He escrito que, en términos generales, los retos del próximo gobierno, en materia de economía, serán, uno, mantener la estabilidad monetaria (evitar que la inflación repunte y, por lo tanto, que la pérdida del poder adquisitivo del dinero sea mayor) y, dos, llevar a cabo las reformas estructurales (fortalecer y multiplicar los cimientos de la economía para lograr mayor crecimiento, más empleos y mejores ingresos, para lo cual se requieren más y mejores inversiones).

Sin las reformas estructurales, en el mejor de los casos, seguiremos como hasta ahora: sin retroceder, pero sin avanzar. Y no debemos conformarnos con no retroceder; debemos exigir el avance, es decir, debemos reclamar mayor crecimiento, más empleos y mejores ingresos. El crecimiento promedio anual de la producción de bienes y servicios pasó de 5.46 por ciento, entre 1996 y 2000, a 1.84 por ciento,  del 2001 al 2005; la tasa de desempleo abierto repuntó de 2.59 por ciento de la población económicamente activa, a lo largo de los últimos cinco meses del 2000, a 3.35 durante los cinco primeros meses del 2006; el ingreso promedio mensual de los mexicanos es de 6 mil 880 pesos, sin olvidar que el 70 por ciento de los hogares percibe, al mes, menos de nueve mil pesos. ¿Qué tenemos? Poco crecimiento, mayor desempleo y bajos (en muchos casos insuficientes) ingresos.

El objetivo de las reformas estructurales debe ser dotar a los mexicanos y extranjeros (¡bienvenida la inversión extranjera!), en su calidad de agentes económicos, de un marco institucional correcto para el desempeño más eficaz de las organizaciones. El marco institucional está compuesto de las reglas del juego, desde la Constitución hasta las reglas no escritas, siendo las organizaciones desde las empresas (demandantes de factores de la producción y oferentes de bienes y servicios) hasta las familias (oferentes de factores de la producción, sobre todo trabajo, y demandantes de bienes y servicios). La esencia de un marco institucional correcto es el reconocimiento y la garantía de la libertad para emprender y consumir, y de la propiedad de los ingresos, el patrimonio y los medios de producción, lo cual implica desde la estabilidad monetaria (la inflación viola el derecho de propiedad sobre el poder adquisitivo de nuestro dinero), pasando por la competencia (los monopolios, sobre todo los gubernamentales, violan la libertad para emprender y la propiedad privada sobre los medios de producción), hasta llegar al libre comercio (el proteccionismo - por ejemplo: la prohibición de importar -, viola la libertad para consumir).

Si las reformas estructurales son las correctas, y si se llevan a cabo de manera correcta, el resultado será el reconocimiento pleno, la definición puntual y la garantía jurídica de los derechos a la libertad para emprender y consumir, y a la propiedad sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de producción, para lo cual hay que eliminar el capítulo económico de la Constitución, en el cual se propone la planeación gubernamental de la actividad económica; la redistribución del ingreso; el otorgamiento de privilegios a favor de determinados grupos de interés;  la limitación y eliminación de la propiedad privada,  y la manipulación de precios, en pocas palabras: dirigismo, socialismo, mercantilismo, comunismo e intervencionismo, todo lo que no se debe hacer si los objetivos son mayor crecimiento, más empleos y mayores ingresos. El próximo gobierno, y gobierno lo serán tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo, ¿podrá con el paquete?