Introducci�n

Mis ideas acerca de la econom�a y la pol�tica de los d�ficit presupuestarios financiados mediante la deuda no gozan de una aceptaci�n amplia entre mis colegas economistas. De hecho, mi pensamiento sobre este tema puede ser m�s pr�ximo a aquel que emerge del sentido com�n del ciudadano ordinario. Present� por primera vez estas ideas en 1958 en libro Public Principles of Public Debt (Principios p�blicos de la deuda p�blica), que desafiaba la noci�n keynesiana entonces ortodoxa de que la deuda p�blica no entra�a ning�n deslizamiento temporal de la carga porque �la debemos nosotros mismos�. A la largo de tres d�cadas mis creencias b�sicas no han cambiado. Es mucho m�s importante lograr que los fundamentos del an�lisis sean correctos, a fines de los ochentas, de lo que fue en los cincuenta. Mi segundo esfuerzo de importancia fue un libro, Democracy in Deficit (La democracia en d�ficit), escrito en colaboraci�n con Richard E. Wagner y publicado en 1978. Este segundo libro no examinaba las consecuencias econ�micas de las deudas y lo d�ficit; intentaba explicar por que los procesos de toma de decisi�n modernos o poskeynesianos generan una forma de financiamiento deficitario casi permanente. Mientras que el primer libro era un ataque contra la teor�a macroecon�mica keynesiana de la deuda p�blica, el segundo libro era un ataque contra las presuposiciones keynesianas acerca de la pol�tica democr�tica.

Tal vez no deba sorprendernos que mis esfuerzos en ambos casos erizaron el plumaje de los economistas, quienes contin�an bajo el dominio del paradigma macroecon�mico impuesto a mediados del siglo pasado por la �revoluci�n� keynesiana en el pensamiento econ�mico. No continuar� la argumentaci�n que prevalece en este contexto con otros economistas, pero resulta �til mencionar aunque sea brevemente la posici�n de mis adversarios como trasfondo para la discusi�n que sigue.

Los principales elementales

En los t�rminos m�s sencillos, las consecuencias econ�micas de un d�ficit presupuestario financiado con deudas son equivalentes a las consecuencias econ�micas de un d�ficit financiado mediante endeudamientos en la cuenta de cualquier unidad econ�mico-financiera, sea esta una persona, una familia, una corporaci�n, un club, una iglesia o un sindicato de trabajadores. Cuando los ingresos que se obtienen son inferiores a los egresos o gastos actuales surge un d�ficit, y si no se incrementan los ingresos o se disminuyen los egresos el d�ficit o diferencia debe ser financiado pidiendo pr�stamos, en el caso de los gobiernos nacionales, que tienen la autoridad para emitir papel moneda, los d�ficit presupuestarios tambi�n pueden financiarse directamente mediante la emisi�n de dinero. Dejar� fuera de esta discusi�n esta posible fuente de ingresos, ya que el tema que nos interesa trata de las consecuencias de los d�ficit financiados por medio de deudas. Estas consecuencias en s� mismas pueden hacer de la monetarizaci�n un recurso de �ltima instancia, aspecto que tratar� en forma breve m�s adelante.

Tanto para el deudor como para el acreedor, la venta y compra de instrumentos de deuda implica un desplazamiento temporal de la disponibilidad de fondos. El deudor se ve capacitado a adaptar m�s que sus ingresos al inicio del per�odo presupuestal, pero se obliga a gastar menos que sus ingresos en alg�n periodo futuro. Por la otra parte, el acreedor gasta menos que sus ingresos en el periodo inicial pero se ve capacitado para gastar m�s que los ingresos en los periodos durante los cuales la deuda se amortiza. Como he sostenido a lo largo de tres d�cadas, el gobierno no es fundamentalmente diferente en estos sentidos de cualquier otro deudor.

