El presidente debería saber que la razón del Estado es la de garantizar la seguridad de las personas y de su propiedad y eso justifica que sea el propio Estado quien tenga y utilice, cuando así se requiera, el monopolio en el uso legítimo de la fuerza; decidió no utilizarla. Su estrategia de “abrazos, no balazos”, pensar que con su “cruzada moralizadora” de la sociedad, pidiéndole a los delincuentes que por favor se portasen bien para que sus madres no se enojaran y que unos cuantos programas de transferencias de recursos gubernamentales serían suficientes para abatir la inseguridad ha mostrado ser un rotundo fracaso.

De ahí que, ante una creciente inseguridad en el país, con 90 mil homicidios en lo que va de su gobierno, aunado a una también muy elevada incidencia de otro tipo de delitos como asaltos, secuestros, extorsión, feminicidios, violación, etcétera, el presidente afirmó: “si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno”. Abatir la inseguridad requiere un cambio de estrategia pero, al parecer, eso ni siquiera está considerado.

Por lo dicho por el presidente, su mayor preocupación es el juicio de la historia. Él quisiera ser reconocido como un estadista que transformó a México y que su efigie esté en lo más alto del pedestal junto al de los tres grandes héroes nacionales: Hidalgo, Juárez y Madero. El presidente tiene asegurado su lugar en la historia, de eso no hay duda, pero será recordado como quién no entendió que es imposible regresar al México del siglo XX con el poder político concentrado en una sola persona y sin contrapesos efectivos, un México aislado del resto del mundo. El presidente tendrá asegurado su lugar en los libros de historia como el que desaprovechó la oportunidad de un triunfo histórico e inobjetable en las urnas para impulsar a México hacia un futuro más desarrollado y más equitativo.

El presidente tendrá su lugar en la historia como el que por perseguir esa quimera de regresar a lo que él considera como la época dorada de México, en lugar de construir sobre lo avanzado y resolver las deficiencias que esa construcción pudiese tener, se dedicó a destruir prácticamente todo desde sus cimientos sin, a cambio, construir un entramado institucional eficiente y competente.

En la vorágine de destrucción arrasó con organizaciones y programas, incluyendo la capacidad operativa de su gobierno que, con la mala entendida austeridad, se ha vuelto notoriamente incompetente. Iniciando con la cancelación del aeropuerto en Texcoco con una consulta ilegal y amañada, le han seguido Prospera - Oportunidades, las estancias infantiles, los refugios para mujeres e hijos víctimas de la violencia en el hogar, las subastas eléctricas, las rondas petroleras, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales, el Seguro Popular y el Fondo de Enfermedades Catastróficas, la cancelación de la planta cervecera en Mexicali, los fondos y fideicomisos de ciencia, cultura y de desastres naturales, las escuelas de tiempo completo, el Instituto para la Evaluación de la Educación, la captura de la CRE, de la CNH, del CENACE, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del CONACyT, el intento de capturar a la SCJN, el debilitamiento presupuestal de órganos autónomos (Cofece, IFT e INAI) y un largo etcétera que minaron, todos ellos, la confianza y el potencial de desarrollo económico.

Su programa de gobierno, además de buscar concentrar el poder y tratar de eliminar cualquier contrapeso, se limita a sólo cuatro cosas: tratar de fortalecer a Pemex y la CFE aumentado su poder monopólico (estrategia fallida y con enormes costos), trasferencias gubernamentales a través de programas sociales deficientemente diseñados, el INSABi (pésimamente diseñado y operado) y tres grandes obras de infraestructura con rentabilidad social negativa.

Sí, tiene asegurado su lugar en los libros de historia.

*Artículo publicado originalmente en El Economista