El objeto de este ensayo no es el llamado libre arbitrio, sino la libertad social o civil, es decir, la naturaleza y los l�mites del poder que puede ejercer leg�timamente la sociedad sobre el individuo, cuesti�n que rara vez ha sido planteada y casi nunca ha sido discutida en t�rminos generales, pero influye profundamente en las controversias pr�cticas del siglo por su presencia latente, y que, seg�n todas las probabilidades, muy pronto se har� reconocer como la cuesti�n vital del porvenir. Est� tan lejos de ser nueva esta cuesti�n, que en cierto sentido ha dividido a la humanidad, casi desde las m�s remotas edades, pero en el estado de progreso en que los grupos m�s civilizados de la especie humana han entrado ahora, se presenta bajo nuevas condiciones y requiere ser tratada de manera diferente y m�s fundamental.

La lucha entre la libertad y la autoridad es el rasgo m�s saliente de esas partes de la Historia con las cuales llegamos antes a familiarizarnos, especialmente en las historias de Grecia, Roma e Inglaterra. Pero en la antig�edad esta disputa ten�a lugar entre los s�bditos o algunas clases de s�bditos y el Gobierno. Se entend�a por libertad la protecci�n contra la tiran�a de los gobiernos pol�ticos. Se consideraba que �stos (salvo en algunos gobiernos democr�ticos de Grecia), se encontraban necesariamente en una posici�n antag�nica a la del pueblo que gobernaban. El Gobierno estaba ejercido por un hombre, una tribu o una casta que derivaba su autoridad del derecho de sucesi�n o de conquista, que en ning�n caso contaba con el asentamiento de los gobernadores y cuya supremac�a los hombres no osaban, ni acaso tampoco deseaban, discutir, cualesquiera que fuesen las precauciones que tomaran contra su opresivo ejercicio. Se consideraba el poder de los gobernantes como necesario, pero tambi�n como altamente peligroso; como un arma que intentar�an emplear tanto contra sus s�bditos como contra los enemigos exteriores. Para impedir que los miembros m�s d�biles de la comunidad fuesen devorados por los buitres, era indispensable que un animal de presa, m�s fuerte que los dem�s, estuviera encargado de contener a estos voraces animales. Pero como el rey de los buitres no estar�a menos dispuesto que cualquiera de las arp�as menores a devorar el reba�o, hac�a falta estar constantemente a la defensiva contra su pico y sus garras. Por esto, el fin de los patriotas era fijar los l�mites del poder que al gobernante le estaba consentido ejercer sobre la comunidad, y esta limitaci�n era lo que entend�an por libertad. Se intentaba de dos maneras: primera, obteniendo el reconocimiento de ciertas inmunidades llamadas libertades o derechos pol�ticos, que el Gobierno no pod�a infringir sin quebrantar sus deberes, y cuya infracci�n, de realizarse, llegaba a justificar una resistencia individual y hasta una rebeli�n general. Un segundo posterior expediente fue el establecimiento de frenos constitucionales, mediante los cuales el consentimiento de la comunidad o de un cierto cuerpo que se supon�a el representante de sus intereses, era condici�n necesaria para algunos de los actos m�s importantes del poder gobernante. En la mayor�a de los pa�ses de Europa, el Gobierno ha estado m�s o menos ligado a someterse a la primera de estas restricciones. No ocurri� lo mismo con la segunda; y el llegar a ella, o cuando se la hab�a logrado ya hasta un cierto punto, el lograrla completamente fue en todos los pa�ses el principal objetivo de los amantes de la libertad. Mientras la humanidad estuvo satisfecha con combatir a un enemigo por otro y ser gobernada por un se�or a condici�n de estar m�s o menos eficazmente garantizada contra su tiran�a, las aspiraciones de los liberales pasaron m�s adelante.

