Aunque al presidente no quisiera que fuese así (repite insistentemente que deberíamos producir internamente todo lo que consumimos), México está integrado a la economía mundial. Un indicador de ello es el flujo de comercio exterior que el año pasado ascendió, entre exportaciones e importaciones, a 800 mil millones de dólares (de este total, 750 mil millones fueron no petroleras; 400 mil millones de exportaciones y 350 mil millones de importaciones) y el volumen total de comercio exterior representa alrededor del 60% del PIB. México es, sin duda, una de las economías más abiertas del mundo.

El éxito exportador de México, tanto en bienes manufacturados como agropecuarios, es el resultado de la política de apertura iniciada en 1986 y consolidada en años posteriores con la entrada en vigor de diversos acuerdos de libre comercio, destacando dentro de éstos el TLCAN. La apertura no solo permitió adquirir en el exterior los bienes que aquí hubiesen sido más caro producirlos (el objetivo mismo del comercio exterior), sino que eliminó el sesgo antiexportador derivado de la política proteccionista.

La apertura comercial indujo una reasignación de los recursos productivos, reflejando con ello las ventajas comparativas que la economía tiene, tanto sectorial como regionalmente y de ahí que sean los sectores y regiones del país ligados al comercio exterior los que han experimentado tasas relativamente elevadas de crecimiento económico, mientras que aquellos, en gran medida desligados del comercio exterior han crecido muy poco o inclusive se han estancado.

Pero más aún, la apertura comercial, primero de forma unilateral y después consolidada con los tratados internacionales también cambió los incentivos hacia la inversión extranjera directa. Durante la década de los setenta del siglo pasado, con la filosofía nacionalista extrema del presidente Echeverría (reflejada en la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Extranjera de 1972, misma que prohibía el capital extranjero en determinados sectores y en aquellos en los que sí estaba permitida no podía ascender a más del 49% del capital de las empresas) los flujos anuales de IED ascendieron a un promedio anual de apenas mil millones de dólares.

Con la adhesión en 1986 de México al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, primer paso hacia la apertura de la economía, los flujos de IED se incrementaron a un promedio anual de tres mil millones de dólares, mismo que aumentó a cinco mil millones con la apertura unilateral en 1988 y a un rango de 12 a 15 mil millones durante los primeros años de vigor del TLCAN y ya con la nueva Ley de Inversiones Extranjeras promulgada en 1993. En años posteriores, con la apertura consolidada e incentivada con las reformas constitucionales en el sector energético, los flujos anuales se siguieron incrementando, llegando a 34 mil millones de dólares en 2019.

Dada la posición geográfica, frontera con la economía más grande del mundo y con la cual se tiene además un tratado de libre comercio (aunado a todos los demás tratados), México debería recibir flujos más elevados de IED para consolidar una gran región norteamericana entre los tres países. Para ello se requiere que los inversionistas extranjeros, como también los nacionales, tengan certeza jurídica de que sus derechos de propiedad serán respetados y que los contratos serán honrados (no es por nada que gran parte de la IED se ha realizado al amparo de las reglas establecidas en los diferentes tratados).

El problema es que las diferentes decisiones que ha tomado el presidente (como son la cancelación del aeropuerto y de la cervecería y ahora las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica) han debilitado el estado de derecho y causado un inmenso daño reputacional; la caída en la inversión (nacional y extranjera) así lo reflejan.

*Artículo publicado originalmente en El Economista