Se hace necesario volver a los or�genes debido a la inmensa confusi�n que priva en buena parte de las discusiones sobre la deuda p�blica y los d�ficit. Si descartamos una suspensi�n en el servicio de la deuda, la consecuencia econ�mica primaria del gasto gubernamental financiado por deuda es la necesidad garantizada de que nosotros, como ciudadanos contribuyentes y beneficiarios de los programas positivos, deberemos renunciar a partes de nuestros ingresos en periodos futuros para poder cubrir los gastos de intereses y amortizaciones sobre la deuda. Una parte de nuestros ingresos futuros ha sido comprometida para satisfacer los leg�timos reclamos de los acreedores del gobierno. No importa en absoluto si estos acreedores son ellos mismos ciudadanos o extranjeros.

El financiamiento de los gastos gubernamentales corrientes mediante endeudamientos equivale a �devorar� el valor del capital nacional. Si definimos el valor capital descontando un flujo esperado de ingresos futuros, entonces cualquier desviaci�n de dichos ingresos reduce este valor. Y lo hace de la misma manera como lo har�a el consumo de bienes de capital. Al financiar los egresos p�blicos actuales mediante endeudamientos, en realidad lo que estamos haciendo es cortar el manzano para hacer le�a, con lo cual reduciremos la cosecha del huerto para siempre.

Con frecuencia se rechaza la analog�a entre el consumo p�blico financiado por endeudamiento y la destrucci�n del valor capital porque se argumenta que, siendo ciudadanos los acreedores de la deuda interna, las obligaciones contra los ingresos futuros de �sta se balancean exactamente contra las exigencias de quienes han comprado participaciones gubernamentales. Desde esta l�gica macroecon�mica simplista, no hay efectos sobre los valores del capital sumados sobre toda la econom�a. El absurdo de esta argumentaci�n queda demostrado en cuanto reconocemos que quienes compran las participaciones en el gobierno lo hacen en forma completamente voluntaria en una transacci�n de intercambio y que, precisamente porque la compra es voluntaria, estas mismas personas pudieron haber empleado esos fondos sea para comprar otros activos privados que rindan ingresos o para el consumo privado durante el periodo inicial. En cualquier caso, los valores de capital de los acreedores en manos de aquellos que compraron participaciones gubernamentales no se pueden contra como contrapartes positivas del valor de capital negativo que necesariamente entra�a la obligaci�n de satisfacer caros futuros por intereses y amortizaci�n. Este valor negativo es un cargo contra la cartera de los ciudadanos, como miembros de la unidad pol�tica, y no se balancea por ning�n incremento positivo al valor de capital asignado apropiadamente a este mismo portafolio. Este resultado es v�lido independientemente de las fuentes de los fondos iniciales prestados al gobierno.

Deuda interna y deuda externa

Este error l�gico b�sico en el an�lisis tambi�n anima el conocido argumento seg�n el cual la deuda en manos de extranjeros, as� llamada deuda externa, es m�s onerosa que la deuda que est� en manos de ciudadanos o de organizaciones dom�sticas. El error aqu� se origina por no considerar las alternativas que inicialmente se ofrecen a quienes compran los t�tulos. Si son ciudadanos quienes compran los instrumentos de la deuda, se hace imposible el empleo alternativo d los fondos en la econom�a dom�stica. Si los bonos son comprados por extranjeros, quedar�an abiertas estas alternativas en la econom�a dom�stica. Las reclamaciones contra ingresos futuros por parte de los extranjeros del segundo caso son exactamente equivalente al valor de los empleos de los fondos que siguen estando disponibles para su explotaci�n como inversiones privadas o como oportunidades de consumo. Como ciudadanos, como miembros de la organizaci�n pol�tica del gobierno, quedamos exactamente en la misma posici�n si la deuda nacional est� en manos de personas al interior o al exterior de la econom�a nacional.