Lleg� un momento, sin embargo, en el progreso de los negocios humanos en el que los hombres cesaron de considerar como una necesidad natural el que sus gobernantes fuesen un poder independiente, con un inter�s opuesto al suyo. Les pareci� mucho mejor que los diversos magistrados del Estado fuesen sus lugartenientes o delegado revocables a su gusto. Pensaron que s�lo as� podr�an tener completa seguridad de que no se abusar�a jam�s en su perjuicio de los poderes de gobierno. Gradualmente esta nueva necesidad de gobernantes electivos y temporales hizo el objeto principal de las reclamaciones del partido popular, en donde quiera que tal partido existi�; y vino a reemplazar, en una considerable extensi�n, los esfuerzos procedentes para limitar el poder de los gobernantes. Como en esta lucha se trataba de hacer emanar el poder gobernante de la elecci�n peri�dica de los gobernados, algunas personas comenzaron a pensar que se hab�a atribuido una excesiva importancia a la idea de limitar el poder mismo. Esto (al parecer) fue un recurso contra los gobernantes cuyos intereses eran habitualmente opuestos a los del pueblo. Lo que ahora se exig�a era que los gobernantes estuviesen identificados con el pueblo, que su inter�s y su voluntad fueran el inter�s y la voluntad de la naci�n. La naci�n no tendr�a necesidad de ser protegida contra su propia voluntad. No habr�a temor de que se tiranizase a s� misma. Desde el momento en que los gobernantes de una naci�n eran eficazmente responsables ante ella y f�cilmente revocables a su gusto, pod�a confiarles un poder cuyo uso a ella misma correspond�a dictar. Su poder era el propio poder de la naci�n concentrado y bajo una forma c�moda para su ejercicio. Esta manera de pensar, o acaso m�s bien de sentir, era corriente en la �ltima generaci�n del liberalismo europeo, y, al parecer, prevalece todav�a en su rama continental. Aquellos que admiten algunos l�mites a lo que un Gobierno puede hacer (excepto si se trata de gobiernos tales que, seg�n ello, no deber�an existir), se distinguen como brillantes excepciones, entre los pensadores pol�ticos del continente. Una tal manera de sentir podr�a prevalecer actualmente en nuestro pa�s, si no hubieran cambiado las circunstancias que en su tiempo la fortalecieron.

Pero en las teor�as pol�ticas y filos�ficas, como en las personas, el �xito saca a la luz defectos y debilidades que el fracaso nunca hubiera mostrado a la observaci�n. La idea de que los pueblos no tienen necesidad de limitar su poder sobre s� mismo pod�a parecer un axioma cuando el gobierno popular era una cosa acerca de la cual no se hac�a m�s que so�ar o cuya existencia se le�a tan s�lo en la historia de alguna �poca remota. Ni hubo de ser turbada esta noci�n por aberraciones temporales tales como las de la Revoluci�n francesa, de las cuales las peores fueron obra de una minor�a usurpadora y que, en todo caso, no se debieron a la acci�n permanente de las instituciones populares, sino a una explosi�n repentina y convulsiva contra el despotismo mon�rquico y aristocr�tico. Lleg�, sin embargo, un momento en que una rep�blica democr�tica ocup� una gran parte de la superficie de la tierra y se mostr� como uno de los miembros m�s poderosos de la comunidad de las naciones; y el gobierno electivo y responsable se hizo blanco de esas observaciones y cr�ticas que se dirigen a todo gran hecho existente. Se vio entonces que frases como el �poder sobre s� mismo� y el �poder de los pueblos sobre s� mismos�, no expresaban la verdadera situaci�n de las cosas; el pueblo que ejerce el poder no es siempre el mismo pueblo sobre el cual es ejercido; y el �gobierno de s� mismo� de que se habla, no es el gobierno de cada uno por s�, sino el gobierno de cada uno por todos los dem�s. Adem�s la voluntad del pueblo significa, pr�cticamente, la voluntad de la porci�n m�s numerosa o m�s activa del pueblo; de la mayor�a o de aquellos que logran hacerse aceptar como tal; el pueblo, por consiguiente, puede desear oprimir a una parte de s� mismo, y las precauciones son tan �tiles contra esto como contra cualquier otro abuso del Poder. Por consiguiente, la limitaci�n del poder de gobierno sobre los individuos no pierde nada de su importancia aun cuando los titulares del Poder sean regularmente responsables hacia la comunidad, es decir, hacia el partido m�s fuerte de la comunidad. Esta visi�n de las cosas, adapt�ndose por igual a la inteligencia de los pensadores que a la inclinaci�n de esas clases importantes de la sociedad europea a cuyos intereses, reales o supuestos, es adversa la democracia, no ha encontrado dificultad para hacerse aceptar; y en la especulaci�n pol�tica se incluye ya la �tiran�a de la mayor�a� entre los males, contra los cuales debe ponerse en guardia la sociedad.

