La tarea esencial del gobierno, aquella a la cual no puede renunciar sin dejar de serlo, es defender los derechos de los ciudadanos, comenzando por los derechos naturales, aquellos con los que la persona es concebida: a la vida, a la libertad individual y a la propiedad privada.

El que el gobierno realice con honestidad y eficacia esa tarea es lo que, más allá del aspecto legal, que es importante, pero no lo más importante, justifica moralmente el cobro de impuestos, por el cual el recaudador (gobierno) obliga al contribuyente (ciudadano) a entregarle parte del producto de su trabajo, obligación que se justifica solamente si el gobierno usa esos recursos para, con honestidad y eficacia, defender los derechos de los ciudadanos o, dicho de otra manera, para hacer valer la justicia, que consiste, como la definió Ulpiano, en la constante y perenne voluntad de darle a cada quien lo suyo, siendo lo suyo de cada quien el derecho de cada cual.

La justicia es la virtud por la cual respetamos los derechos de los demás, y nunca faltan quienes no están dispuestos a respetarlos, tal y como es el caso de los vándalos que destruyen y roban, violando el derecho a la propiedad privada, mismo que el gobierno debe defender. Si no lo hace, como sucede a menudo, no cumple con su tarea esencial, la que lo hace ser gobierno, dejando entonces de ser tal, perdiendo la autoridad moral para cobrar impuestos, para obligar a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo.

Si el gobierno cobra impuestos, pero no defiende los derechos de los ciudadanos, sobre todo ante violaciones tan evidentes como las realizadas por los vándalos contra el derecho a la propiedad privada, dicho cobro degenera en una expoliación legal, en un robo con todas las de la ley, tal y como está sucediendo en México, en general, y en la Ciudad de México, en particular.

¿Llegará el momento en el cual los ciudadanos, por lo menos las víctimas de actos vandálicos, hartos de que el gobierno no defienda sus derechos, decidan dejar de pagar impuestos y armarse para defenderse a sí mismos? Y si llega ese momento, ¿se les podrá reprochar cualquiera de las dos acciones?

La única justificación moral para el cobro de impuestos, es decir, para que el gobierno obligue a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo, es que, con toda honestidad, y con la mayor eficacia posible, defienda sus derechos. Si no lo hace pierde esa justificación y, para todo efecto práctico, deja de ser gobierno, para convertirse en un expoliador legal. Como dice Othmar K. Amagi: “Si el gobierno cobra impuestos, y no defiende los derechos de los ciudadanos, viola el derecho de propiedad de los mismos. Termina haciendo lo que debe prohibir, prevenir y castigar”.