Defino al Estado de Derecho como el gobierno de las leyes justas, siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, comenzando por los naturales, aquellos con los que la persona es concebida, a la vida, la libertad y la propiedad. Además de las leyes justas el Estado de Derecho necesita de un gobierno honesto y eficaz que las haga valer.

El Estado de Derecho degenera en Estado de chueco cuando las leyes son injustas, cuando no reconocen plenamente, no definen puntualmente, y no garantizan jurídicamente, los derechos de las personas. Si ya no hay justicia lo único que queda es la legalidad. Si ya no hay justicia quedamos en las manos de los legisladores, quienes ya no reconocen más límite, a la hora de redactar leyes, que su voluntad. Si ya no hay justicia las leyes se redactan, no para hacer valer los derechos de las personas, para hacer valer la justicia, sino para imponer la voluntad del legislador. Y esto es lo que pasa con la Ley de Extinción de Dominio, LED, por la que los ciudadanos pueden perder su patrimonio de manera legal, pero injusta, lo cual es propio, no del Estado de Derecho, sino del Estado de chueco.

La extinción de dominio supone la pérdida de un bien, o porque su origen es ilícito, o porque se usa para la consecución de fines ilícitos, extinción de dominio que supone la existencia de tales hechos ilícitos, ¡que deben probarse!, y la ley solamente debe aplicarse si han sido probados. Nadie debe ser castigado por un delito que no cometió. Y eso, castigar sin que se haya probado la comisión del delito, es lo que hace posible la LED. ¿De qué se trata? Del Estado de chueco.

Los delitos originalmente considerados para la extinción de dominio son: los cometidos por servidores públicos, robo de vehículos y de hidrocarburos, corrupción, delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, trata de personas, encubrimiento, lavado de dinero y extorsión.

El problema con la LED es que, ¡aunque parezca increíble!, una persona puede ser privada de sus bienes antes de que haya una denuncia formal en su contra, antes de que haya sido declarada culpable, bienes que pueden ser vendidos antes de que concluya el juicio, todo lo cual es propio del Estado de chueco, del gobierno de las leyes injustas, que ponen a los ciudadanos en las manos arbitrarias del Poder Legislativo, encargado de redactar y expedir la ley, y del Poder Ejecutivo, responsable de promulgarla.

Si al final de cuentas el acusado resulta inocente, y si ya se vendieron los bienes que le fueron incautados, venta que puede realizarse anticipadamente si se considera que el bien en cuestión puede devaluarse o al gobierno le cuesta mucho mantenerlo, el gobierno le dará, a manera de compensación, la cantidad de dinero que considere adecuada para resarcir el daño.

Por si no fueran suficientes las injusticias que pueden cometerse al amparo de la LED, ésta contempla la extinción de dominio aun en el caso de que el bien no sea propiedad de quien cometió el ilícito, ya que la mentada ley persigue bienes ilícitos no delincuentes. Por ejemplo: si una persona es secuestrada y retenida en una casa arrendada por el secuestrador, la misma puede ser objeto de extinción de dominio, lo cual perjudica, no al secuestrador, que es el arrendatario, sino al arrendador, que es el dueño. El supuesto es que el arrendador debe estar al tanto de las actividades del arrendatario, y cerciorarse de que no sean delictivas.

En un párrafo anterior me referí a los once delitos originalmente considerados por la LED. Y escribí originalmente porque a esos delitos se pretende sumar uno más: la defraudación fiscal, que sería considerada como delincuencia organizada, lo cual es un despropósito enorme porque la defraudación fiscal no cuenta con las condiciones propias de la delincuencia organizada, y abre las puertas para la expropiación de empresas, lo cual abona a la desconfianza que, entre los empresarios, ha causado la administración de AMLO. Bastaría que se le acusara a un empresario de defraudación fiscal para que, al amparo de la LED, sus bienes fueran confiscados.

Otro dato que no debe pasarse por alto es que el dinero obtenido por la venta de los bienes confiscados irá al fondo de recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que estarán a disposición del Ejecutivo Federal, que es tanto como decir de AMLO.

La LED, y la intención de identificar a la defraudación fiscal como delincuencia organizada, es una clara muestra, desafortunadamente no la única, del Estado de chueco que padecemos.

Termino citando a San Agustín: “Si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala”?