Se sugiere con frecuencia que el r�gimen de los ochenta de d�ficit masivos ha podido sostenerse sin perjuicios econ�micos mayores s�lo gracias a que han sido extranjeros quienes han comprado grandes lotes de las obligaciones emitidas para financiar los d�ficit. De otro modo, se sugiere, los d�ficit presupuestarios de la magnitud experimentada habr�an ejercido presiones ascendentes inaceptables sobre las tasas de inter�s. Mi conclusi�n acerca de los efectos equivalentes de la deuda externa y la dom�stica o interna no contradicen tal sugerencia. El impacto de un d�ficit financiado con endeudamiento de cualquier tama�o sobre las tasas de inter�s depender� de la oferta de fondos para prestar, y si los inversionistas extranjeros ofrecen fondos para los mercados de pr�stamos locales, sean p�blicos o privados, las tasas de inter�s ser�n menores de lo que ser�an de no disponerse de tales fondos de inversi�n extranjera. No hace ninguna diferencia si los extranjeros compran obligaciones privadas o gubernamentales.

Arrinconamiento

Una segunda fuente de confusi�n mayor, o al menos de ambig�edad, tiene que ver con la cuesti�n del �arrinconamiento�. Como el financiamiento de la deuda fuerza al gobierno a vender obligaciones a cambio de los fondos que proveen los acreedores, fondos que se consumen cuando gasta el gobierno, parece evidente que estos fondos podr�an ser empleados por los prestadores para comprar obligaciones privadas que rindan ingresos. Los vendedores potenciales de obligaciones privadas (por ejemplo, firmas en busca de expandir sus facilidades de capital mediante la emisi�n de acciones o bonos) quedan �arrinconados�. Las obligaciones privadas s�lo pueden entrar al mercado a tasas de inter�s que son muy superiores a aquella que prevalecer�an de no existir la operaci�n de pr�stamo del gobierno.

Algunos economistas han cuestionado este argumento en apariencia simple; seg�n ellos la cuesti�n de la deuda p�blica, en s� misma, estimula nuevos ahorros. De acuerdo con esta argumentaci�n, los ciudadanos se dar�n cuenta de los grav�menes tributarios que est�n implicados en cualquier operaci�n de endeudamiento p�blico del periodo futuro. En consecuencia, ajustar�n su comportamiento de tal manera que estos futuros pagos de grav�menes, que les ser�n impuestos a ellos o a sus descendientes, puedan ser m�s f�ciles de cumplir. Seg�n este escenario, el ciudadano, al poder observar el endeudamiento del gobierno har� ahorros adicionales mediante la reducci�n de sus tasas actuales de sus gastos de consumo. El ahorro adicional, en la medida en que ser realice, deber� equiparse con las demandas adicionales de fondos prestables que representa la operaci�n de endeudamiento p�blico. En el extremo, si los nuevos ahorros balancean completamente la situaci�n, no habr� �arrinconamiento�. Y, aun de no ser completo, cualquier ahorro que se genere como resultado de la cuesti�n de la deuda p�blica atenuar� el arrinconamiento de la formaci�n de capital privada m�s all� de lo sugerido por el argumento inicial.

Mi propia posici�n es que el hecho de que el financiamiento por endeudamiento de los d�ficit presupuestarios �arrincone� o no a la inversi�n privada y a la formaci�n de capital es esencialmente una cuesti�n no es mi intenci�n sugerir que carezca de importancia. En vez de ello sugiero que es inexcusable que los economistas se concentren injustificadamente en esta discusi�n, que suponga que no ocurre ning�n arrinconamiento. Supongamos que los d�ficit financiados por deuda no tiene efectos sobre la tasa de inter�s, y por ende sobre la tasa de formaci�n de capital en la econom�a. Este resultado requerir�a que los nuevos ahorros generados fueran suficientes para financiar por completo todos los instrumentos de deuda gubernamental ofrecidos.

