México hoy está sacudido por las revelaciones sobre la corrupción de sus élites políticas, que llegan hasta el propio presidente López Obrador.

Todo comenzó, de la mano del propio López Obrador, con las confesiones de supuesta financiación ilegal a la campaña (2012) del anterior presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por 10.5 millones de dólares, provenientes del consorcio brasileño Odebrecht, a fin de lograr un trato preferencial en las contrataciones de la petrolera estatal, Pemex.

Esas confesiones, por parte del propio ex director de Pemex, Emilio Lozoya, fueron impulsadas por la misma Presidencia de la República, desde donde, se sospecha, se filtraron un video y el expediente judicial del proceso que se sigue a Lozoya, actualmente en libertad, y quien guardaría una buena cantidad de videos y pruebas en contra de sus correligionarios del PRI y ex compañeros del Gabinete presidencial, a cambio precisamente de conservar su libertad, en un quid pro quo con el gobierno de López Obrador. En apariencia, López Obrador actúo así, buscando más un vistoso escándalo mediático, que un largo y secreto proceso judicial, para asegurarle a su partido un buen resultado en las elecciones legislativas de julio de 2021.

El presidente López Obrador pidió que el video y los detalles de la confesiones se conocieran profusamente, buscando afectar entre otros a sus enemigos políticos, los ex presidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón y, con suerte, involucrarlos en un proceso judicial. Sin embargo, los damnificados también fueron el ex presidente Peña Nieto y su ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, rompiendo así el supuesto pacto de impunidad entre ellos y López Obrador, al calor del proceso electoral de 2018 y que permitió, entonces, que el gobierno mexicano ayudara a ganar a López Obrador, atacando a su principal oponente, Ricardo Anaya, cuando se vió que ya era imposible que el candidato del PRI, José Antonio Meade, tuviera alguna posibilidad de triunfo.

El anuncio de persecución judicial contra Peña Nieto y Videgaray tuvo sus consecuencias: La tarde del pasado jueves 20 de agosto, se difundieron un par de videos y un audio, aparentemente del año 2015, donde uno de los hermanos de López Obrador recibía fondos, supuestamente públicos y no declarados, de parte de David León, entonces operador político del gobernador del estado más pobre del país, y ahora alto funcionario del gobierno de López Obrador, “uno de los mejores cuadros políticos”, a quien recién nombró como responsable de combatir la supuesta corrupción en la industria farmacéutica en México (en realidad, pareciera que buscaría más bien vengarse de los empresarios farmacéuticos que no lo apoyaron financieramente en el pasado).

Tales videos y el audio fueron hechos por el propio David León. ¿Cómo se filtraron? Hasta ahora nadie lo ha dicho, pero podrían ser parte de los ases bajo la manga del propio Peña Nieto, guardados por si López Obrador no cumplía su promesa de impunidad. Peña Nieto era el único que entonces contaba con los recursos políticos y de espionaje para hacerse con los videos. Y podría tener más.

De cualquier modo, la filtración dio en la línea de flotación de López Obrador, que así pasaba, de un día al otro, de acusador a acusado, de juez contra la corrupción a un corrupto más. Y permitió, también, apreciar la involución política del país en estos 20 meses de gobierno de López Obrador: Todos los noticieros nocturnos callaron sobre la revelación y al día siguiente, solo algunos periódicos la recogieron, uno sólo en su encabezado. La mayoría de medios siguen aún hoy haciendo mutis sobre la revelación, con seguridad bajo pedido y amenaza de la propia Presidencia de la República. Eso ni siquiera sucedió por ejemplo, con los escándalos de la “Casa Blanca” o de Ayotzinapa en el gobierno de Peña Nieto.

La respuesta de López Obrador fue que la corrupción narrada por Lozoya fue una estrategia de enriquecimiento personal, usando a las instituciones, mientras que la de su hermano fue una operación política por un monto considerablemente menor, para desmontar el régimen de corrupción del PRI.

Obviamente, tal justificación no se sostiene: La corrupción no se define por los montos, sino por el uso faccioso, arbitrario y opaco del poder. Tampoco se define por sus buenas intenciones, sino por sus hechos concretos, en este caso el desvío de recursos públicos para favorecer a un partido, con el doloroso agravante de que fueron recursos destinados a los más pobres entre los pobres, yendo a parar a políticos que, aparte, no necesitaban de ellos: El partido de López Obrador, MORENA, ya contaba para entonces con registro oficial y gozaba, con todos los partidos en México, de un injustificablemente crecido financiamiento público.

¿Bastará la constatación de que López Obrador también es un corrupto más para ponerlo contra las cuerdas en sus propósitos de mayor autoritarismo y concentración de poder? Difícilmente y no sólo por la censura oficial sobre este episodio, sino porque no se echa abajo tan fácil una trayectoria de más de 20 años insistiendo en la honradez personal: Son 20 años de mentiras y algo queda de ellas. Tampoco es fácil convencer a los 22 millones de beneficiarios de sus programas sociales, de que es mejor preferir la honestidad en un gobernante a los pocos miles de pesos entregados mensualmente.

Por ahora, lo único que muestra el episodio es que los enemigos de López Obrador no están derrotados y aún ofrecerán resistencia. Así que seremos testigos, todavía, de una larga retahíla de escándalos y escenificaciones entre ambas bandas.

López Obrador está usando el expediente de la corrupción para que hablemos del pasado, y no del presente catastrófico que él, solo, construyó, con un gobierno inepto, fallido, arbitrario y sin resultados positivos. En tal sentido, estamos en una situación trágica, en la cual remarcar la corrupción cierta de López Obrador es, de alguna manera, defender o respaldar a Peña Nieto en el pulso que sostienen ambos, cuando en realidad, los dos merecen irse derecho y sin escalas al basurero de la historia.