Mucho debe analizarse del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021: ¿de cuánto estamos hablando?, ¿qué gastos se privilegian?, ¿a quién se le dará más y a quién menos?, sin olvidar la pregunta por el origen de esos recursos: ¿cuánto saldrá de los impuestos, cuánto de la deuda, cuánto de otras fuentes de ingresos (derechos, productos y aprovechamientos; cuotas y aportaciones de seguridad social; contribuciones de mejoras; ingresos por venta de bienes y prestaciones de servicios; transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones; pensiones y jubilaciones), tema que nos remite a la Iniciativa de Ley de Ingresos.

De lo mucho que debe analizarse destaco dos temas: ¿para qué se gastará (clasificación funcional)? y ¿en qué se gastará (clasificación económica)?

¿Para qué se gastará? En 2021 del total del gasto programable (destinado a proveer bienes y servicios, y que representará el 73 por ciento del gasto total), el 9.1 por ciento se destinará a financiar las tareas propias del gobierno, el 26.3 se destinará a desarrollo económico, y el restante 64.6 de destinará a desarrollo social.

La tarea esencial del gobierno, aquella a la cual no puede renunciar sin dejar de serlo, es garantizar la seguridad de los ciudadanos e impartir justicia, tarea cuyo cumplimiento en México deja mucho que desear (al grado de tener que preguntar si realmente hay gobierno), y a la cual se destinará solamente el 9.1 por ciento del gasto programable, debiendo ser el gasto prioritario, prioridad que el gobierno no reconoce. Allí está la repartición del dinero para probarlo.

¿En qué se gastará? El año entrante el 59 por ciento del gasto programable se destinará a gasto corriente (servicios personales: sueldos, salarios, honorarios, prestaciones; gastos de operación; subsidios, etc.). El 23 por ciento se ocupará para el pago de pensiones, con lo cual sumamos el 82 por ciento del gasto programable. Solamente el 18 por ciento restante se destinará a gastos en inversión.

El 82 por ciento del gasto programable se destinará, no a la provisión de bienes y servicios, en (supuesto) beneficio de los ciudadanos, sino a pagarle a quienes, de una u otra manera, ayer (pensiones) u hoy (servicios personales), trabajan (se supone) para proveernos de los mismos.

¿Qué nos dice, del tipo de gobierno que tenemos, el que solo el 9.1 por ciento del gasto programable se destine a financiar las tareas esenciales del mismo (seguridad y justicia) y que el 82 por ciento se destine a pagar, activos o pensionados, a los burócratas?

PD. La intención del SAT de fotografiar los domicilios fiscales es una muestra de que el gobierno cree tener el derecho de meterse, ¡no de manera figurada sino real!, hasta la cocina. ¡Muy peligroso!