La consecuencia econ�mica primaria del financiamiento por endeudamiento de los d�ficit seguir�a estando presente aun en este caso extremo y totalmente fuera de la realidad. Seguir� habiendo una demanda neta contra los flujos de ingresos privados futuros en la econom�a, demanda detentada por los acreedores del gobierno, todas aquellas personas, individuos u organizaciones, dom�sticos o extranjeros, que posean t�tulos gubernamentales. Los impuestos, que por su propia naturaleza son coercitivos, tendr�n que imponerse en contra personas para poder generar los ingresos necesarios para financiar el pago de intereses sobre la deuda. Por definici�n, aquella parte de los ingresos privados que deba destinarse al pago de impuestos no puede estar disponible para usos privados como podr�an desear los individuos, tanto para efectos privados como podr�an desear los individuos, tanto para efectos privados como p�blicos. Se har� presente la carga de tener que efectuar pagos de impuestos a partir del ingreso personal, independientemente del comportamiento de aquellos que hagan las decisiones del periodo inicial respeto a cu�nto ahorrar y cu�nto consumir. La persona que enfrente un impuesto para financiar el pago de intereses no establecer� ninguna relaci�n entre el ahorro que sus padres puedan o no haber hecho y la deuda que se contrajo anteriormente. La persona que enfrente un impuesto para financiar el pago de intereses no establecer� ninguna relaci�n entre ahorro que sus padres puedan o no haber hecho y la deuda que se contrajo anteriormente. La persona que encare un impuesto as� razonar� simplemente a partir del hecho observado de que los ingresos que de otra manera podr�a usar se le quitan as� razonar� simplemente a partir del hecho observado de que los ingresos que de otra manera podr�a usar se le quitan mediante impuestos. El resultado es an�logo precisamente al ejemplo de la huerta de manzanas que mencionamos anteriormente. Si el producto de tres de los �rboles dentro de la propiedad nominal de un individuo se destinan al servicio de la deuda, esto es completamente equivalente a tener una huerta con tres �rboles menos.

�Cu�nto tiempo podemos gravar el futuro?

Las implicaciones descriptivas del an�lisis m�s elemental son claras. El gobierno federal se ha embarcado en un patr�n de gastos financiados por endeudamiento que no puede sostenerse indefinidamente. El hecho de que el gobierno no pueda caer en bancarrota en ning�n sentido an�logo a la bancarrota de personas o de firmas comerciales no modifica nada la proposici�n central. Por supuesto, los poderes �ltimos que el gobierno tiene para recaudar impuestos y crear dinero garantizan que se respetar�n todas las demandas por deudas a valor nominal, pero no nos ofrecen una opci�n viable para una reforma permanente, ni un incremento continuado de la proporci�n de la proporci�n de los impuestos recaudados, destinada al pago de intereses ni tampoco una monetarizaci�n inflacionaria de las deudas nominales.

Es necesario reducir el d�ficit presupuestal. Pero, �cu�les son las consecuencias de esta reducci�n? Es necesario recortar, tal vez dram�ticamente, las tasas actuales de gasto gubernamental, y/o incrementar quiz� dram�ticamente las tasas impositivas actuales. Cualquiera de estas dos opciones, o cualquier combinaci�n de ellas tambi�n debe tener serias consecuencias econ�micas. Los recortes en el gasto reducir�n los beneficios esperados por todas aquellas personas y grupos que han anticipado programas de expansi�n continuos. Los aumentos en los impuestos, reducir�n los ingresos disponibles para los individuos privados, una proporci�n de los cuales se habr�an destinado a la inversi�n privada.

Podr�a predecirse que una reducci�n en el d�ficit, financiada por un recorte en las tasas del gasto gubernamental o por un incremento en las tasas de los impuestos, har�a descender la tasa de inter�s, ya que la reducci�n de la demanda gubernamental de fondos prestables no quedar�a completamente compensada por una reducci�n en la oferta de tales fondos. Este efecto sobre la tasa de inter�s es a su vez una consecuencia secundaria de la reducci�n o eliminaci�n del d�ficit. La consecuencia primaria es un desplazamiento de la incidencia del pago de los programas gubernamentales que cambia de causantes futuros a aquellos que est�n activos durante el periodo en que el gobierno hace realmente sus erogaciones.