Como las dem�s tiran�as, esta de la mayor�a fue al principio temida, y lo es todav�a vulgarmente, cuando obra, sobre todo, por medio de actos de las autoridades p�blicas. Pero las personas reflexivas se dieron cuenta de que cuando es la sociedad misma el tirano -la sociedad colectivamente, respecto de los individuos aislados que la componen- sus medios de tiranizar no est�n limitados a los actos que puede realizar por medio de sus funcionarios pol�ticos. La sociedad puede ejecutar, y ejecuta, sus propios decretos; y si dicta malos decretos, en vez de buenos, o si los dicta a prop�sito de cosas en las que no deber�a mezclarse, ejerce una tiran�a social m�s formidable que muchas de las opresiones pol�ticas, ya que si bien, de ordinario, no tiene a su servicio penas tan graves, deja menos medios de escapar a ella, pues penetra mucho m�s en los detalles de la vida y llega a encadenar el alma. Por esto no basta la protecci�n contra la tiran�a del magistrado. Se necesita tambi�n protecci�n contra la tiran�a de la opini�n y sentimiento prevalecientes; contra la tendencia de la sociedad a imponer, por medios distintos de las penas civiles, sus propias ideas y pr�cticas como reglas de conducta a aquellos que disientan de ellas; a ahogar el desenvolvimiento y, si posible fuera, a impedir la formaci�n de individualidades originales y a obligar a todos los caracteres a moldearse sobre el suyo propio.

Hay un l�mite a la intervenci�n leg�tima de la opini�n colectiva en la independencia individual; encontrarle y defenderle contra toda invasi�n es tan indispensable a una buena condici�n de los asuntos humanos, como la protecci�n contra el despotismo pol�tico.

Pero si esta proposici�n, en t�rminos generales, es casi incontestable, la cuesti�n pr�ctica de colocar el l�mite -como hacer el ajuste exacto entre la independencia individual y la intervenci�n social- es un asunto en el que casi todo est� por hacer. Todo lo que da alg�n valor a nuestra existencia, depende de la restricci�n impuesta a las acciones de los dem�s. Algunas reglas de conducta debe, pues, imponer, en primer lugar, la ley, y la opini�n, despu�s para muchas cosas a las cuales no puede alcanzar la acci�n de la ley. En determinarlo que deben ser estas reglas consiste la principal cuesti�n en los negocios humanos; pero si exceptuamos algunos de los casos m�s salientes, es aquella hacia cuya soluci�n menos se ha progresado.

No hay dos siglos, ni escasamente dos pa�ses, que hayan llegado, respecto de esto, a la misma conclusi�n; y la conclusi�n de un siglo o de un pa�s es causa de admiraci�n para otro. Sin embargo, las gentes de un siglo o pa�s dado no sospechan que la cuesti�n sea m�s complicada de lo que ser�a si se tratase de un asunto sobre el cual la especie humana hubiera estado siempre de acuerdo. Las reglas que entre ellos prevalecen les parecen evidentes y justificadas por s� mismas.

Esta completa y universal ilusi�n es uno de los ejemplos de la m�gica influencia de la costumbre, que no es s�lo, como dice el proverbio, una segunda naturaleza, sino que continuamente est� usurpando el lugar de la primera. El efecto de la costumbre, impidiendo que se promueva duda alguna respecto a las reglas de conducta impuestas por la humanidad a cada uno, es tanto m�s completo cuanto que sobre este asunto no se cree necesario dar razones ni a los dem�s ni a uno mismo, La gente acostumbra a creer, y algunos que aspiran al t�tulo de fil�sofos la animan en esa creencia, que sus sentimientos sobre asuntos de tal naturaleza valen m�s que las razones, y las hacen innecesarias.

