Quizás sea por su formación como priista nacionalista revolucionario (en una versión aumentada de Luis Echeverría) o por los dogmas que aprendió durante sus estudios de Ciencia Política, pero por las decisiones y acciones que ha tomado, el presidente da muestras que tiene una marcada aversión a lo privado. Desde que asumió el cargo formalmente (aunque ejerce el  poder desde el 1º de septiembre de 2018) ha menospreciado todo lo que es y representa el sector privado.

Lo más visible de esta actitud es su trato hacia las empresas privadas; no le otorga ningún valor a la capacidad empresarial y del premio que obtienen por decidir canalizar sus recursos a la inversión en un mundo caracterizado por la incertidumbre. Por lo mismo considera que las utilidades que generen las empresas son, en gran medida, el resultado de la práctica (en términos marxistas) de “apropiarse de la plusvalía generada por los trabajadores”; de ahí su insistencia de que las empresas deberían tener “utilidades razonables”, término inexistente y sin sentido (véase mi artículo de hace dos semanas). No importa el tamaño de la empresa o en qué sector de actividad económica opera, todas están en el mismo costal.

Esta misma actitud permite explicar el por qué de su continuo boicot a las iniciativas de inversión por parte de las empresas en infraestructura, su favoritismo hacia las fuerzas armadas en la construcción y operación de diversas obras y, lo más importante, el desprecio al Estado de derecho. Decisiones que van desde la decisión de cancelar el aeropuerto (pasando por la cancelación de la cervecería en Mexicali y del Metrobús en La Laguna), las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos (ambas con la intención de excluir al sector privado del sector energético) hasta la decisión de no dar ningún apoyo a las empresas afectadas por la pandemia (si tienen que quebrar, que quiebren) muestran esta aversión. El resultado está a la vista: la inversión privada se ha reducido continuamente y como porcentaje del PIB cayó de 19% en 2018 a 16% en 2020, hecho que por sí mismo reduce el potencial de crecimiento de largo plazo de la economía.

Otro ejemplo de su aversión a lo privado es la decisión de Conacyt de quitar el apoyo del Sistema Nacional de Investigadores a los académicos que laboran en las universidades privadas; para él la investigación en estas instituciones, además de entrar en la categoría de “ciencia neoliberal”, carece de méritos propios y por lo mismo no merece ser apoyada. Uno más es la absurda intromisión del gobierno en cómo organizan las tiendas y los supermercados sus anaqueles, lo cual demerita la capacidad y la libertad de los individuos para decidir qué bienes consumir; ya solo falta que el gobierno nos diga qué bienes podemos consumir y cuáles estarían prohibidos.

Uno más, y éste destaca por su inmoralidad, es su decisión de excluir a los médicos, enfermeras y demás trabajadores que laboran en el sector de salud privado. No solo son aquellos médicos y enfermeras que atienden directamente en los hospitales a quienes estén contagiados por el virus de Covid-19, lo cual los pone en una situación de alto riesgo; también incluye otro tipo de personal en los hospitales así como médicos que ejercen la práctica privada en consultorios (odontólogos, dermatólogos, oftalmólogos, etcétera). Excluirlos de la vacunación porque según el presidente estarían “lucrando” con la salud es más que inmoral.

El presidente tiene una clara aversión hacia lo privado y debe entenderse que lo que finalmente está en juego es nuestra libertad, económica y política.

*Artículo publicado originalmente en El Economista