El caso más reciente para despertar la desconfianza de inversionistas extranjeros en México (estamos hablando del 2 de noviembre de 2020), es el rompimiento unilateral del gobierno de AMLO con la empresa  brasileña Braskem-Idesa. Una noche, el presidente se va a dormir con sus datos y así de pronto, a la mañana siguiente el presidente decide dar por terminado el contrato de largo plazo, “sencillamente ya no hay contrato”.  Llegan los recuerdos de Paco Ignacio Taibo ll, sugiriendo en tiempos de campaña de 2018, el cierre de cadenas de negocio.

En dos años del gobierno 4T, cuando creímos que lo habíamos visto todo, nulo crecimiento económico, cancelación de mega inversiones y el impulso a la construcción de proyectos sin sustento viable como es la refinería Dos Bocas y el aeropuerto en Santa Lucía, llega otra mala noticia: México pierde confianza ante los empresarios mineros. En la última encuesta minera del Instituto Fraser, México obtuvo el puntaje 62.72/100 siendo 100 con las mejores políticas mineras. El año pasado tenía el puntaje de 71.32/100. Chile sigue manteniendo el liderazgo con un puntaje de 86.6/100. Los países mejor clasificados son Finlandia, Irlanda, Nevada, Utah, Idaho (USA), estado de Australia Occidental, Alberta, Newfoundland y Saskachewan (Canadá).

En México la minería está siendo atacada, no obstante que genera empleos en regiones donde la industria no llegaría por la falta de infraestructura. A pesar de las oportunidades que propicia, la minería enfrenta incertidumbre del estado de derecho a costa de los datos y del ánimo del presidente.

La política de las acusaciones frívolas ha ganado terreno en la minería. Uno de los argumentos de la izquierda es que se ha perdido la rectoría del estado en la minería. Sostienen que un 80, 60 por ciento del país dependiendo de la audiencia, está concesionado. Si bien hay concesiones en todo el país, los permisos son para realizar la exploración y la toma de muestras para después hacer una modelización y determinar la cantidad de reservas. La actividad minera en todo el país no es mayor al 1 por ciento del territorio.

Las empresas mineras no tienen problema en pagar regalías ni impuestos y seguir los protocolos de seguridad y medio ambiente, pero la incertidumbre del gobierno causa un ambiente desquiciado en los inversionistas, como apegarse a rigurosos protocolos de respeto al medio ambiente y a las comunidades, para después  enfrentarse a la negativa en la aprobación de los proyectos. Además de aquello, recibe una lluvia de acusaciones improvisadas sacadas de panfletos, haciendo solo copia y pega con pequeñas modificaciones. Varias empresas de exploración tienen los proyectos bloqueados, y toda la inquisición de izquierda los acusa de daño ecológico cuando están en la fase de exploración y ni siquiera han entrado en la fase producción. Las regulaciones en la minería de México son inciertas e imprevisibles en manos del gobierno actual.

La izquierda siempre reacciona con negativa ficta al menor movimiento, para encontrar fallas en las mineras de capital extranjero. Actualmente los estudios anti minería de la izquierda son muy baratos, se basan más en el análisis del discurso que en datos técnicos. Como pose de preocupación, le llaman daño ecológico al solo hecho de rebanar parte de cerros, independientemente de la flora y fauna. Ahora ya no es necesario trasladarse a tomar muestras de la flora, hacer un inventario de la fauna. Ya no es necesario consultar datos estadísticos duros, utilizar artículos académicos. Ahora solo con utilizar notas periodísticas de autores y periódicos afines a la ideología y analizar el discurso de la empresa determinan el “eminente” daño ecológico.  Además de utilizar citas al por mayor de Eduardo Galeano, y Carlos Montemayor como soporte “científico”.

Varias empresas mineras han enfrentado incertidumbre en el proceso regulatorio mientras que las empresas favoritas del gobierno se les da luz verde automática. Vimos cómo el gobierno apoya la electricidad generada por carbón para apoyar a mineras carboneras. Mientras que varios proyectos mineros responsables, llevan años entrampados en una burocracia sin fin.

Cuando se descubrió un interminable banco del litio en Sonora, la izquierda inmediatamente se imaginó la creación de una paraestatal para administrar la riqueza yaqui, todo el discurso del cuidado del medio ambiente lo tiran por la ventana, no se acuerdan realizar estudios de impacto ambiental, responsabilidad social, respeto a los indígenas. Pero cuando son empresas de capital privado, sea nacional o extranjero, la actual diplomacia mexicana cita cartas de la ONU aludiendo a la responsabilidad social de la empresa. Da la impresión que cuando es el gobierno el que controla la economía, la cuestión del medio ambiente no está en sus prioridades. Esa doble moral deja un mal sabor de boca que el gobierno mida con dos varas.

El gobierno actual presume cuando llevan ayudas a personas de escasos recurso en regiones alejadas, pero espantan la inversión que les hubiera permitido ganarse un sustento mayor y de largo plazo, sin necesidad de migajas del gobierno. No entiende la izquierda de López Obrador, que el fin óptimo del gobierno ya no es acaparar la economía en base a decretos, sino propiciar condiciones para que los sistemas se desarrollen.

Braskem-Idesa acudirá a los arbitrajes internacionales a defender sus intereses, no sería extraño que, defendiendo en forma equivocada un interés nacional, AMLO desconozca esas instancias legales con el argumento de proteger a los mexicanos, cuando en realidad está provocando la migración de los peces a otros ríos.