El principio pr�ctico que la gu�a en sus opiniones sobre la regulaci�n de la conducta humana es la idea existente en el esp�ritu de cada uno, de que deber�a obligarse a los dem�s a obrar seg�n el gusto suyo y de aquellos con quienes �l simpatiza. En realidad nadie confiesa que el regulador de su juicio es su propio gusto; pero toda opini�n sobre un punto de conducta que no est� sostenida por razones s�lo puede ser mirada como una preferencia personal; y si las razones, cuando se alegan, consisten en la mera apelaci�n a una preferencia semejante experimentada por otras personas, no pasa todo de ser una inclinaci�n de varios, en vez de ser la de uno solo. Para un hombre ordinario, sin embargo, su propia inclinaci�n as� sostenida no es s�lo una raz�n perfectamente satisfactoria, sino la �nica que, en general, tiene para cualquiera de sus nociones de moralidad, gusto o conveniencias, que no est�n expresamente inscritas en su credo religioso; y hasta su gu�a principal en la interpretaci�n de �ste. Por tanto, las opiniones de los hombres sobre lo que es digno de alabanza o merecedor de condena est� afectadas por todas las diversas causas que influyen sobre sus deseos respecto a la conducta de los dem�s, causas tan numerosas como las que determinan sus deseos sobre cualquier otro asunto. Algunas veces su raz�n; en otros tiempos sus prejuicios o sus supersticiones; con frecuencia sus afecciones sociales; no pocas veces sus tendencias antisociales, su envidia o sus celos, su arrogancia o su desprecio; pero lo m�s frecuentemente sus propios deseos y temores, su leg�timo o ileg�timo inter�s. En donde quiera que hay una clase dominante, una gran parte de la moralidad del pa�s emana de sus intereses y de sus sentimientos de clase superior. La moral, entre los espartanos y los ilotas, entre los plantadores y los negros, entre los pr�ncipes y los s�bditos, entre los nobles y los plebeyos, entre los hombres y las mujeres, ha sido en su mayor parte criatura de esos intereses y sentimientos de clase; y las opiniones as� engendradas reabran a su vez sobre los sentimientos morales de sus miembros de la clase dominante en sus rec�procas relaciones. Por otra parte, donde una clase, en otro tiempo dominante, ha perdido su predominio, o bien donde este predominio se ha hecho impopular, los sentimientos morales que prevalecen est�n impregnados de un impaciente disgusto contra la superioridad. Otro gran principio determinante de las reglas de conducta impuestas por las leyes o por la opini�n, tanto respecto a los actos como respecto a las opiniones, ha sido el servilismo de la especie humana hacia las supuestas preferencias o aversiones de sus se�ores temporales o de sus dioses. Este servilismo, aunque esencialmente ego�sta, no es hip�crita, y ha hecho nacer genuinos sentimiento de horror; �l ha llevado a los hombres a quemar nigromantes y herejes. Entre tantas viles influencias, los intereses evidentes y generales de la sociedad han tenido, naturalmente, una parte, y una parte importante en la direcci�n de los sentimientos morales: menos, sin embargo, por su propio valor que como una consecuencia de las simpat�as o antipat�as que crecieron a su alrededor; simpat�as y antipat�as que, teniendo poco o nada que ver con los intereses de la sociedad, han dejado sentir su fuerza en el establecimiento de los principios morales.

As� los gustos o disgustos de la sociedad o de alguna poderosa porci�n de ella, son los que principal y pr�cticamente han determinado las reglas impuestas a la general observancia con la sanci�n de la ley o de la opini�n.

