Como he señalado varias veces, una de las condiciones básicas que tienen que cumplirse para que un país progrese, para que el bienestar de la población aumente es que rija el estado de derecho, entendido éste como aquella situación en la cual las leyes, además de que se cumplen por todos los miembros de la sociedad, incluido el propio gobierno, éstas son eficientes en el sentido de definir eficientemente los derechos privados de propiedad en un contexto de mercados competitivos y existe un poder judicial independiente e imparcial que vela por la legalidad y la garantía de que los derechos de terceros no serán violentados. Un país en el cual estos requisitos no se cumplan, experimentará tasas de crecimiento económico menores a la potencial, principal fuente para abatir la pobreza que pudiese existir.

Lo anterior viene a colación por los diferentes sucesos que se han dado en las últimas semanas en México, particularmente a partir de la elección federal. A raíz de la derrota de López, quién nunca consideró siquiera que podía perder la elección, él y su gente cercana han dejado ver que desprecian la legalidad, aunque quieran aparentar lo contrario. El desconocimiento de López de los resultados del conteo distrital, su amenaza a la integridad de la familia de Calderón, la amenaza proferida por Manuel Camacho de convertir “las sonrisas en puños cerrados” y de “incendiar las praderas”, su exigencia de que se vuelvan a contar todos los votos aunque la ley especifique bajo qué circunstancias se podrían volver a contar algunos de los paquetes electorales, la utilización del Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno del Distrito Federal, para colgar ilegalmente pendones políticos (aunque sean obras de arte no por eso se les quita el carácter de propaganda política), la agresión física y verbal en contra de Calderón, acto condonado mas no condenado por López, la “clausura simbólica” de la sede de Banamex, una institución privada, por parte de Elenita y las huestes que la acompañan, el señalamiento del propio López de que desconocerá el dictamen del Trife a menos que lo favorezca, más lo que venga (bloqueos de más edificios privados y gubernamentales, toma de calles y bloqueo de carreteras y más) todo en una supuesta protesta pacífica que no “atente en contra de los derechos de terceros”, son muestras de la falta de respeto, el desprecio, que tienen él y su gente a la legalidad.

Al parecer, los seguidores de estos “ayatolas” no parecen percibir lo que pierden por la debilidad que impera en la vigencia del estado de derecho en nuestro país y lo que perderían en el futuro de seguir socavándolo, de seguir atentando en contra de las instituciones. Simplemente como ejemplo: ¿cuánto PIB dejó de generarse en el Distrito Federal durante los últimos cinco años como resultado de las continuas marchas y bloqueos, la mayoría de ellas apoyadas u organizadas por el propio PRD? ¿Cuánto dejó de invertirse en el D. F. y cuantos empleos no se generaron?

Por la actitud que López y su gente cercana han tomando, da la impresión de que con tal de hacerse del poder están dispuestos a prácticamente todo, están dispuestos a violentar el marco legal, sin realmente medir las consecuencias. Parece que López, con tal de ser presidente, estará dispuesto a pisotear las leyes y las instituciones, no importa que ello implique poner en riesgo al país. Su desprecio por la legalidad no parece tener límite.

Está en el interés general, pero también en el interés de aquellos que le otorgaron su voto a López, que se cumpla de manera estricta lo que marca la legislación electoral. Las pruebas de un supuesto fraude generalizado, cibernético o a la antigüita, no tienen ningún sustento, como tampoco lo tiene en la ley la exigencia de que se vuelvan a contar todos los votos emitidos. Está en el interés de todos que López reconozca de una vez que fue derrotado en la urnas; está en el interés de todos que aquellos que creen en el proyecto político,  económico y social que López planteó hacerle ver que todos pierden, inclusive ellos mismos, de mantenerse en esa actitud de seguir despreciando la legalidad.