Utilizar el aeropuerto militar de Santa Lucía como una opción mejor al de Texcoco, fue un planteamiento de un constructor “amigo” del Presidente, que después de entrar a dos licitaciones para la construcción del aeropuerto de Texcoco, en las que él consideraba era la mejor opción, cuando las perdió, convenció al Presidente que en la construcción de ese aeropuerto había corrupción. No la probó, solo le dijo que priistas del Estado de México compraron terrenos a su alrededor para especular con ellos, lo que probablemente era cierto, pero no razón suficiente para cancelar Texcoco.

López Obrador, como presidente electo, invitó a los empresarios a encargarse de la construcción del aeropuerto de Texcoco, que era la decisión más racional y conveniente para el gobierno de López Obrador; pero su ambicioso amigo lo convenció de los “inconvenientes” de continuar el aeropuerto de Texcoco.

El presidente cayó en la trampa de su “amigo”, quien en principio estaba seguro que AMLO le daría el contrato para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.  Especialistas determinaron que difícilmente podría operar simultáneamente con el de la CDMX, y que se saturaría en una cuarta parte del tiempo que el de Texcoco.

Quienes trabajaron en el financiamiento de Texcoco lograron colocar bonos en el extranjero por casi un 90% del costo de su construcción, los que se pagarían con los derechos del uso del aeropuerto por líneas aéreas y viajeros.

Al cancelarse la construcción se violaron varios contratos con empresas internacionales. El gobierno se comprometió a pagar los intereses pactados por incumplimiento de contrato y evitar demandas, que les saldrían más caras. El gobierno adquirió una deuda por miles de millones de dólares para pagar a los acreedores sin recibir el dinero pactado, ni crear alguna obra en beneficio de la comunidad. La cancelación de Texcoco más el costo de Santa Lucía, le sale mucho más caro al gobierno que la construcción de Texcoco, con más capacidad que Santa Lucía.

El abandono del aeropuerto de Texcoco fue el primer gran y costoso error del gobierno de la 4T, que no solo absorbe una millonada de pesos y dólares de nuestros impuestos, también prendió los focos rojos a los inversionistas del mayor riesgo de invertir en México, por decisiones presidenciales antieconómicas que pasaron por alto una de las más elementales reglas de derecho: la obligación de cumplir con los contratos.