Los últimos acontecimientos en México prefiguran un mal porvenir, ominoso.

El gobierno de López Obrador actúa como otros gobiernos de izquierda en el pasado: como Sísifo, que una y otra vez carga la misma piedra con la esperanza de que (ahora sí, ahora sí!) algo varíe en su ya inmutable destino. Sin embargo, al final, la pesada roca siempre vuelve a precipitarse una y otra vez hacia abajo. El socialismo y todas sus variantes terminan invariablemente igual.

A diferencia de lo que afirman López Obrador y sus seguidores, México no es ningún país neoliberal. Es un país socialista. Y de los duros. Sólo por simple hipocresía los mexicanos no reconocemos nuestra situación. Así, México está en el lugar 82 en la última edición del Índice de Libertad Económica en el Mundo del Fraser Institute, justo en el último escalón de su categoría. En contraste, países como El Salvador, Honduras, Nicaragua o República Dominicana están por encima de México, y no se diga de países como Chile, España o Costa Rica, en la sección superior del Índice. México es simplemente un país lleno de intervenciones estatales, políticas redistributivas, impuestos arbitrarios, burócratas todopoderosos, donde para producir se requiere el permiso de quien no produce nada (Ayn Rand dixit). Es simple: Cuando ciudadanos y consumidores no son soberanos a la hora de decidir dónde se asignarán los recursos, lo son los burócratas y políticos, tal como sucede en México. 

Con López Obrador la situación amenaza con recrudecerse: Hace apenas unos meses cambió la Constitución para ampliar las causales de la figura de Extinción de Dominio. Antes ésta se limitaba, básicamente, a cuestiones relacionadas con el narcotráfico, pero tras la reforma, ahora involucra delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos violentos cometidos con armas, el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, extorsión, delitos en materia de hidrocarburos, abuso y violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, incluyendo las cometidas por particulares, delitos contra la Ley de Armas de Fuego, etc., etc., etc.

El tema volvió a la palestra tras la promulgación, hace unos días, de la ley reglamentaria de dicha figura de extinción de dominio, que según la norma aprobada (aprobada incluso por los partidos de “oposición”!), se define como la “pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a los que se refiere la presente ley declarada por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario”. Es una simple pérdida de los derechos de propiedad de los bienes de una persona, si éstos han sido utilizados supuestamente en la comisión de un hecho ilícito y, como consecuencia, pasan a ser del Estado sin que exista contraprestación alguna.

El asunto es muy grave porque el gobierno puede dictar la extinción de dominio antes de que exista una decisión de las autoridades judiciales. Puede asegurar dichos bienes por simple sospecha o denuncia sin bases. La extinción se aplicaría incluso cuando el imputado haya fallecido, dirigiéndose contra herederos y sucesores. La pérdida puede ser retroactiva, sobre delitos del pasado, infligiendo nuestro orden jurídico. Y en el grado sumo de la ilegalidad, las personas deberán comprobar que sus bienes tienen una procedencia lícita, en lugar de que el Estado compruebe su supuesta ilegalidad.

Es la “Ley Exprópiese” en alusión a esas escenas del fallecido Hugo Chávez ordenando expropiar diversos inmuebles. Quienes así la llamaron no están equivocados: Este instrumento puede ser utilizado para abusar del poder y perseguir opositores, y pone en riesgo la seguridad jurídica, la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la propiedad. En suma, la nueva Ley da facultades arbitrarias al Estado, por lo que es una aberración jurídica, que debiera recordarnos que cualquier poder que otorgues a políticos y burócratas para que lo usen contra otras personas, será finalmente utilizado por futuros políticos y burócratas en tu contra. Es, bien vista, un tramo más en el camino socialista al subdesarrollo.

Al respecto, en México, todos los días vemos el suplicio que viven hoy cubanos, venezolanos, nicaragüenses: Ellos son la verdadera cara del socialismo frente a nosotros. En ellos vemos no el paraíso traído a la tierra, sino el infierno trasplantado a esos países. Si no lo vemos, es porque nuestra hipocresía o indolencia es muy, muy grande.

Por ejemplo, desde la llegada al poder de Maduro, en 2013, la economía venezolana se contrajo en torno al 50% y este año caerá otro 35%, según estimaciones oficiales. Ese país sufrió una inflación del 1.370.000% tan sólo el año pasado. Y carga una deuda externa de 160.000 millones de dólares, insufrible, junto con una caída del 60% en sus exportaciones y un 39% de sus importaciones. Agréguele el conmovedor cuadro de sus 4 millones de migrantes en los últimos años, así como la caída en todos los servicios y satisfactorios básicos, que llevan a plantear una verdadera emergencia humanitaria.

Este cuadro es algo no visto en país alguno desde el crack del 29 o guerras civiles como la de Siria. Así, Venezuela retrocedió décadas en unos pocos años, gracias al socialismo. Según el Banco Mundial, la de Venezuela es la peor crisis en la historia de América Latina. Y ojo: ese podría ser el destino final de México.

Comparativamente, en su primer medio año de gobierno, López Obrador redujo la economía mexicana a su mínima expresión. Apenas se le siente el pulso, con un crecimiento oficial de menos del 0.1%.

En México, de continuar las cosas como van con López Obrador, con políticas tan desacertadas como la nueva Ley de Extinción de Dominio, destruyendo el ambiente de inversión y negocios, las hojas del calendario no sólo seguirán deteniéndose, sino que pronto retrocederán, años, décadas atrás, como en Venezuela.