En el artículo pasado hice un breve repaso de la política económica seguida durante la segunda parte del siglo XX. Como apunté, a partir del final de la década de los cincuenta se adoptó una política de industrialización basada en la sustitución de importaciones que utilizó diferentes instrumentos como barreras al comercio internacional (aranceles y permisos previos de importación) además de subsidios fiscales y financieros, todo ello con la premisa de que había que instrumentar una política fiscal y monetaria que, consistente con el tipo de cambio fijo, garantizara la estabilidad macroeconómica.

Esta política impulsó la industrialización del país y generó altas tasas de crecimiento económico más sin embargo generó diversas distorsiones, destacando el sesgo implícito en contra de las exportaciones y el castigo relativo al sector primario de la economía que indujo la expulsión acelerada de mano de obra de este sector hacia las ciudades, lo que a su vez se tradujo en un desarrollo regional notoriamente disparejo.

Este modelo, sustentado exclusivamente en el mercado interno, se agotó a finales de la década de los sesenta y en lugar de abrir la economía, el gobierno de Echeverría optó por tratar de mantener el crecimiento con una política fiscal y monetaria expansiva lo que generó inflación que derivó finalmente en la crisis de balanza de pagos en 1976.

El gobierno de López Portillo se dedicó a derrochar la abundancia derivada de los crecientes ingresos petroleros. La orgía de gasto público que caracterizó a esos años obligó al gobierno a recurrir no solo al financiamiento inflacionario por parte del banco central sino también al endeudamiento externo. El gobierno creó además un Estado obeso y notoriamente ineficiente a tal grado que hacia finales de 1982 el gobierno tenía 1155 empresas y organismos, desde Pemex hasta cabarets. La caída del precio del petróleo en julio de 1981 requería un ajuste tanto del gasto público como del tipo de cambio sin embargo el gobierno decidió cubrir los menores ingresos petroleros con mayor deuda externa, principalmente de corto plazo. Esto, obviamente era insostenible y finalmente, seguido de una devaluación del tipo de cambio en febrero de 1982, en agosto de ese año se anunció que México suspendía los pagos sobre su deuda externa a lo cual le siguió la expropiación del sistema bancario, culminando con ello lo que coloquialmente se le conoce como la “docena trágica” de los gobiernos de Echeverría y López Portillo.

La crisis de la deuda externa en 1982 sacó a México del mercado internacional de capitales y generó lo que se conoce como la “década perdida de Latinoamérica”. Obviamente el gobierno de Miguel de la Madrid se enfrentó desde el inicio de su periodo a un escenario interno y externo notoriamente adverso, lo que ameritaba un cambio drástico del modelo de desarrollo económico, no solo para tratar de regresar a un entorno de estabilidad macroeconómica (lo cual no se logró), sino más aún cambiar el arreglo institucional y con ello la forma de operar del gobierno y, sobre todo, modificar el conjunto de señales e incentivos para la asignación de recursos en la economía.

El cambio de paradigma que implicó el abandono definitivo del modelo de sustitución de importaciones se inició con la adhesión en 1986 de México al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT por sus siglas en inglés y antecesor de la OMC), con lo que dio inicio a la liberalización de la economía y el de un Estado regulador y no uno propietario. La apertura económica a la competencia externa cambió los precios relativos en la economía y, en consecuencia, los incentivos para la asignación sectorial y regional de los recursos productivos (tanto del capital como de la mano de obra). Con ello se inició un proceso que empezó a basar el crecimiento económico en las exportaciones de manufacturas y en menor grado de bienes agropecuarios. La apertura eliminó el sesgo antiexportador y antiagrícola de la política de sustitución de importaciones.

Esta historia continuará; no se pierda el próximo capítulo.