Al detenernos para lograr una visión amplia de lo que necesita el país de cara a la destrucción económica adoptada como respuesta a la pandemia; parece que no vamos a una recuperación económica en México. Al menos no a niveles anteriores al 2018 donde el crecimiento era mediocre, pero en terreno positivo. Por ello, ¿qué estamos en condiciones de anticipar?

Lo que sin duda tendremos es un rebote trimestral por la reactivación continua que el país ha ido haciendo, con o sin plan centralizado, con o sin venia de los distintos niveles de gobierno.

De cara a los siguientes meses podemos esperar un incremento significativo de la actividad económica. Por tanto invariablemente escucharemos cada vez más voces optimistas y se dará lectura alegre a los indicadores que naturalmente irán mejorando. Esto no significa que dejaremos de estar en contracción ó incluso en recesión por otro año o dos más. Es importante inocularse ante el canto de las sirenas y las voces oficiales que no solamente venden un futuro que no vendrá, sino hablan de un pasado que no existió.

Dada las condiciones de destrucción económica endógena por causas imputables al incesante ataque a las condiciones institucionales desde julio de 2018, debemos estar muy atentos no solamente al discurso oficial, a los indicadores agregados, ni a las lecturas sectarias. También hay que cuidar de nuestra propia complacencia y deseos legítimos de que la situación mejore mucho, y mejore rápido.

Por desgracia una de las instituciones informales que más han sido atacadas son la confianza de la iniciativa privada tanto doméstica como externa para invertir en el país. Una de las instituciones formales que más se han dañado es el imperio de la ley en sus múltiples expresiones. No solamente debemos recordar la fatídica cancelación de la megaobra de infraestructura aeroportuaria que ya contaba con las licencias, permisos y derechos que se arroga extensivamente el Estado e impone unilateralmente a los privados que quieren hacer algún negocio en el país. En realidad hemos visto embate tras embate, una avalancha incesante de contrarreformas que no dejarán de venir.

Hace un año el país ya era menos viable para atraer capitales para producir, para invertir y hacer negocios. Llegado a marzo del 2020 México innegablemente atravesaba tanto una crisis económica, como una crisis de credibilidad y confianza para el futuro. Esto tiene raíz en lo que llamamos inconsistencias intertemporales donde los tomadores de decisiones cambiaron las reglas del juego, rompieron los contratos y las condiciones de los negocios e inversiones se volvieron inciertas.

Sobraría decir hasta este punto que la crisis de confianza generada por el Estado mexicano no es imputable a ningún enemigo externo, ni visible ni invisible. Siendo así, la solución en ningún instante roza por el lado de mayor soberanía o autonomía, lo que tanto gusta e inflama el discurso nacionalista autárquico que volvió del pasado.

Afortunadamente podemos contar con el ánimo de muchas familias mexicanas, de muchas empresas e inversionistas deseosos de que México se recupere y sea rentable a través de sus diferentes mercados e industrias. Esto logrará un salto en el inmediato plazo. Pero en el mejor de los casos sería algo conocido como el “rebote del gato muerto”. Esto no alcanzará para que el PIB vuelva a crecer de forma sostenida el resto del 2020 ni el 2021. A eso no podremos llamar recuperación.

Es decir, podemos olvidarnos en el corto plazo del crecimiento real del PIB, de la creación de empleo suficiente no solamente para recuperar los cientos de miles o millones de puestos de trabajo perdidos. Sino también es importante aceptar que será poco probable que se absorban a los jóvenes que año con año se incorporen a la fuerza laboral, que abran suficientes empresas para que quienes logren empleo sean formales, y entre otras cosas, aceptar que decaerá el ingreso per cápita.

Naturalmente veremos aumentos en la inseguridad laboral, la pobreza en sus múltiples dimensiones destacando el desempleo cíclico y la pobreza de ingresos, en los delitos como resultado de la cuarentena y de la criminalidad en general como consecuencia económica. También veremos preocupantes incrementos en la indigencia y otras manifestaciones de anomia como violencia intrafamiliar, riñas, problemas mentales y suicidios.

Vienen más impuestos. Como el sector público suele actuar en contrasentido ante los problemas, estamos viendo la manifestación de respuestas que no ayudan ni a familias ni a empresas. Ya vimos el aumento y creación de nuevos impuestos previo a la pandemia. En medio de la pandemia vimos a legisladores estatales crear nuevos gravámenes y licencias sanitarias que en realidad son tributos disfrazados. Pero las exacciones no terminarán ahí.

A nivel municipal también debemos tener cuidado al ser el eslabón más débil de la cadena fiscal. Uno de los grandes problemas del sistema tributario nacional es la lejanía con el ciudadano. Para un poblador la instancia más cercana, la primera, es el ayuntamiento donde reside. En cambio éste es último en recibir los recursos que se extraen a aquél siendo la federación quien centraliza la mayor parte de la recaudación.

El ayuntamiento ve como su cliente al gobierno estatal, de quien recibe la ministración de recursos año con año, amén de complementarlas con otras tasas, licencias y derechos locales. A su vez la entidad federativa ve como cliente al gobierno central, en cuya discreción se determinan el futuro presupuestario de las entidades. Quien menos figura en el proceso es el ciudadano, sus intereses y necesidades.

Por lo anterior, es altamente preocupante la situación financiera en que caerán los municipios en muy poco tiempo dado que no han sido capaces de ajustarse a la realidad ni ser solidarios con las familias y las empresas de las que dependen completamente. Han seguido gastando conforme a sus presupuestos en papel. Los ayuntamientos serán los últimos en darse cuenta que la recaudación federal se ha desplomado (y la estatal también) por lo que enfrentarán severos ajustes de shock sin mayor margen de acción para el 2021.

Se anticipan fuertes presiones para que ayuntamientos busquen incrementar su recaudación por las vías que tengan disponibles lo que implica considerar aumentos en los impuestos como el predial, cobro por licencias, permisos y derechos, cargo por multas de tránsito y administrativas, refinanciamiento y mayor endeudamiento público, así como cobros por concesiones, incursión en asociaciones público-privadas y posiblemente algunas privatizaciones.

Por el momento el discurso oficialista emite ingeniosos slogans y frases motivacionales de interpretación abierta que significan lo que uno quiera, por tanto no significan nada. Sin embargo, no habla de los verdaderos problemas y su resolución. La “nueva normalidad” no corrige décadas de sistemas de salud en bancarrota y rebasados por la demanda. Las instituciones no recuperan la confianza gracias a la propaganda de personajes animados y diálogos alegres. El bienestar no se logra con decrecimiento económico, con menos bienes y servicios producidos para nuestra disposición, con un PIB per cápita en caída, ni una moneda inestable que se deprecia permanentemente.

Alrededor de 1861 el ministro francés de corte mercantilista Jean-Baptiste Colbert, Contralor General de Finanzas, pregunta a un grupo de empresarios en su opinión qué debía hacer el Estado francés para promover el comercio. Encabezados por el señor Le Gendre, simplemente respondió “laissez-nous faire”.

Lo que México necesita es una reconstrucción y que los procesos de mercado se reanuden. Para eso no necesitamos planes magníficos, grandes estímulos ni grandes programas que aparentan ayudar pero son perjudiciales. Si no, veamos a Japón después de tres décadas de estímulos keynesianos depresivos. En realidad para la reconstrucción económica de México necesitamos que nos dejen hacer.