La disrupción internacional de las cadenas productivas junto con el aislamiento de la población y su impacto sobre los niveles de consumo de bienes y servicios llevará a la economía mundial a una recesión. El FMI estima que durante este año el PIB mundial decrecerá en 3%. La economía mexicana también resentirá el doble golpe internacional más los propios choques internos similares tanto de oferta como de demanda. El Fondo estima que el PIB caerá en 6.6%, similar al experimentado durante la crisis macroeconómica de 1985 y mayor a la reducción durante la gran recesión de 2009.

Dado que la caída en el nivel de la actividad económica y del empleo es un hecho, la política pública y la política económica deben dirigirse a tratar de aminorar los daños y, simultáneamente, sentar las condiciones para una recuperación más rápida y, con una visión de mayor plazo, una más robusta y sostenida.

La respuesta del gobierno ha sido notoriamente tibia, habiendo establecido diferentes apoyos (adelanto de algunas transferencias corrientes y micro créditos) y que representarían aproximadamente el 0.4% del PIB. Este monto es ridículo si se compara con los paquetes de apoyo en otros países como por ejemplo (% del PIB) Alemania: 32; Reino Unido: 19; Estados Unidos: 13; Corea del Sur: 7 y Chile 5.

Obviamente, para la magnitud del golpe, se requiere una respuesta mucho mayor que  disminuya la quiebra de empresas (sobre todo micro, pequeñas y medianas) y su impacto sobre el empleo. Las medidas de apoyo incluyen una posposición durante un trimestre en el pago de ISR y de las cuotas patronales al IMSS y al Infonavit, apoyo fiscal al pago de la nómina, un seguro transitorio de desempleo, transferencias directas al ingreso personal, ampliación de las líneas de crédito apoyadas en la banca de desarrollo, etcétera. Varias propuestas que incluyen en mayor o menor grado este tipo de apoyos han sido hechas como son las de Pensando en México, las de diversas cúpulas empresariales y la del subgobernador del Banco de México Gerardo Esquivel.

Solventar la crisis con el menor costo posible en pérdidas tanto del capital invertido en las empresas como de empleos es indispensable para tener una más rápida recuperación. En contra de la obsesión del presidente con una política fiscal austera y de no incurrir en ningún endeudamiento público adicional, además de estar gastando recursos públicos cada vez más escasos en obras sin sentido como la nueva refinería (cuando las existentes operan al 30% de su capacidad), un aeropuerto y un trenecito, es necesario una política fiscal y crediticia expansiva. El propio presidente tiene que percibir que de no apoyar a las empresas y al empleo en esta situación emergente, la economía tardará más en recuperarse, además de que hacia el futuro cercano la base tributaria sería todavía menor de lo que es en la actualidad, que de por sí es relativamente pequeña.

Además, es indispensable pensar en un plazo mayor y esto implica sentar las condiciones institucionales para incentivar la inversión privada. No hay que olvidar que por erróneas decisiones tomadas a partir de octubre de 2018 con la cancelación del aeropuerto de Texcoco y seguida de la captura de entes reguladores, apostar al petróleo, desincentivar la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y más, la economía mexicana ya estaba en una situación de estancamiento y a punto de entrar en una recesión auto infringida, con la inversión privada desplomada y el consumo privado estancado.

No apoyar ahora a las empresas y al empleo y no generar certeza jurídica, lo único que garantiza es un estancamiento en los siguientes años.

*Artículo publicado originalmente en El Economista