Como apunté en artículos pasados, a partir de la adhesión de México al GATT en 1986, la política de desarrollo se basó en dotar a los agentes económicos de un arreglo institucional que, a partir de reglas del juego eficientes y transparentes, se indujera una asignación de recursos que derivara en mayor crecimiento. Esto se logró parcialmente debido a la existencia de “dos Méxicos”.

El primero es la diferencia regional en el proceso de desarrollo ya que mientras regiones y estados del país crecieron a tasas relativamente elevadas, notoriamente los del Bajío y el norte, hubo estados que crecieron muy poco como resultado de bajos niveles de capital humano, poca infraestructura en energía, comunicaciones y transporte y una muy elevada tasa de informalidad, destacando Chiapas, Guerrero y Oaxaca. El segundo es la coexistencia de un sector de la economía formal y moderno con altas tasas de productividad junto a otro donde prevalece la informalidad y que opera con tecnologías obsoletas, sin economías a escala y por ende con una muy baja productividad. Estos “dos Méxicos” actuaron así como un lastre al crecimiento de la economía en su conjunto.

El gobierno del presidente López Obrador, en lugar de diseñar e instrumentar políticas públicas que fueran conducentes a eliminar estos dos lastres y lograr con ello no solo un mayor crecimiento en el agregado de toda la economía y un desarrollo regional menos desigual, con sus decisiones y acciones ha mermado significativamente el potencial de crecimiento económico y, en el afán de concentrar y ejercer el poder sin contrapesos, lo ha llevado a una destrucción institucional sin parangón.

Con sus decisiones ha vulnerado el Estado de derecho, mermando la certidumbre jurídica; el resultado está a la vista: la inversión fija bruta empezó a caer desde finales de 2018 y para septiembre de 2021 tenía un nivel similar que el registrado en marzo de 2011. Peor aún, ha sido tal la caída de la inversión bruta que, descontando la depreciación física del capital, la inversión fija neta ha sido muy baja, lo que implica que el capital productivo de la economía prácticamente no ha aumentado. Así, no hay manera de que la economía crezca. El último clavo al ataúd sería, sin duda, la aprobación de la reforma eléctrica.

La destrucción inició con su idea de que “gobernar no tiene ciencia” y, con la premisa de un “gobierno pobre para un pueblo pobre” y de que es más importante la lealtad ciega que la capacidad de los funcionarios públicos, y con un desprecio del conocimiento y de la técnica ha reducido la capacidad del propio gobierno para diseñar y ejecutar obras y programas públicos que sean eficientes y que tengan una tasa de rentabilidad social positiva. Más aún, con un gobierno civil incompetente ha optado por darle cada vez más funciones a las fuerzas armadas, desde actuar como policías hasta ser constructores y repartidores.

En tres años de gobierno ha cancelado obras, programas sociales (Seguro Popular, Próspera, estancias infantiles y muchos otros más), fondos y fideicomisos, adquisición de medicamentos y un largo etcétera. El argumento siempre ha sido que era para combatir la corrupción sin haber siquiera aportado una prueba de ello.

Ante todo esto, ¿tiene el gobierno de López Obrador un modelo de desarrollo económico? La respuesta es no. Sus acciones se enmarcan en dos ejes. El primero es la construcción de cuatro grandes obras (el aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas y el corredor del Istmo de Tehuantepec); los tres primeros con rentabilidad social negativa. El segundo eje es un conjunto de programas de transferencias gubernamentales que, aunque pudiesen ser un paliativo ante la pobreza (la cual incluso ha aumentado) no compensan, para la población en su conjunto, la falta de crecimiento económico.

Si algo hemos aprendido de la historia de la humanidad es que sin crecimiento económico sostenido no puede haber desarrollo ni mayor bienestar. Y este gobierno no lo tiene como objetivo.

*Artículo publicado originalmente en El Economista