En el artículo anterior apunté que ante el envejecimiento paulatino de la población, el sistema de beneficios definidos era fiscalmente insostenible por lo que en 1997 se sustituyó con un sistema de contribuciones definidas en cuentas individuales de retiro administradas por las Afores. Como señalé, este sistema tuvo un problema de diseño inicial que fue que las aportaciones patronales, del gobierno y de cada trabajador a la cuenta individual es notoriamente baja (6.5% del salario de cotización) por lo que la tasa de remplazo (el monto de la pensión como porcentaje del último sueldo) será de entre 30 y 35%; una pensión notoriamente baja.

Dada la importancia de tener un mayor saldo en la cuenta del trabajador al momento de su retiro es que es necesario incrementar las aportaciones y sugerí que el 5% de las aportaciones que las empresas hacen al Infonavit se acumulen a las cuentas de retiro, lo que llevaría la tasa de remplazo a alrededor del 70%. Además, hay que incentivar con estímulos fiscales el ahorro voluntario de largo plazo con aportaciones voluntarias de cada trabajador a su cuenta.

Hay otro problema: la informalidad laboral. Aproximadamente 56% de la fuerza de trabajo labora en la informalidad por lo que no cuentan con acceso al sistema de seguridad social. Además se observa una muy elevada rotación de trabajadores entre empleos formales e informales por lo que muchos trabajadores no alcanzarán a cotizar las 1,250 semanas de cotización en el IMSS requeridas para tener el 100% de pensión. Al respecto hay dos cosas sobre las cuales es crucial actuar.

La primera es reducir los altos costos regulatorios, particularmente los de carácter estatal y municipal que se constituyen como una traba a la formalización de empresas y de sus trabajadores. Abaratar la formalización de empresas y del empleo requiere también reducir las aportaciones patronales al IMSS, mismas que actúan como un impuesto implícito al empleo formal.

La segunda es el establecimiento de una pensión general no contributiva financiada de la recaudación general de impuestos a la cual tendrían derecho todos los trabajadores, independientemente de su condición laboral y como parte de un sistema de seguridad social universal que incluiría la pensión (en adición a lo que tengan en su cuenta individual), acceso al sistema de salud y un seguro de desempleo fondeado de forma bipartita por los trabajadores y el gobierno. Todo esto requiere, necesariamente, una reforma tributaria que incluya la homogeneización del IVA, una reforma que sea diseñada de forma tal, que además de incrementar los ingresos del gobierno, genere los incentivos alineados con el impulso a la inversión privada y el crecimiento económico.

Un punto final. Como indiqué en el artículo anterior, uno de los aspectos más importantes de la reforma de 1997 y al que muy poca atención se le ha dado, es que al haber pasado de un sistema de beneficios definidos a uno de contribuciones definidas en cuentas individuales fue que se definió y se estableció el  derecho de propiedad de cada trabajador sobre su ahorro para el retiro. Él sabe que, independientemente del saldo que tenga en su cuenta, esos recursos son suyos; no son de nadie más. No son de las Afores (que sólo los administran) y, menos aún, son del gobierno; éste no tiene ningún derecho para apropiarse de los recursos de los trabajadores.

El secretario de Hacienda señaló que en el gobierno están convencidos del valor que han traído las Afores por lo que es un sistema que hay que cuidar mucho y negó que el presidente esté a favor de la estatización de las pensiones. Ojalá sea cierto, porque cuatro billones de pesos son muy tentadores.

*Artículo publicado originalmente en El Economista