En los Criterios Generales de Política Económica para 2021 el gobierno prevé, para el año entrante, un crecimiento de la economía del 4.6 por ciento, que se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, que depende de las inversiones directas, que dependen de la confianza de los empresarios, que depende del Estado de Derecho, que depende del respeto a las leyes, comenzando por la Constitución.

Según información de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles A.C., en 2020 ha aumentado en trescientos por ciento la toma de vías férreas, que han tenido lugar en siete estados: Sonora, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Estado de México. En 2017 el promedio de días bloqueados fue 32, que aumentó a 56 en 2018, que se incrementó a 64 en 2019, y que sumó, hasta el pasado 21 de septiembre, 100.

¿Cómo afecta el bloqueo de vías ferras al Estado de Derecho, a la confianza de los empresarios, a las inversiones directas, a la producción de bienes y servicios, al crecimiento de la economía?

Leemos, en el artículo 11 constitucional, que “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”. El bloqueo de vías ferras viola el derecho al libre tránsito. ¿Y qué hace el gobierno para evitarlo? Nada, y no porque no pueda, sino porque no quiere, que es peor. ¿De qué se trata? Del Estado de chueco, antítesis del Estado de Derecho.

Leemos, en el artículo 5 de la Constitución, que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”. El bloqueo de vías férreas viola el derecho al trabajo. ¿Y qué hace el gobierno para impedirlo? Nada, y no porque no pueda, sino porque no quiere, que es peor. ¿Qué tenemos? No Estado de Derecho, sí Estado de chueco.

El gobierno tiene la fuerza suficiente, y la justificación legal necesaria, para liberar las vías férreas. Es más, tiene la obligación de hacerlo, porque tiene la obligación de respetar y hacer respetar la Constitución, es decir, de respetar y hacer respetar los derechos de las personas, comenzando por el derecho a la libertad, en este caso para transitar y trabajar.

¿Cómo afecta a la confianza de los empresarios el que el gobierno no quiera liberar las vías ferras, por las cuales se transportan, más o menos, un millón de contenedores al año? ¿A cuánto ascienden las pérdidas? ¿Quién se responsabiliza?

El gobierno pronostica un crecimiento de la economía del 4.6 por ciento para el año entrante, pero no hace lo que debe de hacer para conseguirlo. Y lo primero que debe hacer es hacer valer el Estado de Derecho. En muchos casos no lo hace, no porque no puede, sino porque no quiere.