El presidente señaló que uno de sus legados será haber acabado con la corrupción. Afirma, una y otra vez, que su principal objetivo es erradicar el cáncer que representa este fenómeno, lo cual es por demás extraño que lo siga repitiendo como mantra cuando había afirmado durante la campaña electoral que ésta se acabaría con el solo hecho de que él llegará a ser el triunfador de la contienda por la presidencia. Han pasado casi 22 meses de su gobierno y la corrupción persiste porque el diseño institucional premia, entre otras cosas, la búsqueda y apropiación de rentas. La corrupción es, en este sentido, sistémica.

Existen varias formas de corrupción y todas tienen un costo, el cual se refleja en menor eficiencia en la asignación de recursos, en menor inversión y crecimiento económico y, en consecuencia, en menores niveles de bienestar.

En primer lugar es lo que podríamos denominar corrupción “al menudeo” caracterizado por la clásica “mordida”. Ejemplos son el pago a un agente de tránsito para no pagar una multa, los pagos para acceder a un servicio público como la inscripción en una escuela, al sistema de salud, al que recoge la basura en los hogares y oficinas, para ser conectados a los sistemas de distribución de electricidad, agua y saneamiento, etcétera. En esta categoría también entrarían los pagos a los agentes encargados de la procuración de justicia (que no se investigue un delito o para que amañen las pruebas) y los pagos a funcionarios judiciales (que no se entregue una notificación judicial, que se pierdan o traspapelen los expedientes o para inclinar una sentencia). Todos estos actos de corrupción persisten, cuestan mucho en bienestar y son regresivos, afectando relativamente más a los individuos de menores ingresos.

Un segundo tipo de corrupción es el que se deriva de la regulación de los mercados. Si el entramado regulatorio es excesivo, ineficiente y poco transparente, se premia la búsqueda y apropiación de rentas por parte de quienes la administran. El burócrata puede otorgar, negar, condicionar o vender un permiso o licencia a discreción o, como sucede, inventar infracciones y multas esperando recibir a cambio un pago para no aplicarlas. Aquí también entrarían los pagos hechos por iniciativa de un particular para que una determinada regulación no se aplique, para evitar una auditoría tributaria o para proteger desde el poder una acción delictiva. Es parte del sistema, sigue existiendo y el costo social es muy elevado.

En tercer lugar está el desvío de recursos públicos hacia fines diferentes de aquellos para los cuales se presupuestaron, lo cual se agrava si en este proceso se utilizan “empresas fantasmas” ya que en este caso, el objetivo es claro: apropiarse ilegalmente de recursos fiscales. Además de ser un acto ilegal que permite el enriquecimiento de funcionarios públicos y sus contlapaches, la sociedad en su conjunto pierde por no recibir los servicios públicos en calidad y cantidad para los cuales los recursos habían sido originalmente asignados.

Un cuarto tipo es el que se deriva de la asignación de contratos públicos, sean éstos para adquisiciones de bienes y servicios o para ejecutar obras de infraestructura. Si los contratos son adjudicados directamente o por “invitación restringida”, se abre la posibilidad de que quien asigne el contrato reciba a cambio un pago por el “favor otorgado”. Esta práctica sigue persistiendo: más del 75% de los contratos que este gobierno han sido por asignación directa y, aunque no haya habido estos pagos, sí es un acto de “capitalismo de compadrazgo”, lo que de hecho es corrupción.

El fenómeno de la corrupción es sistémico y reducirla no depende exclusivamente de la voluntad de un individuo, aunque sea el mismo presidente.

*Artículo publicado originalmente en El Economista