Desde la decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco han transcurrido 18 meses en los cuales se han dado, una tras otra, decisiones de política pública (incluyendo la política económica) que han debilitado notoriamente el marco institucional bajo el cual interactúan los diferentes agentes económicos (familias, empresas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y el propio gobierno), decisiones que han minado la certeza jurídica en las reglas mismas y en su cumplimiento por quien está primeramente obligado, es decir el propio gobierno.

Destacan dentro estas decisiones sinsentido, además de la cancelación del aeropuerto con base en un consulta ilegal, la captura y debilitamiento de los órganos reguladores en materia energética (CRE y CNH), la cancelación de las subastas eléctricas de largo plazo, la cancelación de los farmouts en la explotación de hidrocarburos y de nuevas rondas de asignación de campos petroleros, la renegociación de los gasoductos que implicó un mayor costo en valor presente, la cancelación, también con una consulta ilegal de la planta de Constellation Brand en Mexicali, la cancelación de Prospera - Oportunidades, la cancelación del Seguro Popular y su sustitución por el INSABI, la construcción de una refinería con valor presente negativo (a pesar de que la tasa de utilización de las refinerías existentes es de sólo el 30%), la construcción de un aeropuerto en Santa Lucía que no resolverá el problema de congestión actual, la construcción de un tren en la Península de Yucatán que, además del daño ecológico que generará, también tiene valor presente negativo, el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción acompañado de un proceso en el cual casi el 80% de los contratos públicos han sido por asignación directa y un largo etcétera.

Las consecuencias están a la vista: una significativa caída de la inversión privada, el superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que no es más que la transferencia al exterior de ahorro generado internamente, la caída en la adquisición de bienes de consumo duradero, el estancamiento que tuvo la economía el año pasado y la consecuente baja tasa de creación de empleos formales, la degradación en la calificación de la deuda gubernamental y de Pemex, esta última a categoría de “basura”, el encarecimiento de la deuda (como se vio en la colocación de deuda externa la semana pasada) y más. El próximo jueves 30 de abril el INEGI dará a conocer el estimado oportuno del PIB durante el primer trimestre y, con la información parcial con la que contamos, se puede anticipar un crecimiento anual negativo y también con respecto del último trimestre del año pasado y eso que aún no se materializaba en la economía mexicana el efecto de la pandemia del COViD-19. Aún antes de esta, la economía ya estaba en una situación crítica.

Y ahora, con la economía en plena crisis por la pandemia, con la actividad productiva prácticamente detenida y un desempleo creciente, el presidente emite, transcripción literal de una “mañanera” un “decreto” de austeridad, sin ninguna validez legal (solicita que el Congreso se lo avale) en donde pide que “voluntariamente” los funcionarios públicos de subdirector para arriba renuncien al 25% de su salario y su aguinaldo, cerrar diez subsecretarias (nunca se dice cuáles ni porqué) manteniendo todos los empleos por lo que no hay ningún ahorro, dejar de ejercer el 75% del gasto gubernamental, aún el comprometido, en servicios generales, materiales y suministros (dejará al gobierno sin recursos para operar y a la burocracia sin papel de baño), cancelar renta de oficinas y bodegas (¿los contratos se violaran?) y, por supuesto, seguir gastando en sus tres grandes proyectos de infraestructura y el Bosque de Chapultepec. Un total sinsentido mientras la economía se desploma.

*Artículo publicado originalmente en El Economista