Por más que se vista con el ropaje de liberal, sabemos que esto no es más que un disfraz detrás del cual se esconde un individuo que tiene una marcada aversión a lo privado y, en consecuencia, a la libertad individual. El presidente está muy lejos de ser un liberal, muy lejos de guiar sus acciones con base en principios liberales; son casi dos años y medio en los cuales, poco a poco y casi con cada acto de gobierno, la libertad individual se ha ido mermando.

La aversión a lo privado que tiene el presidente se ha manifestado en varias ocasiones y en temas diversos: la cancelación del aeropuerto en Texcoco y de la cervecería en Mexicali, la decisión de que sean las fuerzas armadas y no empresas privadas las que construyen diversas obras de infraestructura, la decisión de no apoyar a las empresas y a sus trabajadores ante la caída en la demanda generada por la pandemia, la suspensión de los apoyos del SNI a los investigadores de las universidades privadas y la decisión de excluir de la vacunación a los trabajadores del sector de salud privado (¿hará lo mismo con los profesores en escuelas particulares?).

Otro ámbito en donde muestra su aversión a lo privado es en el sector energético. Las reformas a las leyes de la Industria Eléctrica y la de Hidrocarburos tienen como objetivo excluir al sector privado de ambas ramas. De prosperar, a pesar de su inconstitucionalidad, no solamente se discriminará a las empresas privadas operando en el sector energético, sino que atentaría en contra de los consumidores, en contra de la libertad individual, al obligarnos a adquirir estos bienes a monopolios gubernamentales. Nuestra libertad individual se vería mermada ya sea porque paguemos precios mayores a los que regirían en un mercado en competencia o porque paguemos mayores impuestos, presentes o futuros, para mantener a dos muy ineficientes empresas estatales.

Otro acto de gobierno que atenta contra la libertad individual es la recientemente aprobada ley que obliga a los individuos a entregar toda su información personal, incluidos datos biométricos, a las empresas proveedoras de telefonía celular para tener acceso al servicio; esta disposición solo existe en otros 18 países, todos ellos caracterizados por tener gobiernos autocráticos. Esta información a final de cuentas estará a disposición del gobierno, violando el artículo 6 constitucional que establece la protección de los datos personales; el  peligro es todavía mayor cuando tomamos en cuenta la intención del presidente de desaparecer el INAI.

Uno más es la intención de regular a las redes sociales tal que el gobierno pueda actuar como un censor de qué se puede y qué no se puede expresar en estos medios de comunicación, lo cual violaría el artículo 7 de la Constitución que establece la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Es claro que un país en el cual se limita la libertad de expresión es uno en donde deja de existir la libertad individual.

La última fue la aprobación en el Senado con aval del presidente de la República y violando la Constitución, para extender el plazo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que el presidente López busca es capturar al Poder Judicial y poder gobernar sin ningún límite.

Cada acción por sí misma no parecería ser muy importante, pero vistas en su conjunto, son notoriamente graves. Como la rana en el agua que se va calentando; si no defendemos ya nuestra libertad frente a cada acto de gobierno que la merma, terminaremos perdiendo toda nuestra libertad, económica y política; cuando nos demos cuenta ya será demasiado tarde.

*Artículo publicado originalmente en El Economista