El debate sobre los ejes presupuestales para el próximo año se ha visto envuelto en la probabilidad de que el gobierno no pueda cumplir con las metas previstas.

Si bien para 2022 se plantea un déficit presupuestario del 3.1%, el cual preserva la tendencia de mantener un déficit bajo, se deben tomar en cuenta los obstáculos, que, a la luz de nuestro contexto económico, podrían resultar en ineficiencias muy significativas del ejercicio fiscal.

Particularmente, las metas planteadas son congruentes con mantener una deuda pública marginalmente por encima del 50% respecto al PIB, lo que supondría una guía para que el gobierno federal no busque suscribir nueva deuda; sin embargo, los siguientes aspectos macroeconómicos no garantizan su contención de largo plazo.

En primera, la descoordinación entre los ingresos estimados con el crecimiento económico: en términos reales, se proyecta un incremento presupuestal anual del 1.3 y 1.5 por ciento, por su parte, SHCP estima un crecimiento del PIB del 4.1% según los Criterios Generales de Política Económica (CGPE). Sin embargo, el crecimiento potencial para nuestra economía es de apenas el 2%, añadiendo una moderada recuperación económica después del rebote experimentado en 2021, lo que supone una métrica muy modesta. Esto, a su vez, complicaría un mejor volumen de tributación, sobre todo de los privados, que se encuentran hasta el segundo trimestre de 2021, 15 puntos por debajo de lo que mostraban en el cuarto trimestre de 2017. Dicho en otras palabras, a menor crecimiento económico, menor recaudación de impuestos.

Por otra parte, el dinamismo de nuestra economía podría verse contraído ante la evolución al alza de la inflación y la tasa de interés, partiendo de que la inflación estimada para el cierre de 2021 será del 6% y para 2022, los observadores de la economía plantean una inflación anual del 3.4%, condicionada a una tasa de interés de referencia del 6%, es decir, 2.25 puntos por encima del 4.75% actual. Escenario que embrolla, nuevamente, la recaudación.

Una última observación, atiende a la extracción de petróleo estimada, la cual contempla un aumento del 4% para 2022 respecto a la meta fijada de este año. Pasaría de los 1.794 millones de barriles a los 1.867 millones de barriles. Sin embargo, el promedio de extracción en los meses transcurridos de 2021 ha promediado en 1.677 millones de barriles junto con una tendencia a la baja en la extracción de crudo desde hace más de 15 años. Metas muy optimistas que pueden comprometer las finanzas públicas del país, tomando como referencia la situación financiera de la petrolera y la relación de los ingresos públicos con los ingresos petroleros, que alcanzaron el 15% antes de la pandemia. Un problema de diversificación que nos ha comprometido históricamente.  

En caso de que los criterios anteriores se cumplan (muy probablemente así será el escenario), los ingresos petroleros se verán disminuidos, además, de que los no tributarios corran en el mismo sentido al verse agotados algunos instrumentos como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y fideicomisos que utilizaron en el presente ejercicio.

La evidente conclusión, es que los ingresos presupuestados dependan en mayor medida de los ingresos tributarios, es decir, más y mayores impuestos al contribuyente. Algo que mucho se debe plañir y rechazar, ya que uno de los incentivos para estimular la actividad económica, recae sobre la certeza y seguridad fiscal de que no se aumentarán los impuestos con arbitrariedad.

Tenemos que añadir a este caldo de problemas que la política de gasto nuevamente estará orientada a destinar más recursos a los megaproyectos de infraestructura los cuales no cuentan todavía con una evaluación económica seria y confiable y a las transferencias gubernamentales vía programas sociales, que, parece ser, han tenido un mejor desempeño en la captación de votos, que como un paliativo contra la pobreza.