La aprobación de la reforma eléctrica que propone el presidente sería, sin duda, un fuerte golpe a la economía y a las posibilidades de crecimiento, tanto en el corto como en el mediano plazo. Son varios los elementos que entran en consideración.

Primero, tal como está planteada la iniciativa, propone la cancelación de todos los contratos vigentes con los generadores privados de electricidad (incluidos los contratos que ahora tiene con los negocios y las casas habitación que han instalado paneles solares) lo cual a su vez tiene dos efectos. En primer lugar, sería una abierta violación al Estado de derecho; sería en realidad una expropiación indirecta de la inversión privada, violentando diferentes tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, lo que daría lugar a litigios que ascenderían a decenas de millones de dólares y con una probabilidad de que quienes interpongan las demandas las ganen, lo que se constituirá como una fuente de presión sobre las finanzas públicas. En segundo lugar, sería la señal contundente de que el gobierno mexicano no está dispuesto a jugar con las reglas, desincentivando flujos futuros de inversión privada, tanto nacional como extranjera en todos los sectores.

Segundo, la cancelación de todos los contratos con los generadores privados le otorgaría a la CFE el poder monopsónico en la adquisición del fluido eléctrico, siendo ésta quien decidiría a qué empresa le adquiriría la electricidad y a qué precio. Habiendo un poder asimétrico en la negociación, sería previsible que el precio de adquisición fijado por la CFE no cubra los costos, haciendo inviable su operación. Más aún, la negociación entre la CFE y cada generador privado se podría convertir en una fuente de corrupción, existiendo el incentivo para exigir un soborno para asignar los contratos.

Tercero, se le otorgaría a la CFE el monopolio en la distribución y venta de electricidad. Dado este poder monopólico, y la promesa presidencial, de que las tarifas domésticas no aumentarían (promesa aderezada por Bartlett de establecer una tarifa residencial única, lo cual no tiene racionalidad alguna), daría lugar a su vez a dos efectos. En primer lugar, existiría el poder y el incentivo para incrementar las tarifas eléctricas a las empresas para subsidiar las tarifas residenciales; ello incrementaría los costos de producción y consecuentemente los precios de todos los bienes y servicios, además de un impacto negativo sobre el empleo de trabajadores, todo ello con un fuerte impacto negativo sobre el bienestar familiar. En segundo lugar, habría que incrementar el subsidio que ahora recibe la CFE, presionando con ello a las finanzas públicas, lo que obligaría al gobierno a reducir el gasto en otros rubros como educación, salud y seguridad.

Cuarto, al establecerse en la Constitución que la CFE produciría el 54% del total de energía eléctrica, erróneamente supone que todas las plantas de este organismo estarían operando todos los días las 24 horas. Como esto es físicamente imposible, resultaría en cortes continuos del suministro, con los costos adicionales que ello acarrearía tanto a empresas como a los hogares.

Quinto, al establecer que las hidroeléctricas tendrían el primer lugar en el orden de prelación del despacho, no toma en consideración que el agua en los embalses es variable al depender del clima, como tampoco considera que esa agua tiene usos diferentes a la generación de electricidad como son el agrícola y el abastecimiento de áreas urbanas.

Sexto, la CFE tendría que utilizar con mayor intensidad las plantas que utilizan combustibles fósiles, particularmente combustóleo y carbón. Ello incrementaría la contaminación ambiental con el consecuente daño a la salud (y en abierta violación al artículo 4 constitucional que otorga el derecho a los mexicanos de vivir en un medio ambiente sano).

Son tantos los efectos negativos de la reforma propuesta que cualquiera que quisiera ser presidente de la República a partir de 2024 (incluidas las corcholatas de López) debería expresar su rechazo. Gobernarían un país sin crecimiento y con fuertes presiones en las finanzas públicas.

*Artículo publicado originalmente en El Economista