El gobierno de López Obrador y su partido MORENA, sigue demostrando una y otra vez, que no es una exageración decir que México se encamina a ser una especie de Venezuela del Norte. López Obrador y MORENA son el chavismo mexicano en el poder.

Lo han demostrado reiteradamente, con terquedad: Por ejemplo, con la intención más abierta que velada de intervenir sobre la autonomía del Banco central, o contra las Administradoras de fondos para el retiro, o su propuesta de desaparecer las comisiones bancarias, o bien, impulsar la militarización del país, cebando con dinero público y jugosos negocios a las Fuerzas Armadas, entre otros. Si la intención de López Obrador y sus aliados no es copiar el modelo del chavismo venezolano, pues se le parece mucho.

Sus últimos avances en ese sentido han sido, por un lado, cambiar la regulación de las productoras de energía eléctrica limpia, cancelando las reglas de interconexión para empresas que ya habían ganado una licitación pública, cerrándoles el mercado, lo que significa una expropiación en los hechos, y por otro, la reciente ley impulsada por el gobierno de MORENA en Puebla, que se apropia de todos los planteles de educación privada en ese estado.

Quisiera referirme a esto último, conocido ya como la Ley Barbosa, por el nombre del gobernador de MORENA que impulsó la legislación. La nueva Ley de Educación de Puebla aprobada apresuradamente hace unos días, establece por ejemplo, que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares pasarán a ser parte del Sistema Educativo Estatal, lo que puede significar nada o bien, el inicio de una expropiación de facto.

Ya sabemos cómo vino actuando el chavismo en Venezuela en sus inicios: Dictando regulaciones que podían entenderse de varias formas, pero dejando cabos sueltos para amenazar, atropellar y confiscar al final.

La nueva ley también establece que el gobierno podrá “investigar” el aumento en las cuotas y colegiaturas de colegios, lo que puede ser también el antecedente para un posterior control de precios, aunque de hecho ya es una ilegal intervención gubernamental en un contrato privado que debe interesar únicamente a escuelas y padres de familias.

La nueva ley establece además, el requisito de una abusiva aprobación previa de los planes de estudio de las escuelas particulares por parte del gobierno estatal, y que hasta ahora sólo le correspondía hacerlo a la Secretaría de Educación federal, lo que también era un requisito igualmente centralista, abusivo y adoctrinador.

Los castigos por infringir la nueva legislación van desde cuantiosas multas económicas, hasta la revocación de los permisos de funcionamiento: Es decir, una especie de expropiación sin indemnización, una confiscación con todas sus letras. Esto es una estatización de la educación. Una auténtica venezualización. 

Y todo esto bajo el argumento de que la educación no debe ser negocio, cuando debiera ser exactamente lo contrario: La educación no debe ser una área de gobierno, porque entonces se vuelve un aparato de propaganda oficialista, propiedad de sindicatos y políticos, y con una calidad más que cuestionable, con un costo sin proporción a sus exiguos resultados. La muy baja ubicación de la educación de nuestros países en cualquier ranking en la materia, es una muestra palpable de ello. 

El caso de Puebla muestra, una vez más, que el Estado de Derecho en México está siendo atacado una y otra vez por el gobierno de López Obrador y sus aliados nucleados en MORENA, para ver hasta donde resiste. Enseguida podrían venir las expropiaciones y confiscaciones sin tapujos, como sucedió en Venezuela. Quizá lo único que les detiene por ahora es el mal estado de las finanzas públicas, imposibilitando indemnizaciones a gran escala. Pero con la lentitud característica de nuestro sistema de justicia, esto puede salvarse “pateando” tales indemnizaciones hasta el próximo gobierno, dejando así en la incertidumbre jurídica y la indefensión real a empresarios y propietarios.

El caso de Venezuela y otros países más (Nicaragua, Ecuador, Argentina, Bolivia, etc. y ahora México) nos demuestran que en América Latina es relativamente fácil que cualquier gobierno surgido de las urnas se desboque y se torne autoritario, y que después será muy difícil regresarlo a los límites del Derecho. Por eso hay que dar la batalla hoy frente a cualquier intento de atropello. O mañana podría ser muy, muy tarde.