Y, en general, aquellos que en ideas y sentimientos estaban m�s adelantados que la sociedad, han dejado subsistir en principio, intacto, este estado de cosas, aunque se hayan podido encontrar en conflicto con ella en algunos de sus detalles. Se han preocupado m�s de saber qu� es lo que a la sociedad deb�a agradar o no que de averiguar si sus preferencias o repugnancias deb�an o no ser ley para los individuos. Han preferido procurar el cambio de los sentimientos de la humanidad en aquello en que ellos mismos eran herejes, a hacer causa com�n con los herejes, en general, para la defensa de la libertad. El caso de la fe religiosa es el �nico en que por todos, aparte de individualidades aisladas, se ha adoptado premeditadamente un criterio elevado y se le ha mantenido con constancia: un caso instructivo en muchos aspectos, y no en el que menos en aquel en que representa uno de los m�s notables ejemplos de la falibilidad de lo que se llama el sentido moral, pues el odium theologicum en un devoto sincero es uno de los casos m�s inequ�vocos de sentimiento moral. Los que primero se libertaron del yugo de lo que se llam� Iglesia Universal estuvieron, en general, tan poco dispuestos como la misma Iglesia a permitir la diferencia de opiniones religiosas. Pero cuando el fuego de la lucha se apag�, sin dar victoria completa a ninguna de las partes, y cada iglesia o secta se vio obligada a limitar sus esperanzas y a retener la posesi�n del terreno ya ocupado, las minor�as, viendo que no ten�an probabilidades de convertirse en mayor�as, se vieron forzadas a solicitar autorizaci�n para disentir de aquellos a quienes no pod�an convertir. Seg�n esto, los derechos del individuo contra la sociedad fueron afirmados sobre s�lidos fundamentos de principio, casi exclusivamente en este campo de batalla, y en �l fue abiertamente controvertida la pretensi�n de la sociedad de ejercer autoridad sobre los disidentes. Los grandes escritores a los cuales debe el mundo la libertad religiosa que posee, han afirmado la libertad de conciencia como un derecho inviolable y han negado, absolutamente, que un ser humanos pueda ser responsable ante otros por su creencia religiosa. Es tan natural, sin embargo, a la humanidad la intolerancia en aquello que realmente le interesa, que la libertad religiosa no ha tenido realizaci�n pr�ctica en casi ning�n sitio, excepto donde la indiferencia que no quiere ver turbada su paz por querellas teol�gicas ha echado su peso en la balanza. En las mentes de casi todas las personas religiosas, aun en los pa�ses m�s tolerantes, no es admitido sin reservas el deber de la tolerancia. Una persona transigir� con un disidente en materia de gobierno eclesi�stico, pero no en materia de dogma; otra, puede tolerar a todo el mundo, menos a un papista o un unitario; otra, a todo el que crea en una religi�n revelada; unos cuentos, extender�n un poco m�s su caridad, pero se detendr� en la creencia en Dios y en la vida futura. All� donde el sentimiento de la mayor�a es sincero e intenso se encuentra poco abatida su pretensi�n a ser obedecido.

En Inglaterra, debido a las peculiares circunstancias de nuestra historia pol�tica, aunque el yugo de la opini�n es acaso m�s pesado, el de la ley es m�s ligero que en la mayor�a de los pa�ses de Europa; y hay un gran recelo contra la directa intervenci�n del legislativo, o el ejecutivo, en la conducta privada, no tanto por una justificada consideraci�n hacia la independencia individual como por la costumbre, subsistente todav�a, de ver en el Gobierno el representante de un inter�s opuesto al p�blico. La mayor�a no acierta todav�a a considerar el poder del Gobierno como su propio poder, ni sus opiniones como las suyas propias. Cuando lleguen a eso, la libertad individual se encontrar� tan expuesta a invasiones del Gobierno como ya lo est� hoy a invasiones de la opini�n p�blica. M�s, sin embargo, como existe un fuerte sentimiento siempre dispuesto a salir al paso de todo intento de control legal de los individuos, en cosas en las que hasta entonces no hab�an estado sujetas a �l, y esto lo hace con muy poco discernimiento en cuanto as� la materia est� o no dentro de la esfera del leg�timo control legal, resulta que ese sentimiento, altamente laudable en conjunto, es con frecuencia tan inoportunamente aplicado como bien fundamentado en los casos particulares de su aplicaci�n.

Realmente no hay un principio generalmente aceptado que permita determinar de un modo normal y ordinario la propiedad o impropiedad de la intervenci�n del Gobierno. Cada uno decide seg�n sus preferencias personales. Unos, en cuanto ven un bien que hacer o un mal que remediar instigar�an voluntariamente al Gobierno para que emprendiese la tarea; otros, prefieren soportar casi todos los males sociales antes que aumentar la lista de los intereses humano susceptibles de control gubernamental. Y los hombres se colocan de un lado o del otro, seg�n la direcci�n general de sus sentimientos, el grado de inter�s que sienten por la cosa especial que el Gobierno habr�a de hacer, o la fe que tengan en que el Gobierno la har�a como ellos prefiriesen, pero muy rara vez en vista de una opini�n permanente en ellos, en cuanto a qu� cosas son propias para ser hechas por un Gobierno. Y en mi opini�n, la consecuencia de esta falta de regla o principio es que tan pronto es un partido el que yerra como el otro; con la misma frecuencia y con igual impropiedad se invoca y se condena la intervenci�n del Gobierno.

El objeto de este ensayo es afirmar un sencillo principio destinado a regir absolutamente las relaciones de la sociedad con el individuo en lo que tengan de compulsi�n o control, ya sean los medios empleados la fuerza f�sica en forma de penalidades legales o la coacci�n moral de la opini�n p�blica.

