1. Como si fuese una gran fiesta, se anunció la semana pasada el “acuerdo” entre el gobierno y el Consejo Coordinador Empresarial sobre 39 proyectos de infraestructura por un monto total de 297 mil millones de pesos, lo que representa apenas el 1% del PIB. Destaca que la mayor parte de estos proyectos son en infraestructura carretera y prácticamente nada en el sector energético (con excepción de la terminación de dos coquizadoras en las refinerías de Tula y Cadereyta y una planta para licuefacción de gas natural en Salina Cruz). Aunque el acuerdo es bienvenido (mejor esto a nada), en realidad no resuelve de fondo el problema que es que el gobierno ha minado, durante los últimos dos años, la certeza jurídica que se requiere para fomentar la inversión privada. Además, destaca que no se haya anunciado ningún proyecto relativo a la generación de energía eléctrica por parte del sector privado, lo cual no sorprende dada la notable aversión que hacia ésta tiene el propio presidente. Excluir al sector privado de nuevas fuentes de generación, principalmente de fuentes renovables será, hacia futuro, un elemento que desincentivará la inversión en prácticamente toda la economía (¿quiénes invertirían sin tener acceso a un flujo garantizado y a precios competitivos de energía eléctrica?) y, en consecuencia, afectará negativamente el crecimiento.

2. Prácticamente nadie hizo eco del anuncio del INEGI, en acuerdo con Coneval, de un nuevo subíndice de precios al consumidor. Se trata del Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo (diferente al Índice de la Canasta Básica). De acuerdo a este nuevo índice en septiembre pasado, los precios de los artículos de la “canasta mínima de consumo” aumentaron, respecto de hace un año en 4.47%, mientras que el aumento del INPC fue de 4.01%. Aunque los aumentos no son significativamente diferentes, sí deja entrever que la inflación, además de ser un impuesto expropiatorio de la riqueza, es un fenómeno notoriamente regresivo, afectando relativamente más a las familias de menores ingresos.

3. El gobierno, ante la debilidad de los ingresos públicos y el afán de mantener transferencias corrientes a determinados individuos en muchos programas que carecen de transparencia y de una evaluación sobre su eficiencia y eficacia así como proseguir inyectando crecientes recursos a proyectos de infraestructura con rentabilidad social negativa, busca desaparecer 109 fideicomisos que van desde la atención ante desastres naturales hasta aquellos que financian proyectos de investigación y becas en instituciones públicas de educación superior que requieren fondeo seguro multianual. El monto (68,000 millones de pesos y no todos son recursos públicos), realmente no pinta como porcentaje del gasto público total de cerca de aproximadamente seis billones de pesos. Para las instituciones educativas éste es un duro e innecesario golpe y el costo sobre la generación de capital humano y de conocimiento científico será muy elevado. El presidente ha dicho, sin presentar evidencia alguna y menos aún una denuncia, que los fideicomisos están plagados de corrupción y ordenó cancelarlos. Dijo que después presentaría la evidencia; a ver, pero mientras fue “mátenlos en caliente y después averiguan”. Los diputados de Morena solamente agacharon la cabeza y obedecieron. Espero que los senadores tengan un poco de mejor juicio.

4. Por alguna razón que no comprendo (más allá de ser un acto populista), el presidente sigue exigiendo que la Corona Española y el Vaticano se disculpen por actos cometidos durante la conquista en contra de los pueblos originarios de Mesoamérica y, encarrerados, quitaron la estatua de Colón. Él sabía que la Tierra era redonda; lo que no esperaba era que en su viaje al lejano oriente se le apareciera un continente. ¡Culpable original por ignorante!