El presidente señaló que la recuperación de la economía iniciaría en agosto (antes había dicho que en julio) y, más aún, afirmó que ésta será en forma de “V”. Sin embargo, no es de esperarse un vertiginoso repunte y esto se debe a tres razones primordiales.

La primera es haber desdeñado la gravedad de la pandemia. Como bien señaló Anne Krueger (quien fuera economista en jefe en el Banco Mundial y ahora es catedrática en la Universidad Johns Hopkins) en un artículo publicado en Project Syndicate, la velocidad y la solidez de la recuperación económica depende crucialmente de qué tan rápido y eficazmente sea controlada la epidemia. Abrir la economía cuando ésta no ha sido controlada  (con una tasa de contagio comunitaria menor a uno y decreciente), repercutiría en un repunte de la incidencia y obligaría, al poco tiempo, a volver a una situación de confinamiento generalizado, matando con ello cualquier recuperación económica que se hubiese dado.

México está muy lejos aún de haber siquiera empezado a controlar la epidemia y en gran medida es el resultado de no haber tomado desde un inicio medidas efectivas de control. La política de comunicación social del gobierno ha sido un completo desastre, con señales contradictorias que no han marcado una ruta clara para la población, como lo muestra el total rechazo del propio presidente para utilizar y promover el uso generalizado de cubrebocas. La  politización de un trapo ha costado y seguirá costando mucho en vidas y en valor agregado no generado.

Segundo, fue no haber instrumentado una política de transferencias temporales y directas a las familias así como un seguro transitorio de desempleo para los trabajadores del sector formal (en el segundo trimestre 1,113,677 individuos perdieron su empleo). Como reportó el INEGI, casi 14 millones de individuos han salido de la PEA pero estarían disponibles para trabajar, en 30% de los hogares al menos un miembro de la familia perdió su empleo y en 65% de éstos se experimentó una caída del ingreso familiar.

La reducción del ingreso en la mayor parte de los hogares ha significado una reducción del consumo privado, principal componente de la demanda agregada. Esta caída se ha reflejado, en consecuencia, en menores ingresos para las empresas, obligando a muchas de ellas (tanto formales como informales) a cerrar. Adicional a lo anterior, también está la negativa del presidente para apoyar transitoriamente a las empresas mediante una posposición en el pago del ISR y de las cuotas de seguridad social. Según reportó el INEGI, 92% de las empresas no recibió ningún tipo de apoyo, lo que se ha traducido en cierres y despidos que en alguna medida pudieron haberse evitado.

Tercero, además del choque dual de oferta y demanda generado por la pandemia, el cual no está claro cuánto vaya a durar, existe un elemento que se ha vuelto estructural: la incertidumbre jurídica causada por el gobierno y la consecuente pérdida de confianza que se ha traducido en una significativa caída de la inversión privada y que reduce las posibilidades y la magnitud del crecimiento futuro de la economía. En 2019 la inversión total cayó 4.9% y en el primer trimestre de año (previo a la pandemia) se redujo en 9%.

El IGAE se contrajo, a tasa anual, en 17.3% en abril y en 21.6% en mayo, por lo que es de preverse una caída anual del PIB en el segundo trimestre de alrededor del 20%. Para todo el año la expectativa es una reducción de entre 10 y 12%. Regresar al nivel que tenía el PIB en 2019 tardará, si bien nos va, cuatro años y esto no es una “V”.

*Artículo publicado originalmente en El Economista