Es una aberración colocar la seguridad nacional por encima del estado de derecho, cuyo respeto debe ser prioritario para la preservación del régimen democrático.
La extinción de dominio, por el contrario, supone la violación del derecho de propiedad, algo no solo éticamente reprobable, sino delictivo por su propia naturaleza.
Es triste que las políticas públicas se hagan con las patas, pues en el transcurso se llevan al hoyo a millones de seres humanos. Los responsables, los políticos, como siempre, sólo se lavan las manos y siempre encontrarán pretextos para sus pifias.