La semana pasada apunté que no es más que una ilusión pensar que el gobierno puede planear, conducir, coordinar la actividad económica nacional enmarcado todo ello en el concepto de la “rectoría del Estado del desarrollo nacional” y que además puede lograr con ello una asignación eficiente de recursos.

Como mencioné, esto es imposible por dos razones fundamentales: el gobierno no toma en consideración al individuo (sus capacidades, habilidades y preferencias) y no tiene ni puede tener toda la información relevante sobre la escasez relativa de los factores de la producción, por lo que el sistema de precios, exógenamente determinado, no refleja el costo de oportunidad en la utilización de estos recursos escasos. El resultado es, consecuentemente, una asignación sectorial y regional ineficiente que deriva en un PIB inferior al potencial, en un menor crecimiento económico y una distribución equitativa de la miseria: “todos iguales pero todos jodidos”.

Argumentado que la rectoría económica del Estado fortalece la soberanía nacional, el presidente López ha buscado darle un papel preponderante a Pemex y la CFE, inclusive en violación abierta a la Constitución y diversos tratados internacionales al discriminar a empresas privadas nacionales y extranjeras que participan en el sector energético. El resultado de tal política será una ineficiente asignación de recursos, menor inversión en toda la economía y menor crecimiento y bienestar de los consumidores.

¿Por qué las empresas gubernamentales, como todas las que administra el gobierno mexicano, tienden a ser ineficientes? Son tres las principales razones derivadas de una deficiente definición de los derechos de propiedad (Pemex, CFE y las demás son de “todos los mexicanos”). Como los derechos de propiedad no están definidos, el administrador en jefe de las empresas (el propio presidente) tiene el incentivo para utilizarlas con un fin particular: maximizar el apoyo político, más aún si operan como monopolios. Para ello recurre a otorgar un trato preferencial a tres agentes: los empleados de las empresas, los proveedores y los consumidores.

A los empleados les paga un salario (incluidas prestaciones) por arriba del valor de su productividad marginal y notoriamente superiores que las que se pagarían si la empresa fuese privada y operando en un mercado en competencia. A los proveedores, generalmente con un esquema de adjudicaciones directas, les paga por los bienes y servicios adquiridos un precio mayor a su costo marginal; por estas dos razones los costos totales de producción son mayores que si la empresa fuese privada.

Finalmente, buscando el apoyo de los consumidores, la empresa gubernamental tienden a vender el bien o servicio que producen a un precio menor a su costo marginal de producción por lo que sus ingresos no cubren los costos totales y, en ocasiones, ni siquiera los costos variables. La combinación de estos tres esquemas derivan en una operación ineficiente y la necesidad de canalizar recursos fiscales (que tienen un uso alternativo) solo para mantenerlas operando, ya no se diga para cubrir el costo del capital (por lo que nunca tienen los recursos propios para invertir en la ampliación y modernización de sus plantas). ¿Les suena que precisamente esto es lo que ha hecho este gobierno y que busca fortalecerlo aún más dándole a Pemex y a la CFE una posición monopólica, de paso eliminado de facto a los consejeros independientes y capturando a los reguladores?

Si el gobierno realmente quisiera que las empresas gubernamentales hicieran una contribución al crecimiento y al bienestar de la población, tendría que irse por el camino de fortalecer el gobierno corporativo con consejeros efectivamente independientes y ponerlas a competir en igualdad de condiciones con empresas privadas bajo un arreglo regulatorio eficiente. El presidente, para perjuicio de México, piensa diferente.

*Artículo publicado originalmente en El Economista