Para Santiago Levy;

un gran mexicano

El conflicto laboral entre el IMSS y su sindicato a raíz de las reformas al régimen de jubilaciones y pensiones, que afectaría únicamente a las nuevas contrataciones, manteniendo el ridículo nivel de prebendas para los empleados que están en funciones así como para los ya jubilados, es quizás la mejor muestra de los enormes costos sociales que enfrentamos como resultado del arreglo político corporativista engendrado por Lázaro Cárdenas y fortalecido por los subsecuentes presidentes, incluyendo el actual. Las enormes prebendas y privilegios de que gozan los empleados del IMSS, que van mucho más allá de las establecidas para efectos de jubilación (28 años de trabajo para hombres y 27 para mujeres con una pensión indizada equivalente al 130% del último sueldo), son el precio que hubo que pagar para lograr el apoyo sindical al régimen político emanado de la guerra civil, que no revolución, que aquejó a México entre 1913 y 1916. El sistema corporativista es, finalmente, un sistema para repartir rentas económicas a grupos privilegiados (sindicatos, líderes agrarios, burócratas, empresarios, etcétera) a cambio del apoyo político necesario para mantener lo que en su momento Mario Vargas Llosa definió como “la dictadura perfecta”, una benévola dictadura disfrazada de democracia.

Este sistema de privilegios para los sindicatos quedó en gran medida plasmada en la legislación laboral, tanto en el artículo 123 constitucional como en la Ley Federal del Trabajo. Ambas contienen un entramado legal que le otorga a los trabajadores todo un conjunto de derechos sin establecer, de fondo, las obligaciones correspondientes. En consecuencia, esta legislación se constituye como uno de los principales elementos que explican el atraso de la economía mexicana en el proceso de desarrollo económico: altos costos de despido que encarecen, por lo mismo, el proceso de contratación de trabajadores; escalafón de ascenso ciego que desincentiva la capacitación en el trabajo y la productividad; altos costos para introducir nuevas tecnologías de producción que mantienen la productividad en bajos niveles; contribuciones a un sistema de seguridad social caro e ineficiente y que por lo mismo es visto, tanto por las empresas como por los trabajadores, como un impuesto a la utilización de la mano de obra en la producción; “contratos ley” que tratan a todas las empresas de una rama por igual, independientemente de su participación en el mercado y su localización geográfica; impedimentos para establecer contratos temporales; cláusula de exclusión sindical que permite la venta de plazas y que deriva en que todos y cada uno de los líderes sindicales del país, particularmente los líderes de los sindicatos de las empresas y organismos públicos, sean multimillonarios; y más, muchas más distorsiones.

De entre todas las disposiciones establecidas en la legislación laboral, una que raya en lo ridículo, es la contenida en el artículo 450, fracción VI de la Ley Federal del Trabajo, misma que permite las llamadas “huelgas de solidaridad”. A quién se le haya ocurrido plasmar esto en la Ley, merecería ser considerado traidor a la patria y despojado, seguramente post mortem, de su ciudadanía. Este kafkiano artículo, refleja en gran medida esa estúpida idea marxista de la solidaridad de clases en esa supuesta lucha entre los intereses de los trabajadores y las de los empresarios, idea ridícula y totalmente errónea ya que está en el interés de los empresarios que tienen como objetivo maximizar las utilidades, pagarle a sus trabajadores el valor de su producto marginal, nunca menos. Lo aquí señalado viene a colación por la amenaza de varios sindicatos, STUNAM, SME, Telefonistas, entre otros, de iniciar una huelga como apoyo solidario a la huelga que estallaría el sindicato del IMSS a partir del próximo domingo, solidaridad que también tiene como objetivo presionar al gobierno (tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo) para que no se les ocurra atentar en contra de sus propias prebendas y privilegios, mismas que dañan gravemente a la sociedad mexicana en su conjunto. Quieren seguir expoliando a la población.

Realmente urge una nueva legislación laboral. Lástima que como en el caso de casi todas las otras reformas el país requiere para progresar, los intereses particulares y de grupo tengan preeminencia por sobre los intereses de la nación. Con esta mentalidad está realmente difícil, si no que imposible, salir del subdesarrollo.