Este principio consiste en afirmar que el �nico fin por el cual es justificable que la humanidad, individual o colectivamente, se entremeta en la libertad de acci�n de uno cualquiera de sus miembros, es la propia protecci�n. Que la �nica finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los dem�s. Su propio bien, f�sico o moral, no es justificaci�n suficiente. Nadie puede ser obligado justificadamente a realizar o no realizar determinados actos, porque eso fuera mejor para �l, porque le har�a feliz, porque, en opini�n de los dem�s, hacerlo ser�a m�s acertado o m�s justo.

Estas son buenas razones para discutir, razonar y persuadirle, pero no para obligarle o causarle alg�n perjuicio si obra de manera diferente Para justificar esto ser�a preciso pensar que la conducta de la que se trata de disuadirle produc�a un perjuicio a alg�n otro. La �nica parte de la conducta de cada uno por la que �l es responsable ante la sociedad es la que se refiere a los dem�s. En la parte que le concierne meramente a �l, su independencia es, de derecho, absoluta. Sobre s� mismo, sobre su propio cuerpo y esp�ritu, el individuo es soberano.

Casi es innecesario decir que esta doctrina es s�lo aplicable a seres humanos en la madurez de sus facultades. No hablamos de los ni�os ni de los j�venes que no hayan llegado a la edad que la ley fije como la de la plena masculinidad o femineidad. Los que est�n todav�a en una situaci�n que exige sean cuidados por otros, deben ser protegidos contra sus propios actos, tanto como contra los da�os exteriores. Por la misma raz�n podemos prescindir de considerar aquellos estados atrasados de la sociedad en los que la misma raza puede ser considerada como en su minor�a de edad. Las primeras dificultades en el progreso espont�neo son tan grandes que es dif�cil poder escoger los medios para vencerlas; y un gobernante lleno de esp�ritu de mejoramiento est� autorizado para emplear todos los recursos mediante los cuales pueda alcanzar un fin, quiz� inaccesible de otra manera. El despotismo es un modo leg�timo de gobierno trat�ndose de b�rbaros, siempre que su fin sea su mejoramiento, y que los medios se justifiquen por estar actualmente encaminados a ese fin. La libertad, como un principio, no tiene aplicaci�n a un estado de cosas anterior al momento en que la humanidad se hizo capaz de mejorar por la libre y pac�fica discusi�n. Hasta entonces, no hubo para ella m�s que la obediencia impl�cita a un Akbar o un Carlomagno, si tuvo la fortuna de encontrar alguno. Pero tan pronto como la humanidad alcanz� la capacidad de ser guiada hacia su propio mejoramiento por la convicci�n o la persuasi�n (largo per�odo desde que fue conseguida en todas las naciones, del cual debemos preocuparnos aqu�), la compulsi�n, bien sea en la forma directa, bien en la de penalidades por inobservancia, no es que admisible como un medio para conseguir su propio bien, y s�lo es justificable para la seguridad de los dem�s.

