Después de tres décadas de un mediocre crecimiento económico de apenas un poco más de 2% promedio anual, con este año ya serán dos consecutivos en los que la economía se contraerá (0.3% el año pasado y alrededor de 9% este año).

Es un hecho que la economía necesita crecer, de manera sostenida, a mucho mayores tasas por al menos dos razones fundamentales. La primera es para tener la capacidad de ir incorporando al mercado laboral a quienes se unen a la fuerza de trabajo. La segunda, el crecimiento elevado y sostenido es la forma más eficaz de reducir permanentemente la incidencia de pobreza; los programas de transferencias gubernamentales, aunque ayudan, no resuelven estructuralmente el problema.

Para crecer se requieren dos elementos. El primero es un aumento sostenido en el acervo de capital en la economía el cual se logra con un flujo sostenido de inversión neta (descontando de la formación bruta de capital la depreciación del acervo existente). El segundo, es un incremento sostenido en la productividad factorial total, el cual proviene principalmente de dos fuentes: la incorporación de nuevas tecnologías de producción y una mano de obra con un alto nivel y calidad del capital humano. Es la combinación de ambas que se traducen en mayor crecimiento, mayores salarios reales y mayor nivel de bienestar de la población. Lograrlo requiere de varias acciones; destaco dos.

La primera, es dotar a los agentes económicos, individuos y empresas, de un arreglo institucional que defina eficientemente los derechos privados de propiedad, con reglas del juego eficientes y ciertas y que garantice el cumplimiento de los contratos. En suma, un íntegro estado de derecho, la gran debilidad en la historia económica del país y que, peor aún, se ha deteriorado en los últimos dos años.

La segunda es la relacionada con la importancia de reglas eficientes. Vivimos con un entramado de leyes y reglamentos que distan mucho de generar los incentivos correctos para una eficiente asignación privada y social de recursos y que, además, se constituyen como un elemento que inhibe la inversión y el avance tecnológico. Es este conjunto de reglas que ha generado la existencia de un sector significativo de la actividad económica caracterizada por muy pequeñas unidades de producción, sin poder generar economías a escala, operando con tecnologías obsoletas y con empleos, en muchos casos, sin acceso al sistema formal de seguridad social. Es este tipo de unidades de producción, que aunque en conjunto emplean a la mayor parte de la mano de obra, su productividad total es baja y está estancada por lo que generan muy poco valor agregado y son un lastre para el crecimiento.

Sin profundizar mucho en este último tema destaco tres que requieren atención. El primero es que el sistema de seguridad social formal actúa, implícitamente, como un impuesto a la formalidad empresarial y laboral e inhibe el crecimiento de las empresas formales. El segundo es la legislación laboral, que al hacer muy caro el despido de la mano de obra, también encarece la contratación, inhibe la modernización tecnológica en los procesos de producción y por ende un aumento de la productividad y se constituye como una barrera a la reasignación sectorial y regional de los recursos. El tercero la regulación, principalmente la existente al nivel de los gobiernos estatales y municipales que, al imponer altos costos de transacción, se constituyen como una barrera a la creación y crecimiento de empresas y empleos, inhiben también la reasignación sectorial y regional de los recursos, generan prácticas monopólicas locales y se constituyen como una fuente de extracción de rentas y de corrupción.

Profundizaré en estos tres aspectos en los siguientes artículos.

*Artículo publicado originalmente en El Economista