, los privilegios funcionales y las funciones privilegiadas si existen.
Mientras actúen en calidad de servidores públicos, los funcionarios oficiales son gobernados y protegidos por el derecho público y ocupan así una posición privilegiada respecto de personas que actúan meramente bajo las directrices de la ley privada. Los privilegios y la discriminación legal no desaparecerán. Al contrario.
Más bien que ser exclusivos de los príncipes y la nobleza, los privilegios, el proteccionismo y la discriminación legal estarán a disposición de todos. Como era de esperarse, en condiciones democráticas, la tendencia de todo monopolio, de aumentar precios y disminuir calidad, sólo será más pronunciada. A cambio de un príncipe que considera el país como su propiedad privada, es puesto un custodio temporal a cargo del país. Él no es dueño del país, pero mientras está en el poder se le permite el uso del mismo, para ventaja suya y de sus protegidos. Tiene su uso corriente – el usufructo - pero no es propietario de su capital social. Esto no acabará la explotación. Al contrario, hará la explotación con menos racionalidad y la llevará a cabo con poco o ningún respeto por el capital social, es decir, con miopía. Adicionalmente, ahora la perversión de la justicia procederá aún más rápidamente. En vez de proteger el derecho a la propiedad privada preexistente, el gobierno democrático se convertirá en una maquinaria de redistribución de los derechos a la propiedad existente en nombre de una "seguridad social" ilusoria.
A la luz de lo anterior, se debe buscar una respuesta a la pregunta sobre el futuro del liberalismo.
Debido a su error en cuanto al estado moral del gobierno, el liberalismo realmente contribuyó a la destrucción de todo aquello que se había propuesto conservar y proteger: la libertad y la propiedad. El liberalismo, entonces, en su forma presente, no tiene ningún futuro. O mejor dicho, su futuro es la democracia social.
Si el liberalismo ha de tener algún futuro, deberá reparar su error. Los liberales deben reconocer que ningún gobierno puede ser contractualmente justificable y que todo gobierno es destructivo de lo que quieren conservar.
Es decir el liberalismo tendrá que ser transformado al anarquismo de la propiedad privada (o a una sociedad de derecho privado), tal como especuló hace casi 150 años Gustave de Molinari, y en nuestros días, según el raciocinio de Murray Rothbard.
Esto tendría un doble efecto. Primero, conduciría a la purificación del movimiento liberal. Los demócratas sociales con ropaje liberal y muchos funcionarios del gobierno se disociarían de este nuevo movimiento. Por otra parte, la transformación conduciría a la radicalización del movimiento. Para aquellos viejos liberales que todavía se agarran a la noción clásica de derechos humanos universales y consideran la soberanía individual y la propiedad privada antes que el gobierno, la transición será sólo un pequeño paso. El anarquismo de la propiedad privada es un liberalismo simplemente consecuente; o un liberalismo restaurado a su intención original. Pero aún este pequeño paso tendría implicaciones trascendentales.
Al aceptarlo, los liberales denunciarían el gobierno democrático como ilegítimo y reclamarían su derecho a la autodefensa. Políticamente, volverían a los principios del liberalismo como credo revolucionario. Al negar la validez de los privilegios hereditarios, los liberales clásicos se colocaron en oposición fundamental a todos los gobiernos establecidos. El mayor triunfo del liberalismo - la Revolución americana - fue el resultado de una guerra de secesión. Y en la Declaración de Independencia, Jefferson había afirmado "que siempre que cualquier forma de gobierno se convierta en destructivo de la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad, la gente tiene el derecho de cambiarlo o abolirlo". Los anarquistas de la propiedad privada sólo reafirmarían el derecho liberal clásico "de derrocar dicho gobierno, y proporcionar nuevas salvaguardas al futuro de su seguridad".
Por supuesto, por sí mismo, el renovado radicalismo del movimiento liberal sería de poca consecuencia. En cambio, lo que romperá la máquina social democrática es la visión inspiradora que fluye de este nuevo radicalismo como alternativa al orden presente. En vez de integración política supranacional, gobierno mundial, constituciones, tribunales, bancos, y dinero, los liberales anarquistas proponen la descomposición delestadonación. Como sus antepasados clásicos, los nuevos liberales no buscan el gobierno para tomárselo. Lo ignoran y quieren que los deje en paz, y quieren también aislarse de su jurisdicción para organizar su propia protección. A diferencia de sus precursores que simplemente procuraron sustituir un gobierno más grande por uno más pequeño, los nuevos liberales persiguen la lógica de la secesión para ponerle fin. Proponen una secesión ilimitada, es decir, la proliferación sin restricción de territorios libres independientes, hasta que el rango de la jurisdicción del estado finalmente se marchite con el tiempo. ¡Con este fin - y en total contraste con los proyectos estatistas de "Integración Europea" y de un "Nuevo Orden Mundial" - promueven la visión de un mundo con decenas de miles de países, regiones, y cantones libres, de cientos de miles de ciudades libres - como las singularidades actuales de Mónaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein, (el anterior) Hong Kong, y Singapur - y distritos aún más libres y vecindades económicamente integradas por el mercado libre (mientras más pequeño sea el territorio, mayor es la presión económica para optar por el libre comercio!) y por el estándar del oro como base monetaria internacional.
Siempre y cuando esta visión gane prominencia ante la opinión pública, el fin del social-democrático "Final de la Historia" habrá llegado y el renacimiento liberal habrá comenzado.