En la propuesta de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo para el próximo año se establece un superávit en el balance económico de las finanzas públicas equivalente al 0.2% del PIB, mismo que inmediatamente fue impugnado por aquellos legisladores, es decir casi todos, que consideran que una política fiscal deficitaria promueve el crecimiento económico, a pesar de toda la evidencia al contrario acumulada al respecto, tanto en México como en muchos otros de los países del orbe. Diputados y senadores, aliados según ellos de las causas populares más justas, señalaron que era un “insulto” para la población, particularmente los “más necesitados” que el gobierno planteara un superávit fiscal y que esa propuesta sería, en consecuencia, rechazada. Nuevamente, como en casi todas las ocasiones anteriores, estos indignos representantes populares, se equivocan. De entrada, el gobierno no está planteando un superávit en el agregado fiscal relevante que es el de los requerimientos financieros del sector público, sino un déficit equivalente al 1.5% del PIB, mismo que es necesario financiar.

Es claro que una preocupación central en el gobierno, al menos en la Secretaría de Hacienda, es dar la señal de que durante el último año del gobierno de Fox no habrá, como en ocasiones anteriores un relajamiento de la política fiscal que pudiese llevar a la economía a una senda de desestabilización macroeconómica, ya que ello implicaría tirar por la borda todo el esfuerzo de estabilización que se ha hecho a lo largo de los últimos 10 años. Esto, sin embargo, no parece importarles a los legisladores, quienes no han aprendido prácticamente nada de los enormes costos sociales que acarrea una política fiscal que genere inestabilidad, particularmente una que genere presiones inflacionarias. Obviamente, por lo que afirman, tampoco han aprendido que un déficit fiscal no es gratuito para la sociedad, aun cuando éste no introduzca presiones inflacionarias ya que de todas maneras hay que financiarlo emitiendo deuda hecho que, al presionar al alza a las tasas reales de interés, desincentiva la inversión privada así como el consumo de bienes duraderos, lo cual impacta negativamente al crecimiento económico. Por lo que afirman los legisladores cuando discuten el presupuesto gubernamental, da la impresión que piensan que los recursos que el gobierno gasta son gratuitos y que no existe, en consecuencia, un costo de oportunidad de estos. Estos legisladores quieren que el gobierno gaste más aun cuando se ha visto que ese mayor gasto no tiene, en la mayoría de los casos, un efecto positivo sobre el crecimiento, sobre todo cuando éste se destina al gasto corriente o a proyectos de inversión con una rentabilidad social negativa.

Más aun, los legisladores quieren que el gobierno ejerza un mayor gasto pero no están dispuestos a aprobar una reforma tributaria que, además de proveer los incentivos necesarios para el crecimiento económico, genere una mayor recaudación que permita no solo financiar un mayor nivel de gasto sino también darle solidez y sustentabilidad de largo plazo a las finanzas públicas en presencia de una creciente carga derivada de las pensiones de los empleados públicos misma que, dicho sea de paso, tampoco están dispuestos a enfrentar a través de una reforma profunda del sistema de pensiones que pase de uno de reparto como el actual a uno que establezca las cuentas individualizadas de capitalización para el retiro. Por el contrario, los legisladores prefieren el camino fácil de una política fiscal deficitaria que tomar las decisiones en materia estructural e institucional que se requieren para que la economía opere con una mayor eficiencia y pueda crecer de manera sostenida a mayores tasas.

México requiere en materia fiscal una profunda modificación respecto del esquema vigente, tanto en ingresos como en egresos. Se necesita un arreglo tributario basado en un impuesto generalizado al gasto que promueva el trabajo, el ahorro y la inversión y que, como se apuntó, le de sustentabilidad de largo plazo a las finanzas públicas. Se requiere que, por el lado del gasto, se destinen los recursos escasos que el gobierno obtiene de la sociedad en proyectos de efectivamente hagan una contribución al desarrollo económico y no, como sucede en la actualidad, para financiar a una burocracia que solamente estorba. Se requiere, a final de cuentas, mirar los aspectos fiscales con una nueva óptica; lástima que los legisladores no estén a la altura de su responsabilidad.