En alg�n punto ser� necesario realizar este desplazamiento en la incidencia temporal del gasto gubernamental. El crecimiento real de la econom�a nacional puede posponer el d�a en que se llegue a esa decisi�n, pero el pago de intereses no puede absorber de manera permanente una proporci�n creciente del presupuesto federal.

�Es necesario cambiar las reglas?

�Acaso hay buenos prospectos de que nuestros procedimientos democr�ticos de decisi�n puedan lograr este cambio de incidencia? �No ser� necesario predecir que estos procesos operar�n para asegurar que el dilema del d�ficit empeore mucho antes de que mejore? �Despu�s de haberse embarcado en este patr�n de gasto financiado por endeudamiento, podr� nuestra estructura pol�tica, tal como est� organizada hoy en d�a, salir airosa del desaf�o que enfrenta?

No creo que pueda ni que vaya a hacerlo. Como todos podemos observar, parece haber costos pol�ticos casi insuperables implicados tanto en una reducci�n de los gastos como en el aumento de impuestos. La pol�tica moderna de Estados Unidos opera en concordancia con un conjunto de reglas que vuelven casi imposible una resoluci�n efectiva de la cuesti�n del d�ficit. Debe quedar clara la implicaci�n de esto. S�lo podemos esperar mejor�as o reformas si se cambian las reglas. Debido a esta convicci�n, desde hace mucho he apoyado resueltamente las proposiciones de enmienda a la constituci�n que exijan un balance presupuestal.

No desarrollar� aqu� el argumento a favor de tal enmienda. Lo he hecho en muchas ocasiones anteriormente, y no es �ste mi cometido actual. En vez de ello deseo adoptar una perspectiva �realista� y examinar lo que parece hoy, a fines de los ochenta, el escenario m�s probable. Independientemente de lo que yo pudiera esperar en lo personal hoy no puedo predecir la instrumentaci�n de una enmienda a la constituci�n que pueda asegurar un presupuesto balanceado en el decenio pr�ximo. Es m�s, no pienso que los compromisos congresionales en la forma general Gramm-Rudman se vuelvan efectivos. Bien pueden darse esfuerzos del congreso que sean casi exitosos en el corto plazo para reducir el tama�o de los d�ficit presupuestales sin cambios en las reglas o procedimientos b�sicos de decisi�n. Incluso estos esfuerzos pueden llegar a ser contraproducentes a largo plazo debido a que pueden, en la medida en que tengan �xito en el corto plazo, servir s�lo para distraer la atenci�n de la reforma estructural de procedimientos que se requiere. Cualquier restablecimiento del congreso como ese de una disciplina fiscal efectiva podr�a y ser�a probablemente disipado de manera r�pida por un retorno hacia la intemperancia fiscal. Si se da credibilidad a este prospecto, �por qu� habr�an de incurrir los dirigentes pol�ticos en costos pol�ticos y econ�micos presentes a fin de beneficiar a l�deres pol�ticos y representantes que vendr�n despu�s?

Prospectos de incumplimiento

As� pues, �qu� podemos esperar con realismo? �Las constantes expresiones de preocupaci�n har�n algo sobre los d�ficit financiados por deuda, tomando en cuenta su magro �xito? �Lo har�n interesantes cada vez m�s gravosos que consumen porciones m�s y m�s grandes de los egresos del presupuesto federal?