Debe hacerse constar que prescindo de toda ventaja que pudiera derivarse para mi argumento de la idea abstracta de lo justo como de cosa independiente de la utilidad. Considero la utilidad como la suprema apelaci�n en las cuestiones �ticas; pero la utilidad, en su m�s amplio sentido, fundada en los intereses permanentes del hombre como un ser progresivo. Estos intereses autorizan, en mi opini�n, el control externo de la espontaneidad individual s�lo respecto a aquellas acciones de cada uno que hacer referencia a los dem�s. Si un hombre ejecuta un acto perjudicial a los dem�s, hay un motivo para castigarle, sea por la ley, sea, donde las penalidades legales no puedan ser aplicadas, por la general desaprobaci�n. Hay tambi�n muchos actos beneficiosos para los dem�s a cuya realizaci�n puede un hombre ser justamente obligado, tales como atestiguar ante un tribunal de justicia, tomar la parte que le corresponda en la defensa com�n o en cualquier otra obra general necesaria al inter�s de la sociedad de cuya protecci�n goza; as� como tambi�n la de ciertos actos de beneficencia individual como salvar la vida de un semejante o proteger al indefenso contra los malos tratos, cosas cuya realizaci�n constituye en todo momento el deber de todo hombre, y por cuya inejecuci�n puede hac�rsele, muy justamente, responsable ante la sociedad. Una persona puede causar da�o a otras no s�lo por su acci�n, sino por su omisi�n, y en ambos casos debe responder ante ella del perjuicio. Es verdad que el caso �ltimo exige un esfuerzo de compulsi�n mucho m�s prudente que el primero. Hacer a uno responsable del mal que haya causado a otro es la regla general; hacerle responsable por no haber prevenido el mal, es, comparativamente, la excepci�n. Sin embargo, hay muchos casos bastante claros y bastante graves para justificar la excepci�n. En todas las cosas que se refieren a las relaciones externas del individuo, �ste es, de jure, responsable ante aquellos cuyos intereses fueron atacados, y sin necesario fuera, ante la sociedad, como su protectora. Hay, con frecuencia, buenas razones para no exigirle esta responsabilidad; pero tales razones deben surgir de las especiales circunstancias del caso, bien sea por tratarse de uno en el cual haya probabilidades de que el individuo proceda mejor abandonado a su propia discreci�n que sometido a una cualquiera de las formas de control que la sociedad pueda ejercer sobre �l, bien sea porque el intento de ejercer este control produzca otros males m�s grandes que aquellos que trata de prevenir. Cuando razones tales impidan que la responsabilidad sea exigida, la conciencia del mismo agente debe ocupar el lugar vacante del juez y proteger los intereses de los dem�s que carecen de una protecci�n externa, juzg�ndose con la mayor rigidez, precisamente porque el caso no admite ser sometido al juicio de sus semejantes.

Pero hay una esfera de acci�n en la cual la sociedad, como distinta del individuo, no tiene, si acaso, m�s que un inter�s indirecto, comprensiva de toda aquella parte de la vida y conducta del individuo que no afecta m�s que a �l mismo, o que si afecta tambi�n a los dem�s, es s�lo por una participaci�n libre, voluntaria y reflexivamente consentida por ellos. Cuando digo a �l mismo quiero significar directamente y en primer lugar; pues todo lo que afecta a uno puede afectar a otros a trav�s de �l, y ya ser� ulteriormente tomada en consideraci�n la objeci�n que en esto puede apoyarse. Esta es, pues, la raz�n propia de la libertad humana. Comprende, primero, el dominio interno de la conciencia; exigiendo la libertad de conciencia en el m�s comprensivo de sus sentidos; la libertad de pensar y sentir; la m�s absoluta libertad de pensamiento y sentimiento sobre todas las materias, pr�cticas o especulativas, cient�ficas, morales o teol�gicas. La libertad de expresar y publicar las opiniones puede parecer que cae bajo un principio diferente por pertenecer a esa parte de la conducta de un individuo que se relaciona con los dem�s; pero teniendo casi tanta importancia como la misma libertad de pensamiento y descansando en gran parte sobre las mismas razones, es pr�cticamente inseparable de ella. En segundo lugar, es pr�cticamente inseparable de ella. En segundo lugar, la libertad humana exige libertad en nuestros gustos y en la determinaci�n de nuestros propios fines; libertad para trazar el plan de nuestra vida seg�n nuestro propio car�cter para obrar como queramos, sujetos a las consecuencias de nuestros actos, sin que nos lo impidan nuestros semejantes en tanto no les perjudiquemos, aun cuando ellos puedan pensar que nuestra conducta es loca, perversa o equivocada. En tercer lugar, de esta libertad de cada individuo se desprende la libertad, dentro de los mismos l�mites, de asociaci�n entre individuos: libertad de reunirse para todos los fines que no sean perjudicar a los dem�s; y en el supuesto de que las personas que se asocian sean mayores de edad y no vayan forzadas ni enga�adas.

No es libre ninguna sociedad, cualquiera que sea su forma de gobierno, en la cual estas libertades no est�n respetadas en su totalidad; y ninguna es libre por completo si no est�n en ella absoluta y plenamente garantizadas. La �nica libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio bien, por nuestro camino propio, en tanto no privemos a los dem�s del suyo o les impidamos esforzarse por conseguirlo. Cada uno es el guardi�n natural de su propia salud, sea f�sica, mental o espiritual. La humanidad sale m�s gananciosa consintiendo a cada cual vivir a su manera que oblig�ndole a vivir a la manera de los dem�s.

