A partir de los años 30 del siglo XX inició en la economía mexicana una incipiente sustitución de importaciones, en un principio como resultado de la Gran Depresión que, entre muchos de sus efectos, destruyó el comercio internacional en prácticamente todo el mundo, México incluido. La Segunda Guerra Mundial, sobre todo cuando Estados Unidos se incorporó como país beligerante al conflicto en diciembre de 1941, actuó como un mecanismo implícito de protección a la industria mexicana, más aún cuando el gobierno estadounidense volcó su planta productiva hacia la producción de bienes bélicos, lo cual fue aprovechado en México para impulsar la producción de bienes de consumo, en particular la de bienes duraderos.

El modelo de desarrollo económico basado en la sustitución de importaciones como mecanismo para impulsar la industrialización no fue adoptado como tal sino hacia finales de la década de los 50. Este se basó en la premisa de que para que hubiese un proceso sostenido de desarrollo económico eran indispensable una política fiscal no deficitaria y una muy baja tasa de inflación, ambas consistentes con la política de tipo de cambio fijo en un mundo en donde prácticamente no había movilidad internacional de capitales.

La política de sustitución de importaciones industriales utilizó una gama de instrumentos, destacando las barreras al comercio internacional (aranceles y permisos de importación), subsidios fiscales y financieros y una política de asignación selectiva del crédito bancario. Aunque la política instrumentada dio un impulso a la industrialización del país, generó diferentes distorsiones: encareció los bienes para los consumidores, actuó como un impuesto implícito para las exportaciones por lo que la economía se cerró tanto por el lado de las importaciones como de las exportaciones, un impuesto sobre el sector agrícola que derivó en una expulsión acelerada de mano de obra hacia las ciudades en donde se concentró la producción manufacturera y generó un proceso de desarrollo regional notoriamente desigual.

Este modelo de desarrollo finalmente se agotó a finales de la década de los 60. El gobierno de Echeverría, en lugar de sustituirlo con un modelo de desarrollo hacia afuera basado en el impulso a las exportaciones (como lo hizo Corea del Sur a principios de los 60), trató de mantener el modelo de desarrollo hacia adentro con una política fiscal y monetaria expansiva incompatible con el régimen de tipo de cambio fijo, lo que derivó finalmente en la crisis de balanza de pagos en 1976.

El gobierno de López Portillo se caracterizó por un total desorden fiscal. La explotación acelerada del petróleo en un escenario de precios crecientes llevó al gobierno a una orgía de gasto, donde no solo se “administró la abundancia” sino que se desperdició. En este desorden gubernamental el gobierno se convirtió en un Estado obeso y notoriamente ineficiente; el gobierno, además de ser propietario de Pemex y CFE, también poseía líneas aéreas, ferrocarriles, hoteles, fábricas de bicicletas, textiles y hasta restaurantes, fondas, bares y cabarets. Para 1981, el flujo de requerimientos financieros del sector público (la medida más amplia de déficit fiscal) ascendió a 15% del PIB y la deuda externa pública, que en 1970 era de 4,262 millones de dólares, ascendió a casi 40,000 millones.

La caída del precio internacional del petróleo en julio de 1981 tenía que haberse enfrentado, por un lado con un ajuste fiscal y, por otro lado, con un aumento del tipo de cambio nominal y real. El gobierno, sin embargo, decidió mantener el tipo de cambio y sustituir la pérdida de ingresos petroleros con mayor deuda externa; solo en el segundo semestre de ese año, el gobierno se endeudó en 15,000 millones de dólares, de los cuales 10,000 tenían una fecha de repago menor a un año. El desorden fiscal al final pasó la factura y en 1982 el tipo de cambio se devaluó en casi 500%, la inflación se disparó al 100% y se expropió el sistema bancario.

Para el próximo artículo, el cambio de modelo y las ocurrencias de López Obrador.

*Artículo publicado originalmente en El Economista