En alg�n punto de una secuencia como �sta, el incumplimiento o el repudio de la deuda nacional debe convertirse en un tema pol�tico central. Como la deuda nacional de los Estados Unidos est� tasada casi exclusivamente en d�lares, puede reducirse su valor real mediante la emisi�n de dinero en su l�mite a cero, dram�ticamente. Hay dos v�as en las que puede tomar lugar el incumplimiento mediante la monetarizaci�n. Primera, las autoridades monetarias de la Reserva Federal podr�an sencillamente comprar todas las obligaciones corrientes de gobierno con d�lares reci�n creados. Bajo tales circunstancias, se garantizar�a a todos los acreedores el valor nominal completo de sus cr�ditos. La inflaci�n generada por el dinero reci�n emitido reducir�a los valores reales de todas las obligaciones fijas de la econom�a; la operaci�n ser�a equivalente a gravar con impuestos a todos los tenedores de tales obligaciones. De manera alternativa, la autoridad monetaria podr�a genera inflaci�n expidiendo dinero adicional a trav�s de los canales ordinarios, reduciendo de esta forma los valores reales de todas las deudas nominales circulantes, tanto p�blica como privadas. En este caso los efectos ser�an casi equivalentes a los de la primera operaci�n: la incidencia efectiva ser�a sobre los tenedores de obligaciones fijas. Es m�s probable que ocurra la segunda de estas operaciones que la primera, acompa�ada por la negativa de todos los involucrados en cuanto a que se trate de un intento expl�cito de no caer en incumplimiento respecto a la deuda nacional.

La relaci�n entre la deuda nacional y otra ronda de inflaci�n merece ser observada m�s cerca. La inflaci�n efectuar� una reducci�n del valor real de la deuda p�blica pendiente; la deuda como proporci�n del PIB podr�a incluso nivelarse y hasta decrecer. Por esta raz�n, resultan muy sospechosas todas las comparaciones entre el tama�o de la deuda nacional y el PIB, ya que la proporci�n de deuda a producto se puede reducir dram�ticamente mediante una inflaci�n masiva. No obstante, una pol�tica de tal envergadura puede resultar mucho menos efect�a (desde la perspectiva del gobierno) a fines de los ochenta y principios de los noventa de lo que result� en el decenio de los setenta. Dado que hoy en d�a la deuda circulante se concentra m�s en instrumentos de corto plazo, las expectativas inflacionarias se ver�an r�pidamente traducidas en las tasas de inter�s. A medida que el gobierno intentara dar vuelta y refinanciar instrumentos de deuda que llegasen al vencimiento, los pagos de intereses se elevar�an para alcanzar la inflaci�n anticipada. Los resultados fiscales aparentemente ben�ficos tendr�an efectos sobre todo en el corto plazo.

En alg�n punto de esta secuencia, es indudable que la discusi�n pol�tica tocar�a en forma m�s expl�cita el repudio de la deuda nacional; el hecho de que la mayor�a de los comentaristas sobre el d�ficit, incluyendo economistas, soslayen un examen serio del repudio de la deuda me parece an�logo a cruzar un cementerio silbando. Cuando consideramos el incumplimiento seriamente, nos damos cuenta de que los argumentos contra un cambio de pol�tica dr�stico no son ni tan fuertes ni tan auto evidentes como nos gustar�a esperar. No me es posible en este lugar desarrollar por completo los argumentos contra un cambio de pol�tica dr�stico no son ni tan fuertes ni tan auto evidentes como nos gustar�a esperar. No me es posible en este lugar desarrollar por completo los argumentos de ambos bandos, pero perm�taseme formular la cuesti�n como sigue: �Por qu� habr�a que coaccionar a los contribuyentes y a los beneficiarios de los impuestos que vivan en el a�o 2000 a pagar los beneficios de los programas p�blicos que nosotros, los contribuyentes y los beneficiarios de los ochenta hemos consumido? �Por qu� habr�an de pagar los contribuyentes de un per�odo futuro (que por supuesto puede incluirnos a muchos de nosotros) por los dispendios de hoy? He examinado esta pregunta con cierto detalle, y el argumento m�s fuerte que pude encontrar contra el incumplimiento estriba en el reconocimiento leg�timo de los reclamos sostenidos por los acreedores. Aquellos que est�n comprando obligaciones gubernamentales, y los que lo han hecho en el pasado, lo hacen y lo han hecho bajo la expectativa de que sus derechos ser�n respetados. Repudiar tales obligaciones equivaldr�a a una violaci�n contractual, y nos gusta vivir dentro de un sistema legal en el cual respetan los contratos. Sin embargo, los gobiernos nos han roto contratos en muchas ocasiones anteriores, y, despu�s de todo, �con qui�n celebraron el contrato los acreedores? No deseo sugerir que los argumentos a favor del repudio de las deuda nacional llegaran a ser dominantes en lo pol�tico. Lo que sugiero en cambio es que el incumplimiento se volver� cada vez m�s discutido a medida que contin�e el patr�n de gasto financiado por endeudamiento.