Aunque esta doctrina no es nueva, y a alguien puede parecerle evidente por s� misma, no existe ninguna otra que m�s directamente se oponga a la tendencia general de la opini�n y la pr�ctica reinantes. La sociedad ha empleado tanto esfuerzo en tratar (seg�n sus luces) de obligar a las gentes a seguir sus nociones respecto de perfecci�n individual, como en obligarles a seguir las relativas a la perfecci�n social. Las antiguas rep�blicas se consideraban con t�tulo bastante para reglamentar, por medio de la autoridad p�blica, toda la conducta privada, fund�ndose en que el Estado ten�a profundo inter�s en la disciplina corporal y mental de cada uno de los ciudadanos, y los fil�sofos apoyaban esta pretensi�n; modo de pensar que pudo ser admisible en peque�as rep�blicas rodeadas de poderosos enemigos, en peligro constante de ser subvertidas por ataques exteriores o conmociones internas, y a las cuales pod�a f�cilmente ser fatal un corto per�odo de relajaci�n en la energ�a y propia dominaci�n, lo que no las permit�a esperar los saludables y permanentes efectos de la libertad. En el mundo moderno, la mayor extensi�n de las comunidades pol�ticas y, sobre todo, la separaci�n entre la autoridad temporal y la espiritual (que puso la direcci�n de la conciencia de los hombres en manos distintas de aquellas que inspeccionaban sus asuntos terrenos), impidi� una intervenci�n tan fuerte de la ley en los detalles de la vida privada; pero el mecanismo de la represi�n moral fue manejado m�s vigorosamente contra las discrepancias de la opini�n reinante en lo que afectaba a la conciencia individual que en materias sociales; la religi�n, el elemento m�s poderoso de los que han intervenido en la formaci�n del sentimiento moral, ha estado casi siempre gobernada, sea por la ambici�n de una jerarqu�a que aspiraba al control sobre todas las manifestaciones de la conducta humana, sea por el esp�ritu del puritanismo.

Y algunos de estos reformadores que se han colocado en la m�s irreductible oposici�n a las religiones del pasado, no se han quedado atr�s, ni de las iglesias, ni de las sectas, a afirmar el derecho de dominaci�n espiritual: especialmente M. Comte, en cuyo sistema social, tal como se expone en su Trait� de Politique Positive, se tiende (aunque m�s bien por medios morales que legales) a un despotismo de la sociedad sobre el individuo, que supera todo lo que puede contemplarse en los ideales pol�ticos de los m�s r�gidos ordenancistas, entre los fil�sofos antiguos.

Aparte de las opiniones peculiares de los pensadores individuales, hay tambi�n en el mundo una grande y creciente inclinaci�n a extender indebidamente los poderes de la sociedad sobre el individuo, no s�lo por la fuerza de la opini�n, sino tambi�n por la de la legislaci�n; y como la tendencia de todos los cambios que tienen lugar en el mundo es a fortalecer la sociedad y disminuir el poder del individuo, esta intromisi�n no es uno de los males que tiendan a desaparecer espont�neamente, sino que, por el contrario, se har� m�s y m�s formidable cada d�a. Esta disposici�n del hombre, sea como gobernante o como ciudadano, a imponer sus propias opiniones e inclinaciones como regla de conducta para los dem�s, est� tan en�rgicamente sostenida por algunos de los mejores y algunos de los peores sentimientos inherentes a la naturaleza humana que casi nunca se contiene si no es por falta de poder; y como el poder no declina, sino que crece, debemos esperar, a menos que se levante contra el mal una fuerte barrera de convicci�n moral, que en las presentes circunstancias del mundo hemos de verle aumentar.

Ser� conveniente para el argumento que en vez de entrar, desde luego, en la tesis general, nos limitemos en el primer momento a una sola rama de ella, respecto de la cual el principio aqu� establecido es, si no completamente, por lo menos hasta un cierto punto, admitido por las opiniones corrientes.

Esta rama es la libertad de pensamiento, de la cual es imposible separar la libertad conexa de hablar y escribir. Aunque estas libertades, en una considerable parte, integran la moralidad pol�tica de todos los pa�ses que profesan la tolerancia religiosa y las instituciones libres, los principios, tanto filos�ficos como pr�cticos, en los cuales se apoyan, no son tan familiares a la opini�n general ni tan completamente apreciados a�n por muchos de los conductores de la opini�n como podr�a esperarse. Estos principios, rectamente entendidos, son aplicables con mucha mayor amplitud de la que exige un solo aspecto de la materia.