Desde hace un año, el índice de precios de los bienes que componen la canasta básica de consumo ha aumentado más que el índice nacional de precios al consumidor. Para el mes de julio pasado, el incremento anual del primero fue de 6.8%, mientras que índice general aumentó en 5.8%. No hay duda de que la inflación daña a todos los consumidores pero este daño es mayor para las familias de menores ingresos, las cuales mantienen proporcionalmente una mayor parte de su riqueza en dinero que las familias de mayores ingresos por lo que, en proporción a su ingreso, pagan una mayor parte del impuesto inflacionario. La inflación, es por ello, uno de los impuestos más regresivos que existen. Más aún, el incremento en el precio de los bienes que componen la canasta básica de consumo hace que las familias de menores ingresos sean más vulnerables pudiendo caer, por lo mismo, en una situación de pobreza por ingreso.

Ante esta situación, es común escuchar de parte de los políticos la exigencia de que el gobierno intervenga en los mercados imponiendo un “eficaz” control de precios. Los políticos, generalmente ignorantes de conceptos básicos de economía, también ignoran la historia. Los controles de precios son un ejemplo más de buenas intenciones con pésimos resultados y terminan dañando relativamente más a quienes supuestamente se quiere beneficiar, es decir, a los más pobres.

Cuando el gobierno interviene fijando un precio por debajo del que se determina libremente en el mercado se dan dos efectos: aumenta la cantidad demandada del bien y se reduce la cantidad ofrecida es decir, el control de precios genera un exceso de demanda; los consumidores pierden por el simple hecho de que la cantidad disponible del bien disminuye. Pero además, este exceso se raciona de diferentes maneras de forma tal que el precio que efectivamente pagan los demandantes es mayor que el precio controlado e inclusive superior al precio libremente determinado en el mercado.

Una primera forma de racionamiento es por tiempo: los consumidores forman una fila frente al establecimiento en donde se vende el bien. El tiempo empleado en hacer “la cola” tiene un uso alternativo y, en consecuencia hay un costo de oportunidad. Al tomar en consideración este costo, el precio efectivo que pagan los consumidores es mayor al precio controlado.

Una segunda forma de racionamiento es lo que se conoce como “ventas atadas”. En este esquema se condiciona la venta del bien cuyo precio está controlado a que los consumidores adquieran otro bien cuyo precio está libre, aunque el demandante no lo desee. Ejemplos: “le vendo las tortillas y el papel para envolverlas sin importar que traiga su trapo”; “le vendo bolillos sí y sólo sí se llevan unas piezas de pan dulce”.

Una tercera forma a través de la cual los consumidores absorben el daño de un control de precios es una reducción en la calidad del bien, mecanismo mediante el cual los oferentes buscan evadir el control. Ejemplos: “más agua a la leche”, “menos huevo en las pastas”, “menos jamón en las tortas”.  Una cuarta forma es que los oferentes, para evadir el control, cambian la presentación del bien, por ejemplos, bolillos más chicos o menos gas en los tanques. Otro efecto es la aparición de revendedores, quienes venderán el bien por arriba del precio controlado.

Un efecto adicional del control de precios es que saca del mercado a los oferentes marginales para quienes, dados sus costos, ya no es rentable producir al precio controlado. Por ello, el control de precios tiende a generar mercados con pocos oferentes, mercados oligopolísticos que a la larga implican mayores precios para los demandantes.

Ante un control de precios los mercados se ajustan y, excepto si se trata de un monopolio, los grandes perdedores invariablemente serán los consumidores. Políticos: absténganse de proponer tonterías.

*Artículo publicado originalmente en El Economista