El incumplimiento, claro est�, implicar�a un alto a nuevos pr�stamos, al menos por un tiempo, puesto que los prestamistas devendr�an bastante escasos. No obstante, obs�rvese que el repudio de la deuda eliminar�a el enorme componente que significan los intereses en el presupuesto. As� pues, una vez que rebasemos el umbral donde los cargos anuales por intereses excedan el d�ficit anual (lo cual no est� lejos), realmente ser� el inter�s de los contribuyentes y beneficiarios de los impuestos repudiar la deuda.

Conclusiones

Tanto nuestras estructuras fiscales como las monetarias se encuentran actualmente en desorden. Como miembros del cuerpo pol�tico, todos nos estamos comportando irresponsablemente en nuestro poco deseo por observar, analizar y por �ltimo apoyar reformas estructurales que ofrezcan las �nicas perspectivas de una mejor�a permanente. Hemos permitido que, accidentalmente, unas autoridades monetarias casi independientes se hicieran de un monopolio sobre los asuntos que ata�en al dinero fiduciario sin control efectivo de mercado o pol�tico. �Qui�n puede predecir un camino aleatorio, que es la mejor forma de caracterizar la clase de sistema monetario que hoy padecemos? Al lado de esta autoridad monetaria de camino aleatorio, tenemos una estructura fiscal de la que ha sido pr�cticamente eliminada toda pretensi�n por balancear los costos de los impuestos contra los beneficios de los gastos. Sin embargo, el problema no es la irresponsabilidad de los dirigentes pol�ticos, tanto en las ramas ejecutiva o legislativa del gobierno. El problema es que las reglas del juego son tales que la prudencia y responsabilidad fiscales se encuentran m�s all� de los l�mites de lo pol�ticamente realizable. Los contribuyentes disfrutan los beneficios del gasto p�blico; no disfrutan con el pago de impuestos. La pol�tica del d�ficit es tan sencilla como esto.

La tragedia es que tantos de nosotros nos demos cuenta con claridad de lo que est� sucediendo y sigamos siendo impotentes para hacer algo al respecto. Con frecuencia he hablado a favor de una genuina �revoluci�n constitucional�, pero �c�mo podemos avanzar hacia su realizaci�n?

A pesar de todo, perm�taseme terminar con una nota m�s bien optimista. A lo largo de una d�cada se ha discutido seriamente acerca de la propuesta de enmienda constitucional para un balance presupuestario, y ello en niveles pol�ticos importantes. Gramma-Rudman expresa por lo menos un reconocimiento de la necesidad de varios tipos de pre-compromisos fiscales. Por �ltimo, los economistas est�n a punto de darse cuenta de la necesidad de examinar cambios estructurales b�sicos en nuestras instituciones econ�micas y pol�ticas, y sobre todo en nuestra estructura monetaria y fiscal. Todos estos probablemente sean precursores necesarios de una reforma a las reglas fiscales y monetarias. Si, y se trata de un s� muy grande, tan s�lo pudi�ramos iniciar esta reforma antes de que sea demasiado tarde.