Con relación a la economía una de las principales tareas del gobierno es garantizar seguridad para generar confianza, de entrada entre los empresarios, confianza empresarial de la cual dependen las inversiones directas, que producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos.

Una de las principales causas de inseguridad en México, y no de ahora, sino de siempre, es la total y absoluta discrecionalidad del gobierno, tanto por el lado del Poder Ejecutivo como del Legislativo, a la hora de cobrar impuestos, a la hora de decidir qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos y a quiénes cobrárselos, lo cual ocasiona una de las peores inseguridades: la jurídica.

Hoy en México basta y sobra que el Ejecutivo proponga cobrar más impuestos (ya sean impuestos nuevos, ya impuestos más elevados, ya impuestos más elevados e impuestos nuevos) y que el Legislativo lo apruebe, para que los ciudadanos tengamos que entregarle al gobierno una mayor parte del producto de nuestro trabajo, que en eso consiste cobrar impuestos: en obligar al ciudadano, bajo amenaza de castigo, a entregar parte del producto de su trabajo.

El que en México baste y sobre que el Ejecutivo proponga cobrar más impuestos, y que el Legislativo lo apruebe, para que los ciudadanos tengamos que entregarle al gobierno una mayor parte del producto de nuestro trabajo, quiere decir que el derecho de propiedad privada sobre el producto de nuestro trabajo no está, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, todo lo cual es propio, no del Estado de Derecho, sino del Estado de chueco, caracterizado en este caso por la total y absoluta discrecionalidad del gobierno a la hora de decidir qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, a quiénes cóbraselos, lo cual ocasiona una de las perores inseguridades: la jurídica. En México el gobierno no tiene, más allá de la paciencia de los contribuyentes, límite a la hora de cobrar impuestos, y es esa paciencia la que explica por qué, por poner un ejemplo, el IVA está en 16 y no en 64 por ciento, por poner un porcentaje.

¿Qué tan segura y confiable puede ser una economía en la cual basta y sobra que el Ejecutivo proponga cobrar más impuestos, y que el Legislativo lo apruebe, para que los ciudadanos tengan que entregarle al gobierno una mayor parte del producto de nuestro trabajo?

¿Cuántos ciudadanos están conscientes de lo que un sistema tributario como el nuestro, con total y absoluta discrecionalidad del gobierno a la hora de cobrar impuestos, supone en términos del respeto al derecho a la propiedad privada sobre el producto del trabajo y, dado que la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, también sobre ésta última? ¿Cuántos?