En el artículo de la semana pasada apunté que una de las decisiones más importantes que se toman en el ámbito familiar es cuántos hijos tener y cuánto del ingreso familiar se destina a la inversión en el capital humano de ellos, rubro que comprende alimentación, cuidados de salud y educación. Los recursos que los padres destinan a sus hijos tienen como objetivo dotarlos de un acervo de capital, conocimientos que complementan las habilidades que cada uno de ellos tienen para que se puedan insertar, se espera de manera exitosa, en el mercado laboral. El objetivo, es que el nivel de bienestar futuro de los hijos sea mayor, o al menos igual, que el que los padres tienen en la actualidad. Y, como señalé en el artículo, este objetivo es generalizado, es decir, todas las familias, independientemente de su nivel de ingreso, sean ricos, de clase media o pobres, tienen como aspiración una mejora intergeneracional.

Es obvio que cuántos recursos familiares se pueden destinar a la inversión de capital humano de los hijos depende del nivel de ingreso presente y el que se espera generar en el futuro mediato producto de su trabajo y aunque todas las familias se enfrentan a la escasez de un recurso, en este caso el ingreso, la escasez relativa es mayor para las familias pobres que para las de mayor ingreso. Dada esta relativamente mayor escasez es que las familias pobres y un segmento de las familias de ingreso medio dependen del servicio educativo provisto por el gobierno mientras que las familias de ingreso medio alto y elevado disponen de los recursos necesarios para que la educación de sus hijos sea en el sistema educativo privado.

Lo anterior viene a consideración al analizar el cambio en el voto en las pasadas elecciones federales de una parte de la clase media. Aunque las preferencias electorales y el voto mismo depende de muchas variables uno que es muy importante, quizás el más importante, es la evolución del ingreso presente y la expectativa del ingreso futuro de las familias y el impacto que ello tiene sobre la formación de capital humano de sus hijos. Y es aquí en donde está el meollo del asunto.

La economía mexicana ha tenido un mal desempeño a partir del último trimestre de 2018, cuando inició un proceso de destrucción institucional. Las diferentes decisiones que el gobierno ha tomado han mermado el Estado de derecho y la confianza, requisitos mínimos indispensables para que haya inversión, lo cual ha reducido el potencial de crecimiento de la economía. A la contracción del PIB durante 2019 y el primer trimestre de 2020 le siguió un pésimo manejo de la pandemia, tanto desde el punto de vista de las medidas de salud como de las de política económica.

La decisión de no instrumentar una política fiscal expansiva como medida anticíclica ante el choque real recibido resultó en una significa caída del PIB, el quiebre de miles de empresas, la pérdida de miles de empleos, la destrucción del patrimonio familiar y un significativo incremento de la pobreza, además de una mayor tasa de mortalidad derivada de la misma pandemia. Esto, sin duda, se reflejó en el voto.

Pero más allá del “efecto pandemia” sobre el voto, quizás el elemento más significativo lo constituyen las expectativas de mejora en el bienestar familiar. Las decisiones que el gobierno ha tomado, al reducir el potencial de crecimiento de la economía, tanto en el corto plazo como en el mediano plazo, han afectado de manera negativa estas expectativas. Las familias, particularmente las de clase media, han visto truncadas su esperanza de una mejora de su bienestar y, sobre todo, de un mejor futuro para sus hijos. Y esto se cobró.